Los niños y la guerra

FARC - DEA Public Affairs - Dominio Publico
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ALVARO PARADA FERNANDEZ

Introducción

…“los niños tienen voz y memoria” afirma en un artículo la periodista Yolanda Reyes, a propósito del tema de si los niños[1] son conscientes de las conversaciones de los mayores sobre la violencia en Colombia. O si los niños que han visto en los ríos los cadáveres de occisos, nunca han preguntado ¿por qué?, o han escuchado –“tienen orejas”- los comentarios al respecto, de parte de sus familiares.[2]

Con mayor razón, si los niños se transfiguran en instrumentos en las guerras, por sus destrezas o porque pasan desapercibidos y pueden comenzar a experimentar sus dolores y contradicciones, cuando todavía sin mayor comprensión cabal de la trascendencia de sus actos, asumen el riesgo de causar daños letales a los enemigos de sus jefes.[3] Se vinculan a la guerra porque en países como Colombia se les ofrece dinero a cambio.[4]

Esa “madurez” a la fuerza, lograda en los campos de batalla, irrumpe en la vida de niños y adolescentes, creando anomias sociales cuyo abordaje como resultado de conflictos que al ser conciliados mediante acuerdos de paz, escasamente han conquistado la solución de sus problemas psicosociales y políticos de personalidades jóvenes.

Dentro de las resultantes más significativas, se encuentran los fenómenos de delincuencia juvenil surgida de las negociaciones de paz en Centroamérica, y específicamente en Guatemala y Salvador, y se ha extendido a Honduras y México, expresada en los grupos denominados “maras” que vienen actuando por su cuenta, emulando a los terroristas del Daesh, Isis o “Estado Islámico”, o se han articulado con las organizaciones delictivas del tráfico de estupefacientes, o narcotráfico, el de armas y el de personas, o con movimientos políticos que los utilizan para crear atmósferas de desestabilización social y política en la región[5], pues sus acciones buscan demostrar la impotencia del Estado para contenerlos.[6]

Así pues, el freno a la guerra, las negociaciones o acuerdos de pacificación de los territorios, las posibilidades de elevar a estatuto político estos acuerdos, y que obliguen a todas las partes, que se patenticen ante la comunidad internacional, que haya una veeduría de su cumplimiento por todas las partes del conflicto, son garantías requeridas para proteger a los menores de la repetición del daño ya hecho, o de los posibles y reales efectos nocivos como los señalados en Centroamérica, de dejar al garete la reinserción social y política en el más alto sentido de la palabra, de los niños y adolescentes que rápidamente se transformarán en jóvenes, y a quienes la sociedad debe todo su cuidado.

Dicho cuidado exige no escatimar esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos de la sociedad y el Estado, y de las organizaciones internacionales o de la Comunidad Internacional que hayan suscrito acuerdos con el Estado Colombiano, para atender a los niños y adolescentes que se incorporen a la vida civil dentro de o después de las negociaciones de pacificación.

HIPÓTESIS

Si no se plantean en forma correcta y no se resuelven práctica y jurídico-políticamente las soluciones del problema de los niños inmersos en la guerra, se generarían las condiciones para un proceso de reorganización de grupos armados ilegales, se les llame delincuencia juvenil o, por ejemplo, paramilitares (bacrim) o nuevas guerrillas, y su concomitante fortalecimiento económico y político militar.

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ Y EL ASUNTO DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

El día 15 de febrero de 2015, las FARC-EP informaron que no continuarían reclutando a sus filas de combatientes, a menores de 18 años. Esta noticia fue celebrada por la Representante Especial del Secretario de Naciones Unidas para los niños y niñas, Leila Zerrougui,

La representante especial, “reiteró que la ONU está dispuesta para brindar el apoyo necesario para el proceso de desvinculación y reintegración de todos los menores de 18 años que se encuentran en las filas de las FARC-EP.

“Ahora quedo a la espera de que los niños, niñas y adolescentes sean desvinculados y retomen una vida normal”, concluyó la Representante Especial. “Exhorto a todas las partes a tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes durante el proceso de salida del grupo para proteger sus derechos como víctimas y para evitar que vuelvan a ser reclutados por otros grupos.”[7]

El 15 de mayo de 2016 se concretó aún más esta probabilidad, al señalarse la salida de los campamentos guerrilleros de los niños menores de 15 años y la necesidad de desarrollar una hoja de ruta para la desvinculación de los demás menores. [8]

Es decir que se presenta el horizonte de esta probabilidad de reinserción de niños y niñas, reclutados, algunos forzados, otros por la expulsión de su vida cotidiana de estudiantes, los más por mera supervivencia ante la falta de familia, puede que haya quienes crean con el tiempo, luchar por una causa, o se adhieren ante la posibilidad de la venganza de las muertes de sus seres queridos, sea por una remuneración o por la ilusión del portar armas y uniformes, imagen fantasiosa de la milicia proyectada por siglos[9], de todas formas, ese cambio posee una importancia capital y se constituye en un reto para el conjunto de la sociedad colombiana y de las entidades que conforman el concierto de las naciones; ese es un reto de la comunidad internacional.

EL DERECHO INTERNACIONAL CONCEPTUA SOBRE LOS NIÑOS Y LA GUERRA

En primer término, la Convención sobre los Derechos del Niño, trae a colación la directriz que reconoce el involucramiento forzado de los niños en las guerras, y por ello señala que en los conflictos interestatales, cada uno de los estados parte, debe considerar las medidas exigidas por las circunstancias para promover la recuperación física o psíquica y la reintegración social de los niños víctimas.

Enuncia el texto, varios tipos de actos de victimización de los infantes, entre ellos destacamos los conflictos armados. En su artículo 39 la mencionada Convención, estipula lo siguiente:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, así como la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.

El antecesor de las actuales normas para los conflictos armados internos, corresponde al “Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977” norma que facilitó la denuncia contra la violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, específicamente de los Convenios de Ginebra.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Aprobado en Colombia por la Ley 171 de 1994. Publicada en el Diario Oficial No. 41.640, de 20 de diciembre de 1994. Entró en vigor el 15 de Febrero de 1996.

Los Supuestos teóricos del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, asumen que dentro de un conflicto armado interior, como el colombiano, a pesar de la proclamación e incluso de la adopción mediante tratado o convenio con el Estado que lo ha suscrito, se prohíben multitud de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario concretadas en los Artículos 1° y 4°, 13 y 17 del mismo[10].

Convención de los Derechos del Niño, CDN, 1989. Aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991. Entró en vigor el 27 de febrero de 1991. Colombia estableció una reserva a los numerales 2 y 3 del Artículo 38.[11]

“1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

“2. Los Estados Partes adoptarán todas la medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.

“3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

“4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.”

El Artículo 38, compromete a los Estados parte, al respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario. Obliga a los Estados a proteger a los menores de 15 años de edad, de su participación directa en hostilidades; a abstenerse de reclutar a estos menores y a adoptar las medidas necesarias para proteger y cuidar los niños inmersos en el conflicto armado interno.

El Artículo 39, obliga a promover la reinserción de los niños y niñas víctimas de los conflictos armados, “en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.

Mediante la Ley 704 de 2001 (noviembre 21) publicada en el Diario Oficial No 44.628, de 27 de noviembre de 2001, se aprobó el "Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación", que adoptó la Octogésima Séptima (87a.) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., Ginebra, Suiza, el 17de junio de 1999.

De esta Ley 704 de 2001, extractamos el ARTÍCULO 2. “A los efectos del presente Convenio, el término "niño" designa a toda persona menor de 18 años”; y, el ARTÍCULO 3: “A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca: a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.” (Se destaca).

La prohibición de la participación en hostilidades de los niños y adolescentes, de los menores de 15 años, se ha precisado también en el Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional. En documento del Comité Internacional de la Cruz Roja, de febrero de 2003, se expresaba así:

“El Estatuto, aprobado en Roma el 17 de julio de 1998, incluye en la lista de crímenes de guerra que son de la competencia de la Corte el hecho de hacer participar activamente en las hostilidades a niños de menos de 15 años, su reclutamiento en las fuerzas armadas nacionales en caso de conflicto armado internacional (art. 8 (2) (b) (xxvi)), y en las fuerzas armadas nacionales y otros grupos armados en situación de conflicto armado no internacional (art. 8(2)(e)(vii)).

“Según el principio de complementariedad, la competencia de la Corte se ejerce, excepto en los casos que remita el Consejo de Seguridad, cuando un Estado no puede llevar a cabo un enjuiciamiento o no esté dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, para garantizar la represión a nivel nacional, los Estados deberían dotarse de una legislación que les permita enjuiciar a los autores de tales crímenes.”

El Protocolo facultativo de 2000, relativo a la participación de niños en los conflictos armados contiene una disposición similar que protege a los niños en caso de que sean reclutados en las fuerzas o grupos armados, u obligados a participar en las hostilidades.[12]

“El Protocolo Facultativo es un tratado que compromete a los estados miembros a:

• no reclutar niños menores de 18 años para enviarlos a los campos de batalla.

• tomar todas las medidas posibles para impedir dicho reclutamiento, incluyendo legislación para prohibir y penalizar el reclutamiento de niños menores de 18 años y su participación en hostilidades.

• desmovilizar menores de 18 años reclutados o utilizados en hostilidades,  a proporcionar servicios de recuperación física, psicológica y contribuir a su reinserción social.

• Los grupos armados, distintos de las fuerzas armadas de un país, bajo ninguna circunstancia deben reclutar o utilizar a menores de 18 años durante hostilidades.”

En Colombia, se promulgó el Protocolo Facultativo de Nueva York del 2000, mediante el Decreto presidencial 3966 de 2005. En las consideraciones del Decreto en mención, se señaló expresamente la aprobación legal obligatoria para el país, el control de constitucionalidad de la norma y la presentación de la ratificación del mencionado Protocolo ante la Secretaría de la ONU: “Que el Congreso Nacional, mediante la Ley 833 del 10 de julio de 2003, publicada en el Diario Oficial número 45.248 del 14 de julio de 2003, aprobó el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000);

“Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-172 del 2 de marzo de 2004 declaró exequible la Ley 833 del 10 de julio de 2003 y el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000);

“Que el 25 de mayo de 2005, Colombia depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el Instrumento de Ratificación del "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 25 de junio de 2005 de acuerdo a lo previsto en su artículo 10(2);(…).”

Además, el gobierno de Colombia emitió una declaración sobre la no incorporación de menores de edad a sus filas, en el contexto del respeto de las Fuerzas Militares al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos del niño: “Que el Gobierno Nacional al momento del depósito del instrumento de Ratificación del Protocolo, dando cumplimiento al numeral 2 del artículo 3° del Protocolo, formuló la siguiente declaración:

"Las fuerzas militares de Colombia, en aplicación de las normas de derecho internacional humanitario, en pro de la defensa del interés superior del niño y en aplicación de la legislación doméstica no incorporan menores de edad en sus filas, aun si existiere el consentimiento de sus padres".[13]

BREVÍSIMA APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL CONFLICTO ARMADO INTERNO

En Colombia, país de guerras civiles sostenidas, los niños han sido siempre vinculados. No es sino mirar las fotografías de la última guerra del siglo XIX: la guerra de los mil días. Allí se encuentran niños y adolescentes campesinos, armados por los partidos liberal y conservador que se enfrentaron por razones políticas partidistas, como lo hicieron en la continuidad de estas guerras durante la denominada Violencia (cuyas fechas son indeterminadas, comenzando para algunos en la década de los 30 y finalizando en la década del 50).

Con el Golpe de Estado del 13 de junio de 1953[14] que tuvo como protagonista al General Gustavo Rojas Pinilla, tomó un nuevo rumbo la violencia partidista, cuya continuidad se había acelerado a partir del 9 de abril de 1948 con el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán[15] quebrando todos los cánones de las guerras civiles proyectando en el paisaje campesino las hordas de fuerzas atávicas, de violencia extrema, emblemáticas, como los denominados “pájaros” y la “chusma” o los “chulavitas”, formas de organización política violenta partidista. De esa violencia surge una fuerza denominada guerrillas liberales, propiciada por eximios dirigentes de ese partido histórico. Rojas, entonces, interviene en el conflicto y llega a algunos acuerdos con las Guerrillas del Llano[16] que comanda Guadalupe Salcedo[17], y también desencadena la persecución de los llamados “bandoleros”.[18] Pero también su gobierno languidece, y enfrenta la fuerza de sus antiguos amigos de la prensa oficialista que se opone a su proyecto.

Durante ese período de violencia, donde el Estado y la fuerza del poder son protagónicos, también se integra a los niños, habitualmente como víctimas.

La gestión de Rojas, su proyecto de poder, de crear un binomio cívico-militar, no satisface a los dirigentes del país, que toman como pretexto la represión estudiantil del 8 y 9 de junio de 1954[19], para concitar el derrocamiento del “dictador” al que ya no ven con buenos ojos. Los dirigentes del liberalismo y del conservatismo, reunidos en Sitges (Cataluña-Barcelona- España) y Benidorm (Alicante- España), en el Mediterráneo, proponen el Frente Nacional[20] - legitimación bipartidista que alternativamente gobernaron Colombia entre 1958 y 1974 - y de nuevo intentan pacificar el país, mediante la convocatoria al Plebiscito de 1957 que pone fin al conflicto interpartidista, para excluir a la oposición al bipartidismo.

La alternación bipartidista excluyente de todo otro movimiento político, da lugar el surgimiento de resistencias que van desde el liberalismo radical (Movimiento Revolucionario Liberal dirigido por Alfonso López Michelsen) hasta la insurgencia de las guerrillas ELN y Farc – EP, en 1964. Condicionados por procesos externos como el de la Revolución cubana de 1959-1960, y las guerras de liberación asiáticas y africanas. Las polarizaciones imperiales, del Este –otrora soviético- al Oeste -estadounidense- del globo, radicalizaron tendencias y afiliaron partidos, y se convirtieron en el factor multiplicador del crecimiento del mercado legal e ilegal, de armas. Así en una espiral de violencia, hasta nuestros días.

En esta marea de “violencia política” que ha movido hasta los cimientos la vida social, económica, política colombiana, que le ha dado su sesgo, se han visto envueltas generaciones de niños y adolescentes forzados a integrarse a los ejércitos regulares e irregulares del país.

Las razones concretas del conflicto armado interno del país, como se observa, las impulsan factores internos y externos del poder socioeconómico político. Las zonas de influencia de las potencias surgidas de las guerras mundiales, la toma de partido internacional por parte de las clases dirigentes nacionales, según sus intereses, las resistencias populares a este destino, los conflictos entre sectores del poder interno mismo, le han dado su sesgo violento a cada época.

Por allí, podemos caracterizar a los determinadores de las guerras intestinas. La búsqueda del mantenimiento del poder de un territorio, conseguido mediante la ocupación violenta desencadena situaciones violatorias de la dignidad humana, comenzando por los niños y adolescentes que no obstante merecer la más alta protección, se convierten en víctimas e incluso en botín de la guerra misma.

LAS DEFICIENCIAS ESTATALES Y SUPRAESTATALES EN LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS NACIONALES

No obstante, constituir los Estados, acorde con los Protocolos señalados arriba, los garantes de los derechos de los niños y adolescentes, atienden de forma deficiente este problema, al dejar a merced del azar a los menores en las zonas de conflicto o en los frentes de guerra irregular o regular. En esa medida, los niños caen en manos de las tendencias políticas guerreristas a ultranza, o de los radicales militaristas o de aquellos que consideran la guerra como la solución única, sin importar el medio y el fin. Y, al final de los acuerdos, cuando se supone que el fragor del conflicto ha mermado, los niños se desprecian por igual, y quedan gobernados por sus instintos de supervivencia una vez más. De aprendices, pasan a maestros, convertidos en delincuentes avezados. De niños a adolescentes y de estos a jóvenes que pueden integrar organizaciones gansteriles, temerarias y peligrosas para los demás ciudadanos, y por supuesto para las nuevas generaciones infantiles. Es nuestro deber repensar este ciclo y cortarlo de raíz.

No bastan las normas sesudas, planteadas en los foros multinacionales, para proteger a los niños y adolescentes, ahora cuando se proponen salidas pacíficas al conflicto armado interno. No basta comprender un ideal de solución, como el de sacar a los niños y adolescentes del conflicto y propugnar por su reinserción física y psíquica en la sociedad, mediante un tratamiento adecuado.

No basta criticar y rechazar las prácticas y actitudes de los comandantes de los grupos armados, de los dirigentes políticos de estos, sin olvidar a los enriquecidos proveedores de armas vinculados con esos dirigentes, o con los Estados que pescan según sus intereses económico-políticos, en río revuelto, al propiciar las guerras intestinas en el nivel que consideren más rentable.

No basta incluso la aplicación dedicada de la propuesta de sacar a los niños y adolescentes de la guerra, para dar un tratamiento psicológico, cuando se observa que unos niños asimilan el tratamiento, y se reencuentran consigo mismos a pesar de los dolores y con mayor consciencia de su ser, buscan alternativas sanadoras, en tanto que otros se retraen e incluso retornan a sus prácticas violentas, donde son cooptados con mayor fuerza por los grupos armados sea de delincuentes comunes o políticos o ambos, como se desprende de la experiencia centroamericana, de la experiencia afgana, de la iraquí, de Libia y de Siria. Además, se conocen experiencias de negociación, donde el tema de los niños y adolescentes es álgido: Burundi, Liberia, Sudán, Nepal y Sudáfrica.

La más cercana a nosotros es la experiencia centroamericana: Guatemala, Honduras y Salvador, el Triángulo Norte. Este caso es significativo a la hora de evaluar el camino recorrido de las soluciones al conflicto armado interno. Muchos de los niños y adolescentes que nacieron durante las guerras intestinas que se negociaron y se pacificaron, han salido de sus hogares buscando refugio en Norteamérica, para evitar otra guerra sorda de agrupaciones delincuenciales que surgieron luego de los acuerdos de pacificación.

Sin embargo, la política de migración estadounidense se ha endurecido y el paso fronterizo está cerrado para estos miles de muchachos. Si regresan sea por su voluntad o porque son deportados, van a encontrar, en países devastados por la guerra, y pareciera que abandonados por aquellos que otrora invirtieran ingentes recursos en la guerra, como única opción de vida o de muerte, la pertenencia a una de las bandas de neogansters, especies de mafias tropicales, subsumidas por los narcotraficantes, por los comerciantes de armas o por los traficantes de personas, que pueden ser a una, todos, tentáculos de poderes económicos y políticos poderosos y que incluso pueden habitar en el paraíso soñado por estos ilusionados niños y adolescentes, allende el norte del Río Grande.

Además, el dinero necesario para contrarrestar la influencia y control de las nuevas organizaciones delincuenciales en Centroamérica, ofrecido por EEUU, puede quedarse en promesa, como se indica en el siguiente texto, es indispensable considerar que se requiere no solo el esfuerzo para retirar a los niños y adolescentes de la guerra, sino brindar alternativas reconstructivas de su tejido social, de su identidad como niños, de su prospecto de vida integrados en sus comunidades, de sus posibilidades reales de crecimiento personal intelectual, académico, deportivo, estético, sintetizado en su salud mental y física. Y, estas alternativas, cuestan y se deben concebir no como un gasto más estatal o de la comunidad internacional, sino como una inversión social, si proyectamos a futuro la ganancia social de ciudadanos más comprometidos con su sociedad, donde se disfrute de un modelo de vida más inclusivo.

Veamos la oferta de ayuda condicionada y restringida que propuso y concedió, a finales del 2015, el Congreso estadounidense y el gobierno de Washington, a los centroamericanos, para contrarrestar la huida en estampida, de la trampa de la nueva guerra de pandillas cada vez más afinadas en el triángulo del norte centroamericano:

“Aunque el presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre sorpresivamente concedió a la administración Obama US$750 millones de los US$1 mil millones que solicitó en ayuda para Centroamérica, el 75 por ciento de la ayuda estaba condicionado a que los gobiernos regionales frenaran la corrupción, fortalecieran el estado de derecho y las estructuras judiciales y terminaran la impunidad rampante. Dadas las complejidades de los posibles reembolsos y la remota probabilidad de que se cumplieran las condiciones, es de esperar que el dinero no comenzará a desembolsarse al menos por un año y luego sólo a cuentagotas.[21]

Es decir que el dinero no ha comenzado a fluir, o si se lo han desembolsado, como vamos a mediados de 2016, su entrega a las comunidades está condicionada a algunas circunstancias cuasi imposibles de cumplir en el corto plazo.[22]

DE LO CUANTITATIVO DEL RECLUTAMIENTO A LO CUALITATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCION, RECTIFICACION, REPARACION Y NO REPETICION

Desde el ángulo de lo cuantitativo, algunos se han preocupado por estimar cuántos niños y adolescentes se encuentran hoy reclutados por los grupos armados ilegales, guerrillas, paramilitares o bracrim, e incluso si aún se presenta algún tipo de reclutamiento de menores, sea voluntario o con la anuencia de los padres, entre las fuerzas armadas del Estado. Estas cifras de por sí, son aleatorias, pues habrá algunos que fueron reclutados siendo menores de edad, pero ya llegaron a la edad admitida por los Convenios y Protocolos indicados.

Sin embargo, el tema más preocupante es el de qué hacer para evitar que continúen ingresando niños y adolescentes a las agrupaciones armadas ilegales, sea que estén en negociación o que se hallen remisas en llegar a acuerdos, y qué hacer con los niños que se reinsertan antes o simultáneamente con la firma de los acuerdos de paz.

Un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre Prevención de Reclutamiento y Utilización de niños, niñas y adolescentes[23], formula los riesgos que siguen presentes en el contexto del conflicto armado interno colombiano y que le darían continuidad a esta práctica prohibida por las normas del Derecho Internacional Humanitario citado.

Según el mencionado CONPES 3673 del 19 de julio de 2010, “las situaciones que aumentan el riesgo de reclutamiento y de utilización de la población menor de 18 años son: i) presencia o tránsito de grupos organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados; ii) presencia de economías y actividades ilegales (iii) altos índices de violencia sexual e intrafamiliar contra niños y niñas; iv) regiones deprimidas por bajos índices económicos y altos índices de marginalidad social, entre otros.”[24]

Por ello, se requiere una respuesta integral del Estado, mancomunado con las comunidades y las familias de las entidades territoriales donde se ha concretado el conflicto armado, para superar las condiciones que determinan que los niños y adolescentes encuentren el terreno abonado para integrarse como soldados, al mejor postor de entre los variados grupos armados al margen de la ley que perviven en el territorio nacional.

Además, se debe efectuar el seguimiento de los niños y adolescentes reinsertados, durante y con la firma del acuerdo, para que no se repita la experiencia, no solo centroamericana, sino la propia de la dejación de armas por parte de los grupos paramilitares o autodefensas colombianas, que en el marco de los acuerdos, simplemente enviaron a sus familias a los menores reclutados. Esto se constata, pues, “De acuerdo a las cifras del ICBF, 963[4] (3%) niños fueron desvinculados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante los años 2003 y 2006, cifra muy baja si se calcula que 31.671 integrantes de esta organización se desmovilizaron. Organizaciones como Human Rights Watch[5] afirman que las autodefensas tenían alrededor del 20% de menores de edad en sus filas, lo cual sugiere que fueron muy pocos los menores que pertenecían a este grupo que pudieron ingresar a la ruta de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).”

En consecuencia, se precisa aclarar frente a los acontecimientos cada día más cercanos, o que están desarrollándose, cuáles son los “protocolos de desvinculación” de los niños y adolescentes de las organizaciones armadas que están o pretenden estar en procesos de negociación, e incluso de aquellas que rehúsan su reinserción; cuál sería la óptima ruta de atención a los reinsertados, y cuáles son los mecanismos que garantizan el restablecimiento de sus derechos, en calidad de víctimas.

CONCLUSION

La experiencia internacional (Centroamérica en especial) y nacional (Colombia con el paramilitarismo) de negociaciones de conflictos armados internos, y sus resultados en términos de la desvinculación de niños y adolescentes, de las organizaciones insurgentes o de autodefensa, guerrillas o paramilitares, enseña que si no se plantean en forma correcta y no se resuelven práctica y jurídico-políticamente, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, las soluciones del problema de los niños inmersos en el conflicto armado interno, se generarían las condiciones para un proceso de reorganización de grupos armados ilegales, se les llame delincuencia juvenil o, por ejemplo, paramilitares (bacrim) o nuevas guerrillas, y su concomitante fortalecimiento económico y político militar.

Además, se deben prever prácticamente las condiciones económico, financieras, administrativas y de gestión de recursos, del complejo proceso de reinserción de los niños y adolescentes inmersos en el conflicto armado interno, así como la participación protagónica de los Estados Garantes, de la Comunidad Internacional, y de aquellos Estados que colaboraron intensivamente en el desarrollo y promoción del conflicto armado interno, incluida su degradación, sin condicionamientos excesivos o imposibles de resolver en el corto plazo.

La reinserción de los niños y adolescentes víctimas del conflicto armado interno, requiere el concurso decidido del Estado y de los acompañantes, junto con las comunidades de las que son oriundos los niños y adolescentes, así como de sus familias, con el fin de que ese delicado proceso que impacta en su complejidad la personalidad del niño y adolescente, su identidad, sus posibilidades de asumirse como víctima, las condiciones de su capacidad prospectiva y proyectiva de su vida, se pueda dar “en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.

Fuentes Bibliográficas

http://es.insightcrime.org/analisis/pandillas-centroamerica-mas-peligrosas-nunca

http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/los-ninos-soldado/

https://childrenandarmedconflict.un.org/es/acerca-de-nosotros/nadie-menor-de-18/

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_4015.pdf

http://www.humanium.org/es/ninos-guerra/

El conflicto armado y los derechos de los niños

http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7020-el-conflicto-armado-y-los-derechos-de-los-ninos.html

https://childrenandarmedconflict.un.org/es/

https://childrenandarmedconflict.un.org/es/la-representante-especial-de-la-onu-para-los-ninos-y-los-conflictos-armados-se-une-al-gobierno-de-colombia-y-a-las-farc-ep-en-la-habana-para-dar-el-anuncio-de-un-acuerdo-de-separacion-y-reintegracion/

http://www.hhri.org/es/thematic/child_soldiers.html

http://www.ilo.org/ipec/areas/Armedconflict/lang--es/index.htm

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-61.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15646633b336a27b?projector=1http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/golpe_de_estadohttp://www.banrepcultural.org/node/32498http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2006/guerrilla.htmhttp://www.las2orillas.co/guadalupe-salcedo-el-firmante-de-los-acuerdos-de-paz-de-ariporo/http://www.javeriana.edu.co/narrativa_colombiana/contenido/bibliograf/jar_otrostxt/pajaros/003.htmlhttps://www.google.com.co/?ion=1&espv=2#q=movimiento%20estudiantil%208%20y%209%20de%20junio

http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/03/3.-Plebiscito-frente-Nacional-y-guerra-insurgente.pdf

  1. Al Referirnos a “niños” en este texto, hablamos de niños y niñas.

  2. http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/historia/los-ni-os-tienen-orejas-por-yolanda-reyes-53622

  3. Por qué los niños se convierten en soldados

    Aunque pueda parecer ilógico que a los ejércitos o a los grupos armados les interesen los niños, algunos comandantes los buscan activamente por su inmadurez o su vulnerabilidad. Muchos creen que los niños cumplen las órdenes con más facilidad que los adultos, y su adoctrinamiento es más sencillo. Es posible que los niños estén más predispuestos a asumir riesgos en combate si no comprenden las consecuencias de lo que se les pide que hagan. Si no han tenido oportunidad de aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, tal vez estén más dispuestos a cometer atrocidades.”Recuperado de: http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/los- niños-soldado/

  4. En Colombia, los incentivos económicos han inducido a muchos niños a unirse a los grupos armados. Por ejemplo, algunos grupos paramilitares relacionados con las fuerzas de seguridad estatales pagaban a los jóvenes reclutas un salario mensual de varios cientos de euros, con primas por misiones especiales. Niños ex paramilitares entrevistados por HRW afirmaron que se habían enrolado principalmente por el dinero. Por ejemplo, Leonel, un joven que se enroló cuando tenía 14 años, contaba: “Cuando salía del colegio trabajaba de ayudante en una panadería. Era un trabajo duro y mal pagado. Después trabajé en el campo, pero también era duro, y al final me uní a los paramilitares. Tenía amigos dentro. Me pagaban 80 euros al mes. Parecía una vida más fácil”.

  5. Escándalo en El Salvador: un vídeo destapa que la derecha negoció con maras Recuperado de: http://noticias.lainformacion.com/mundo/Escandalo-el-salvador-video-maras-ARENA-FMLN_0_898411448.html

  6. Con altísimos ingresos del transporte y la venta de cocaína y crack, la violencia entre pandillas y las sangrientas disputas por territorio se han difundido y aumentado en brutalidad. Las pandillas no sólo pelean entre sí, sino que además invaden territorios de las arraigadas redes transportistas dedicadas al narcotráfico vinculadas al Cartel de Sinaloa en México.

    Como resultado de esto, en 2015 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 105 por 100.000 habitantes, la más alta del mundoGuatemala y Honduras se situaron entre los cinco primeros países. Este grado de violencia convierte en una ruleta rusa la vida diaria en gran parte del Triángulo Norte. Los jóvenes son acorralados para unirse a las pandillas; los que se niegan son asesinados. Niñas desde los 11 años de edad son tomadas como "jainas", o esclavas sexuales. Esta ineludible amenaza es lo que lleva a padres y parientes a enviar a sus niños al peligroso y costoso viaje a Estados Unidos. http://es.insightcrime.org/analisis/pandillas-centroamerica-mas-peligrosas-nunca

  7. Recuperado de: https://childrenandarmedconflict.un.org/es/efectos-del-conflicto/infracciones-mas-graves/ninos-soldados/

  8. Recuperado de: https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/paola-garz-n-cepero/postconflicto-en-colombia-14-desvinculando-ni-os-de-las-farc

  9. Recuperado de: http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/los-ninos-soldado/

  10. “Artículo 1. Ámbito de aplicación material  

    1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.”

    “Artículo 4. Garantías fundamentales  

    “1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.

    2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:

    a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;

    b) los castigos colectivos;

    c) la toma de rehenes;

    d) los actos de terrorismo;

    e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

    f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;

    g) el pillaje;

    h) las amenazas de realizar los actos mencionados.

    3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:

    a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;

    b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas;

    c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;

    d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince años seguirá aplicándose a ellos si no obstante, las disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;

    e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.”

    TÍTULO IV - POBLACIÓN CIVIL  

      Artículo 13. Protección de la población civil  

    1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

    2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

    3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

      Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados  

    1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.

    2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto.

  11. La edad mínima para reclutar en el ejército estatal colombiano son los 18 años de edad. Esa es la razón de la reserva.

  12. https://childrenandarmedconflict.un.org/es/acerca-de-nosotros/nadie-menor-de-18/

  13. "La Ley 418 de 1997, prorrogada mediante Ley 548 de 1999, modificada por la Ley 642 de 2001, estableció que los menores de 18 años de edad no serán incorporados a las filas para la prestación del servicio militar. A los estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su incorporación a las filas hasta el cumplimiento de la referida edad".

    "Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su servicio militar estuviere matriculado o admitido en un programa de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título correspondiente sólo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar".

    "La autoridad civil o militar que desconozca esta disposición incurrirá en causal de mala conducta sancionable con la destitución".

    "El joven convocado a filas que haya aplazado su servicio militar hasta la terminación de sus estudios profesionales, cumplirá su deber constitucional como profesional universitario o profesional tecnólogo al servicio de las fuerzas armadas en actividades de servicio social a la comunidad, en obras civiles y tareas de índole científica o técnica en la respectiva dependencia a la que sea adscrito necesite. En tal caso, el servicio militar tendrá una duración de seis meses y será homologable al año rural, período de práctica, semestre industrial, año de judicatura, servicio social obligatorio o exigencias académicas similares que la respectiva carrera establezca como requisito de grado. Para los egresados en la carrera de derecho, dicho servicio militar podrá sustituir la tesis o monografía de grado y, en todo caso reemplazará el servicio social obligatorio a que se refiere el artículo 149 de la Ley 446 de 1998",

  14. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/golpe_de_estado

  15. Recuperado de; http://www.banrepcultural.org/node/32498

  16. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2006/guerrilla.htm

  17. Recuperado de: http://www.las2orillas.co/guadalupe-salcedo-el-firmante-de-los-acuerdos-de-paz-de-ariporo/

  18. Recuperado de: http://www.javeriana.edu.co/narrativa_colombiana/contenido/bibliograf/jar_otrostxt/pajaros/003.html

  19. Recuperado de: ttps://www.google.com.co/?ion=1&espv=2#q=movimiento%20estudiantil%208%20y%209%20de%20junio

  20. Recuperado de: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/03/3.-Plebiscito-frente-Nacional-y-guerra-insurgente.pdf

  21. “Aunque la violencia de pandillas fue un motor importante en la crisis migratoria de 2014, esa afluencia también se vio alimentada por informaciones engañosas que circulaban en Centroamérica, que afirmaban que los niños podían recibir la ciudadanía estadounidense. Como respuesta, los gobiernos de los países del Triángulo Norte, en conjunto con Estados Unidos, lanzaron una campaña para corregir la mala información. Lo más importante fue que México aceptó reforzar considerablemente sus medidas de control en la frontera sur para detener a los inmigrantes antes de que llegaran a Estados Unidos. La afluencia bajó a una pequeña cantidad por la mayor parte de 2015, antes de acelerarse de nuevo en los últimos cuatro meses. Ahora la convergencia de la violencia de pandillas y el mayor control territorial —combinada con la corrupción rampante y la falta de fe en las estructuras políticas existentes— está aplastando esas frágiles barreras.” Recuperado de; http://es.insightcrime.org/analisis/pandillas-centroamerica-mas-peligrosas-nunca

  22. Recuperado de; http://es.insightcrime.org/analisis/pandillas-centroamerica-mas-peligrosas-nunca

  23. Recuperado de: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3509_documento.pdf

  24. Recuperado de: https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/paola-garz-n-cepero/postconflicto-en-colombia-14-desvinculando-ni-os-de-las-farc

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