Supremacía de la Cultura frente a la vulneración de Derechos Humanos

Nukak Maku - Los últimos nómadas 4 © Santiago La Rotta
Nukak Maku - Los últimos nómadas 4 © Santiago La Rotta

YINETH EULALIA DURAN AGUDELO

La Declaración Universal de Derechos Humanos marcó la historia de las relaciones internacionales gracias a la definición de límites al poder de los estados. Mediante los acuerdos suscritos se aseguró la protección, respeto, mecanismos de control y defensa para evitar que ocurrieran eventos condenables por y hacia la humanidad. Pese a lo anterior, la universalidad de los derechos humanos y su aplicabilidad en determinados aspectos encuentran demarcaciones que les impiden ejercer acción, dado el predominio cultural, la escasa representatividad, la falta de eficacia y aplicabilidad de unos derechos que no se respetan en la mayor parte del mundo.

Entre los sujetos predicables de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentran los pueblos indígenas, no obstante, a la luz de sus realidades puede ser considerada insuficiente su protección, en algunos casos opuesta a sus creencias, y en otros una forma de intervención violatoria de sus territorios y raíces espirituales. Analistas del tema, han evidenciado el desconocimiento de la sociedad a la cultura ancestral aborigen, lo que constituye una falla el establecer una política universal sobre una población con una dinámica y visión diferentes.

En este sentido, podrían plantearse dos escenarios: el primero, la identificación plena de la organización de cada pueblo indígena existente en el mundo, de forma que al conocer sus usos y costumbres pueda analizarse las prácticas que se oponen a la dignidad humana e iniciar un plan de reflexión y socialización, con el fin de informar las consecuencias jurídicas de continuar con dichas prácticas. En todo caso, dicha estrategia es una intervención directa a los pueblos indígenas, que puede afectar la forma en que conciben el mundo, su entorno, la familia, la tribu, etc, lo que va en detrimento de su cultura. En este punto, el debate se orienta hacia el punto de equilibrio de la preservación de la cultura y la prohibición de prácticas consideradas inhumanas por la sociedad en general.

El segundo escenario plantea la generación de aislamiento total sobre los territorios indígenas, donde no sea posible ningún tipo de contacto con la sociedad actual, como un mecanismo efectivo para la preservación de su cultura. Sin embargo, esto implica que el estado no pueda conocer prácticas contrarias a la protección de los derechos de esta población, y por ende no pueda intervenir para su prohibición y castigo. En este camino, el estado para la protección de su cultura actuaría de conformidad a las tradiciones ancestrales, aceptando que en muchos casos los ritos que se celebran pueden afectar la condición humana de los individuos de la colectividad indígena.

En el caso colombiano como en otros países, es posible identificar la protección de la cultura impuesta incluso sobre actos que pueden afectar la dignidad humana, justificada por costumbres y tradiciones ancestrales. La contradicción del papel de la preservación de la cultura y la aplicación de la protección de los derechos humanos, se convierte entonces en un argumento indefendible para los activistas de derechos humanos, toda vez que no puede ser aceptable la invocación de la cultura para cometer actos condenables, pero el Estado debe velar por la preservación de prácticas milenarias que conservan la identidad de los pueblos, pues se reconoce la multiculturalidad.

El debate sobre la universalidad de los derechos humanos y su aplicabilidad se torna complejo y es criticado, ya que los pueblos indígenas justifican sus prácticas en visiones de la vida y de las relaciones comunitarias diferentes a las de los demás ciudadanos. Concretamente, en Colombia los pueblos indígenas cuentan con reconocimiento constitucional y legal sobre la protección de sus usos y costumbres, por otro lado tienen financiación del Estado para garantizar su supervivencia y algunas condiciones mínimas de calidad de vida, sin embargo, la justicia ordinaria y la institucionalidad pública encuentran limitadas sus competencias frente a las prácticas ancestrales que desarrollan, esto sumado a la débil presencia del Estado en los territorios más apartados del país.

Lo anterior se originó en la reinvindicación de derechos que el Estado procuró entregar a los pueblos indígenas. Tradicionalmente eran considerados seres inferiores, carentes de derechos y objetos de exterminio, por lo que luego de infinidad de abusos se reconoció que los indígenas contaban con una existencia de humanidad esencial, teoría que fue evolucionando a través del movimiento indígena y la organización de los pueblos mediante resguardos indígenas. Es preciso aclarar, que el esfuerzo del Estado en la preservación de la cultura aborigen ha sido permeada por la vida civil y las actividades de la población mestiza para la economía de los territorios indígenas.

De acuerdo a información del Ministerio del Interior, son pocos los pueblos indígenas que han documentado sus tradiciones, la generalidad muestra que son tradiciones orales, lo que ha generado la mutilación de sus costumbres y en algunos casos la pérdida de su propia lengua. Así mismo han adquiridos costumbres foráneas por la intervención del Estado, ya que han cambiado su vocación y se han convertido en campesinos subsidiados para garantizar su sobrevivencia.

Con los recursos de la participación de la Asignación Especial para Resguardos Indígenas que gira el Estado a las administraciones locales, el legislador buscó la destinación de recursos para la preservación de la cultura y para evitar la desaparición de los pueblos, lo que ha generó un efecto adverso. La experiencia ha mostrado la generación de conflictos internos para la administración de los recursos, desgreño de las administraciones locales para la administración y programación de los recursos, realización de prácticas comerciales y civiles que han alejado las costumbres de los pueblos, corrupción, entre otros. Lo anterior, han desviado la atención en problemas de orden económico y sus consecuencias sociales han perdido relevancia.

La anterior problemática puede explicarse por el carácter constitucional de la protección a la cultura, donde ninguna entidad se atreve a intervenir directamente en los pueblos indígenas que cuentan con su propia justicia y alegan la vulneración de sus costumbres cuando el Estado ha intentado realizar control fiscal o social. En un informe cofinanciado por Free Press Unlimited, War Child Holland y la Agencia de Comunicaciones PANDI, de libre uso editorial, se publicaron las siguientes estadísticas que dejan en alarma esta situación:

  • De cada mil niños y niñas indígenas entre 0 y 5 años, 250 mueren al año y el 60% nace y se cría por debajo del peso normal. Comparado con los otros niñas y niñas del país, la tasa de mortalidad infantil es del 19 niños de cada 1.000 nacidos.
  • Aproximadamente más del 50% de los pueblos indígenas están en riesgo de desaparecer.
  • El 70% de la niñez indígena, sufre de desnutrición crónica. El porcentaje enfocado a los otros niños y niñas del país es del 12%, lo que marca una gran diferencia entre unos y otros.
  • Cifras de la Unidad de Víctimas, registran, este año 121.809 indígenas en situación de desplazamiento.

Llama la atención la ausencia de cifras frente a prácticas como la ablación, la mayoría de información se orienta a presentar la población indígena como desprotegida, sin embargo el hecho del respeto de su cultura es lo que ha generado las cifras conocidas, y la sociedad en general se conmueve ante los indicadores de desnutrición y mortalidad infantil, que son generados a voluntad de los pueblos. La atención de los medios de comunicación presenta estos casos como responsabilidad del Estado, pero ¿qué puede hacer este cuando ha intervenido económicamente esta población, pero no puede imponer la garantía de los derechos humanos?. Lo que se observa es una condición variable por parte de los pueblos indígenas, por un lado acepta la intervención económica pero rechaza la intervención sobre las condiciones de vida actual de su comunidad y reclama más ayuda económica.

¿Y qué sucede con actos que se replican desde otro continente y que claramente dañan la integridad de las personas?. En Colombia existen pueblos indígenas que conservan la práctica de la ablación, que corresponde a una actividad antigua sobre la cual se estima que la población infantil en el mundo se ve afectada en una cifra que supera los 2 millones de personas al año. En el África el fenómeno de la ablación se desarrolla en 28 pueblos ancestrales, así como en algunos países del Oriente.

Este tipo de prácticas rechazadas en el mundo se presentan en nuestro país y sin mayor atención. Bajo esta realidad, es necesario comprender el abordaje del tema y la forma de intervención más adecuada, dado que no es posible aceptar la totalidad de creencias ancestrales bajo una mirada permisible en la órbita de la tolerancia, la convivencia y el respeto. Teniendo en cuenta la vulneración de los derechos de cada individuo, la reflexión nos debe llevar a condenar cualquier tipo de práctica que ocasione un daño a la dignidad de la persona y que se practique sin su voluntad. Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deberá replantearse desde una mirada colectiva para aquellos pueblos especialmente protegidos, de los contrario nacer en determinado territorio será en sí mismo, nacer con una condena sin garantía de protección.

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