Impunidad en Colombia

Paramilitary_infiltration_in_Colombia - https://sites.google.com/site/hackerfiscalia/
Paramilitary infiltration in Colombia - https://sites.google.com/site/hackerfiscalia/

SHIRLY TORRES RODRÍGUEZ

La situación de Derechos Humanos provocada por el conflicto armado colombiano no ha tenido que vivir las expresiones externas de las dictaduras militares por las que atravesaron otros países del continente latinoamericano en las décadas pasadas; pero si se ha alimentado de las mismas prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones extrajudicales, desapariciones forzadas y genocidio; en un marco similar de terrorismo de Estado. Lo peculiar y paradójico a la vez es que se habla de un formal régimen civil que se jacta de ser una de las democracias más estables y antiguas del continente.

Es evidente que el poder militar ha estado sometido a un sector de la sociedad civil en Colombia, que son las minorías que gozan de los privilegios del poder económico. Minorías que en busca de perpetuar el statu quo le han concedido a la Fuerza Pública, en particular al Ejército, la facultad de actuar por fuera de los marcos legales y constitucionales en el "control del orden público". Para garantizar ese ejercicio servil de la muerte le han ofrecido a sus perpetradores la impunidad sobre sus acciones criminales. Al terrorismo de Estado corresponde entonces una política de impunidad.

Según datos de la Comisión colombiana de Juristas ( 2013), en Colombia en los últimos diez años se han asesinado quinientas mil personas -500.000- alrededor de cien por día-, treinta mil de las cuales murieron por razones políticas - en promedio diez diarias-, de las cuales tres fallecen en combates entre la guerrilla y la fuerza pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o masacres. Cerca de un millón de personas han sido obligadas a desplazarse de su terruño -la mayoría viudas y niños huérfanos- dejando atrás sus espacios territoriales, sus seres queridos asesinados y cargando con su miseria a cuestas. Dos mil quinientas personas han sido detenidas desaparecidas, miles han sido detenidas arbitrariamente  y miles han sido torturadas. Estas cifras, describen el tamaño del terror y de la impunidad que padece Colombia.

Esta grave situación hace evidente que en Colombia existe una verdadera política de impunidad, respecto a la situación de Derechos Humanos que compromete no solamente a todos los órganos del Estado, sino a los medios de comunicación, a los empresarios que favorecen la exclusión económica, social y política todo encubierto bajo el discurso de la democratización.

Si bien es cierto que el aparato judicial en Colombia cuenta con cinco órganos máximos, independientes entre sí, encargados de la administración de justicia: La Corte Suprema, la Corte Constitucional el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Así como existen órganos de control de la función pública como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y la defensoría del pueblo adscrita a esta última. La Procuraduría cuenta a su vez con una unidad de Investigaciones Especiales y con una Delegada de Derechos Humanos, a la vez que varias delegadas especializadas en las Fuerzas Militares, la Policía y la Policía Judicial, así mismo extiende su función de control y de protección a los derechos humanos a cada uno de los municipios del país a través de los personeros.

Por otro lado la rama Ejecutiva cuenta con la Justicia Penal Militar, la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, con unidades de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, de la Defensa y cada una de las guarniciones militares y de policía, así como con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Congreso de la República tiene por su parte una Comisión de Derechos Humanos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Además el Parlamento debe ejercer en su conjunto el control político sobre el uso de los estados de excepción.

Y si a esto se le suma que el Estado colombiano contempla en su Carta Política más de cien artículos que consagran los derechos humanos y mecanismos de protección de los mismos como el hábeas corpus, las acciones de tutela (o acciones de amparo) y las acciones de cumplimiento; al tiempo que reconoce la primacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre el derecho interno (Arts. 93 y 94 de la Constitución). Y que ha firmado y ratificado casi la totalidad de declaraciones, convenciones y pactos referidos a los Derechos Humanos. Suena sorprendente ver que nos radicamos como un Estado que favorece la impunidad.

Pero ¿Por qué con tantos órganos encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos no hay correspondencia frente a las expectativas de un Estado de Derecho? Desde un análisis objetivo habría que revisar cual ha sido el papel que estas entidades han cumplido en la adulación de la institucionalidad democrática.

Ha habido una restricción de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, a partir de la Constitución de 1991 cualquier persona puede interponer acciones de tutela para que se salvaguarde un derecho fundamental, propio o ajeno, que esté siendo vulnerado o pueda ser vulnerado por una autoridad pública (Art. 86). La resistencia del aparato judicial a ésta norma fue adversa y se impuso una reglamentación restrictiva -tanto del punto de vista del procedimiento como del derecho sustancial- que desconoce el espíritu del mandato constitucional. Lo mismo puede decirse con la acción de hábeas corpus (art. 30) que se consagra para proteger a las personas detenidas arbitrariamente, pero cuyo derecho ha sido restringido en la ley por iniciativa del Ejecutivo -por decreto en uso de facultades de excepción, (Decreto 1156 de julio de 1992)-, respaldado por el Congreso -convirtiéndolo en legislación permanente, ley 15 de 1992- y con la complacencia de la Corte Constitucional que en el proceso de exequibilidad la consideró ajustada a la Carta Política (Sentencia C-301 del 2 de agosto de 1993).

La instrumentalización política para la guerra del aparato Jurídico, es la tendencia generalizada y asumida por los propios magistrados y jueces. El derecho se relativiza hasta desaparecer cuando la víctima de una violación lo ha sido por presumírsele subversiva, de tal forma que ha sido torturado se ignoran las torturas, si ha sido detenido arbitrariamente se ignora la ilegalidad de la retención; o si han sido ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos o masacrados no habrán investigaciones penales y si excepcionalmente las hay no habrán sentencias condenatorias o en el peor de los casos nunca se harán efectivas.

Esta instrumentalización política se expresa además de lo señalado, de las siguientes maneras:

  • Constitucionalizando la legislación de guerra.

En la práctica ha provocado la existencia de dos constituciones una que garantiza los derechos y otra nacida de los Decretos de Estados de Excepción que han sido convertidos en legislación permanente pese a vulnerar los derechos consagrados en la Carta Política. En esta situación las responsabilidades han sido compartidas en las ramas del poder público: El Ejecutivo que una vez levantado el Estado de excepción presenta como proyectos de ley los decretos que ha dictado en uso de esas facultades, el Legislativo que convierte dichos proyectos en leyes, y la Corte Constitucional que los avala.

  • Afirmando el autoritarismo presidencial.

La Corte Constitucional y el Congreso al darle vía libre a las declaratorias de los Estados de Excepción y a los decretos de conmoción afirman una práctica que ha terminado por confundir y pervertir el necesario control entre las ramas del poder público. Las crisis políticas, las improvisaciones y errores de la política criminal o del control del orden público se saldan por parte de los gobiernos, abusando de los Estados de Excepción. La Corte el 18 de octubre de 1995, en un fallo sin precedentes declaró inexequible la declaratoria de Conmoción Interior hecha por el Presidente Samper dos meses antes, considerando que el Gobierno violó el art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante el Congreso cubrió de impunidad política al Gobierno al no abrirle el juicio correspondiente como era su obligación constitucional. Luego el 2 de noviembre de 1995, el Gobierno volvió a declarar la Conmoción Interior, so pretexto del asesinato de un líder político en el que estarían involucradas las propias Fuerzas Armadas; la Corte Constitucional en la acción ambigua que la ha caracterizado, la declaró exequible en fallo de enero de 1996, contradiciéndose con los argumentos que había expresado tres meses atrás. Así el ciclo de violaciones a la Carta Política se reproduce desde las más altas autoridades del Estado, asegurando recíprocamente la impunidad política y jurídica de sus actos.

  • Otorgándole competencia para que investiguen y juzguen sus propios crímenes.

Cuando la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones penales contra miembros de la Fuerza Pública comprometidos en crímenes de lesa humanidad, ésta hace operar los mecanismos de la Justicia Penal Militar para provocar colisiones de competencias que ha de arbitrar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien reiteradamente ha sustraído dichos procesos de la justicia civil con el argumento de que todos los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, incluso violaciones carnales se consideran actos del servicio o con ocasión del servicio. Dichas decisiones son discutibles en derecho y están mediadas por la voluntad implícita de los magistrados de contribuir a la política de impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos.  

Narcotráfico y violencia política:

El tema de la lucha contra el narcotráfico le ha servido al Estado colombiano para desviar la atención mundial sobre su propia responsabilidad en el fenómeno de la violencia o incluso para justificarla. Ha sido común que el Gobierno o los medios de comunicación atribuyan la responsabilidad de la mayoría de los homicidios políticos a los traficantes de drogas y a los grupos guerrilleros, como lo ha dicho Amnistía Internacional (1994) "Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han recurrido a los delitos violentos en campañas de atentados indiscriminados con bombas y a los asesinatos de ministros del gobierno, funcionarios judiciales, periodistas y otras muchas personas que se oponían a sus actividades delictivas. Sin embargo, la percepción del tráfico de drogas como causa principal de la violencia política en Colombia es un mito" 

A este planteamiento hay que responder que efectivamente el narcotráfico financia tanto a guerrilleros como a paramilitares y promueve la violencia política, que ciertamente el narcotráfico no ha sido ajeno a la instrumentalización de la represión. En esa perspectiva el narcotráfico ha sido utilizado por el Estado en un doble sentido: Para justificar la consecución de grandes recursos en el exterior que se dedicarían a combatirlo. Y para financiar operaciones encubiertas de la Fuerza Pública.

Ahora bien se inicia un proceso de paz con las FARC que genera muchas expectativas frente al tema de impunidad y a la postura que puedan asumir los diferentes actores del conflicto colombiano, lo que hasta el momento se ha pactado en la Habana representa un retroceso en materia de derechos humanos para el país en lo que se refiere a el régimen de sanciones que contempla el acuerdo para los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, la participación en política de estas personas y el rol que tendrá el Tribunal Especial para la Paz a la hora de impartir justicia. La única sanción que tendrán quienes confiesen sus crímenes y colaboren con la justicia serán restaurativas y reparadoras que no contemplan una restricción efectiva de la libertad como corresponde según estándares internacionales.

Pero lo grave, es que ni siquiera existen garantías de que cumplirán con los años de castigo (entre 5 y 8 años). El texto del acuerdo, permitiría que los guerrilleros sancionados con un acto de reparación puedan recuperar su “libertad” antes si el proyecto es terminado con anticipación, así mismo, no están previstas sanciones en caso de que estas personas incumplan con lo pactado

Las negociaciones de la Habana pueden ahondar la brecha de la impunidad si no se realiza un proceso en el que la voz de las víctimas permita su reconocimiento y un proceso real de Justicia y reparación. Se puede entonces concluir que si en La Habana no se logra firmar la paz con base en el total acatamiento de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, el destino de las Farc -EP será juzgado por la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional; pues sin importar asamblea nacional constituyente, o imposiciones legislativas sin precedente, Colombia debe garantizar los derechos y garantías atrás anotadas, pues de lo contrario su responsabilidad internacional será a penas lógica.

Tanto Colombia, como las Farc- EP deben tener claro que las tres cortes no cederán ni responderán ante discursos políticos ni mucho menos, pues como se mencionó, el deber de éstas es mantener la coherencia y respeto por los derechos humanos, el juzgamiento de criminales ypor otro lado, hay que dejar en claro que la finalidad del proceso de paz es precisamente la paz, sin embargo es interesante preguntarse cuál es la definición de paz que tiene el gobierno, que tiene las entidades estatales y que tienen los ciudadanos, pues se cree erróneamente que si se firma el proceso existirá paz, pero en realidad lo único que se tendrá es un cese de hostilidades.

Finalmente, la pena de prisión no es una herramienta efectiva de resocializar a un delincuente, tampoco una forma efectiva de reparar a las víctimas de los delitos cometidos en tan extensa guerra, sin embargo la ley es clara al respecto y ésta será de obligatorio cumplimiento bajo todo precepto nacional e internacional. Así, aunque una pena de prisión (que de por sí no cumple con los requisitos de una pena) no sea la mejor elección para dar trámite al proceso de justicia transicional investido con verdad, justicia y reparación, es la ley y por tal motivo deberá ser cumplida, a no ser que la creatividad en las mesas de negociaciones ofrezca un camino que de mejores resultados que llenar prisiones como campos de concentración.

No se puede olvidar que un proceso de paz es una negociación política que implica una lucha por el poder, el reconocimiento del adversario, algún grado de impunidad y la posibilidad de ganar en algunos aspectos, y ceder en otros ámbitos de la negociación. Es importante anotar que el reconocimiento que hace el gobierno del conflicto interno colombiano y el inicio de los diálogos con la guerrilla le da a las FARC un estatus político que le permite acceder a los beneficios políticos, jurídicos y sociales que se desprenden de este tipo de procesos y que van más allá de una simple desmovilización y reincorporación a la vida civil de sus combatientes.

El Estado de la mano de la sociedad civil debe garantizar el éxito de esta negociación y sortear con decisión los obstáculos de este tipo de procesos para obtener finalmente el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la desarticulación de las FARC, la reparación material, moral y simbólica de las víctimas, el establecimiento de la verdad, un equilibrio entre aplicación de justicia y paz para evitar impunidad, y la reconstrucción social para un postconflicto exitoso.

Para el éxito del proceso de paz es fundamental que el Gobierno nacional tenga en cuenta a los departamentos y a las autoridades locales. Un proceso que no reconozca la realidad política, social y económica de las regiones, ni la lógica particular del conflicto, estaría desconociendo no solo las diferentes problemáticas que padece la nación, sino además los diversos actores que intervienen en cada región y las soluciones particulares que deben formularse para resolver el conflicto de acuerdo a su génesis en el territorio.  Finalmente, el proceso de paz no puede convertirse en una plataforma política del Gobierno del presidente Santos para subir sus índices de favorabilidad, buena imagen y percepción ciudadana, en los cuales las encuestas lo muestran en claro retroceso. Tampoco puede convertirse en un ejercicio de cálculo electoral para una posible relección del mandatario. Las FARC no pueden seguir  poniendo la agenda electoral del país ni mucho menos incidir en la elección de los presidentes de Colombia.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, Gastón. “Regímenes de seguridad cooperativos en América Latina”. Trabajo presentado ante el VII Congreso Nacional de Ciencia Política. Universidad Católica de Córdoba. Argentina. Noviembre, 2005.

Amnistía Internacional. Violencia Política en Colombia. Mito y Realidad. Edai. Marzo de 1994.

Ayala Espino, José. “Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado.” Coedición, Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Miguel Ángel Porrúa, librero editor. México. 199

De Roux, Carlos Vicente. Intervención ante el Parlamento Europeo. Ob. Cit. Pág. 48.

Duverger, Maurice. “Instituciones políticas y Derecho constitucional”. Editorial Ariel. España. 1996

Chomsky, Noam. Conferencia dictada en el Instituto Tecnológico de Massachussets el 13 de marzo de 1995, publicada en Cuadernos Africa-América Latina. Serie Documentos N 3, Enero 1996. Sodepaz. Madrid España.

Organización de Naciones Unidas. “Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General.” Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Colombia durante 2010. 28 de febrero de 2011.

Transparency International. “Los altos niveles de corrupción persistentes en países de bajos ingresos suponen un desastre humanitario continuo. En un entorno de escándalos corporativos permanentes, los países ricos también muestran retrocesos”. Alemania. 23 de diciembre de 2008.

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