El derecho internacional de los derechos humanos en el sistema jurídico colombiano

Esfera azul - NASA - Dominio Publico
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ISABEL VIVIANA ROJAS

El presente ensayo tiene como propósito reflexionar acerca de la inscripción de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional y en la exigibilidad política que promueven las organizaciones de derechos humanos.

Es preciso mencionar que si bien es cierto que el ordenamiento jurídico nacional reconoce a la Constitución Política de 1991 como “norma de normas” y que sus contenidos normativos se constituyen en referentes para resolver diversos asuntos tan diversos, por ejemplo, de derecho penal o de familia, también es cierto que las normas inscritas en el ordenamiento jurídico nacional no constituyen la única fuente para resolver las controversias a nivel interno, y más cuando incluyen tacita o implícitamente algún elemento que afecte la dignidad humana.

Es así que organizaciones de derechos humanos, operadores de justicia y agentes del ministerio público, entre otros, citan en la cotidianidad en el marco de la exigibilidad política y la justiciabilidad de los derechos en los tribunales, los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, convirtiéndose éstos en fuentes del derecho nacional y en una herramienta para obligar al Estado y a los agentes no estatales (grupos armados ilegales, empresas, entre otros) a respetar, proteger y garantizar la efectividad de los derechos consagrados en dichos instrumentos.

De este modo, los tratados internacionales en el terreno de la reclamación jurídica y política de los derechos se constituyen parte y fuente para abogar en la defensa de los derechos cuando estén amenazados, y en la reclamación de castigo a los responsables cuando estos se hayan vulnerado.

Los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario se inscriben en el derecho internacional público, el cual establece que sólo el Estado es responsable por la violación de los derechos humanos en situación de normalidad o “de paz”, no obstante, cuando se presenta situaciones de conflicto armado y existe una erosión del monopolio de la fuerza del Estado en el territorio, los responsables de la situación humanitaria de los civiles o población no combatiente son todos los actores armados involucrados en el conflicto. Esta distinción resulta clave para diferenciar las vías de reclamación y de protección frente a un riesgo grave e inminente de violación a los derechos humanos o la ocurrencia de un delito de lesa humanidad.

La incorporación de los tratados internacionales como parte del rango constitucional fue posible por vía de tres mandatos en los artículos 53, 93 y 94[1] de la Constitución Política de 1991, así como por vía conexa con los artículos 4, 5, 9 y 44[2]. La cual considero la fuerza jurídica de las normas de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario como parte del ordenamiento nacional interno, posteriormente, en 1995 la Corte Constitucional conceptualizo y desarrollo ampliamente el concepto de bloque de constitucionalidad. Estableciendo, que si bien ciertos principios y normas de tratados de derechos humanos no se encuentren en la Constitución, estos no pierden su fuerza normativa y de cumplimiento en la práctica constitucional.

Así, este concepto del bloque de constitucional y la idea que los derechos son más que los expresados tácitamente en la carta constitucional, ampliaron notoriamente el campo de la exigibilidad y vigencia de los derechos no solo en el plano jurídico, sino también en el político y social generando el reconocimiento de un orden jurídico y social, amplio y garantista de los derechos que traspasa las fronteras del Estado – nación.

De este modo, la Constitución Política otorga especial atención a los instrumentos internacionales de derechos humanos, señalándolos como criterio hermenéutico, como norma aplicable, y estableciendo la prevalencia de la norma internacional en caso de conflicto entre una norma de derecho interno y la norma del tratado, en este último caso cuando la norma no sea susceptible de limitación o suspensión durante los estados de excepción.

Esta evolución, iniciada en los 90, de la inclusión de los tratados de derecho internacional de los derechos humanos, ha representado no solo una transformación en el marco jurídico nacional sino también una referencia que legitima, aún más, las demandas sociales y políticas en materia de derechos humanos en cuanto impone una fuerza jurídica y de respeto a los instrumentos de derechos humanos.

Al respecto, son las organizaciones sociales en varias latitudes del hemisferio, que han abogado porque los Estados ratifiquen los instrumentos en derechos humanos. En el año 2013, en Colombia se creó la Campaña por la ratificación del Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Estado colombiano, bajo el lema, "Protocolo Facultativo la llave de nuestros derechos económicos, sociales y culturales”, con el propósito que los colombianos accedieran a la justicia internacional en aquellos casos en que los derechos económicos, sociales y culturales han sido vulnerados o se encuentran en situación de amenaza. Otra experiencia significativa sucedió en el año 2009 cuando la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) lanza la campaña por la firma y ratificación del protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles.

En este sentido, el reconocimiento de los Protocolos Facultativos de las Convenciones por parte de los Estado, otorgan una supervisión de la comunidad internacional al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, puesto que éstos últimos adquieren “el compromiso a adoptar todas las medidas que sean necesarias y hasta el máximo de los recursos disponibles” para garantizar los derechos, por lo tanto, si se constata que el Estado está incumpliendo sus obligaciones y no hace lo necesario para remediar los defectos del sistema que ocasionan detrimento a la garantía plena de los derechos.

Por supuesto, que la ratificación de Pactos en Derechos Humanos redundada en un mayor empoderamiento de la ciudadanía, puesto se tiene mayor claridad de la fuente directa de derechos y obligaciones de los tratados de derechos humanos.

León Zuluaga (2006), al respecto señala:

“En nuestros días se han ido despejando las dudas sobre este punto. El derecho estrictamente nacional tiene que respetar de un lado limites que emanan de las obligaciones internacionales de los Estado y, de otro, asumir la aplicación de estándares internacional en el debate político y judicial sobre el reconocimiento y la efectividad de los derechos”

Según la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los Estados deben adoptar el tratado de buena fe. Lo cual significa que deben velar por su aplicación interna con el fin que sea vea reflejado en la legislación y en las políticas públicas que adopte.

Lo anterior es reafirmado por la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual dispone en su artículo 2:

“Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”

Lo anterior significa que los Estados deben integrar y vigilar el cumplimiento de los tratados, así mismo, reconocer que estos representan estándares mínimos en cuanto al contenido de los derechos, lo que significa que la legislación interna puede y debe, en la medida de lo posible, mejorar tales estándares. Por tanto, no tendrá piso, alegar por parte de los Estados el derecho interno para no hacerlos prevalecer

Un ejemplo de integración al marco normativo nacional de Instrumentos internacionales: El caso de la población afrocolombianas y la discriminación racial

El reconocimiento de la presencia africana en territorio colombiano quedo reconocido con la ratificación de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial mediante la Ley 22 de 1981. La cual señalo entre sus postulados que:

  • Cualquier doctrina de diferenciación racial o superioridad es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa; no tiene justificación ni en teoría ni en práctica.
  • La discriminación racial y demás políticas gubernamentales basadas en la idea de superioridad racial u odio violan los derechos humanos fundamentales, ponen en peligro las relaciones amigables entre las personas, la cooperación entre nacionales y la paz y seguridad internacional.

Las obligaciones que se desprendieron de la mencionada convención creó una estructura constitucional y un desarrollo legislativo amplio en cuanto participación, reconocimiento de prácticas culturales, sanción de abusos o maltratos, protección de sus territorios colectivos, entre otros.

La primera norma expedida por el Estado colombiano que expresamente tiene como destinatarias a las personas y comunidades negras en Colombia fue el artículo 55 de la Constitución Política de 1991, la cual dio origen a la Ley 70 de 1993, la cual reconoció a las comunidades negras que ocuparon tierra en las zonas baldías, rurales, y, ribereñas, al derecho de la propiedad colectiva.

En suma, se puede afirmar que la inclusión de los tratados internacionales como rango constitucional y de fuerza normativa ha resultado positiva no solo para la justiciabilidad de los derechos en estrados judiciales, sino también y especialmente, como herramienta en las reclamaciones políticas y sociales de actores sociales e institucionales, así como parte sustancial de una cultura de los derechos humanos a nivel nacional.

Bibliografía

ILSA. (2010). Los derechos en la lucha contra la disccriminación racial. Bogotá D.C.: Gente Nueva Editorial.

León Gómez, A., Ortiz, L., Landa, C., & Nash, C. (2006). La aplicación judicial de los tratados internacionales. Bogotá D.C. .

USAID, P. d. (2008). Prevención de violaciones de los derechos de las personas en situacion de riesgo extraordinario o extremo: Obligaciones y retos del Estado Colombiano. Bogotá D.C.

Yepes, R. U. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal. Bogotá D.C., Colombia: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

  1. Este artículo 53 dispone: “Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”. Por su parte, el artículo 93, señala que en caso de conflicto, prevalece la norma internacional de derechos humanos y el artículo 94, advierte que la enunciación de derechos o garantías contenida en la Constitución y los convenios internacionales no es taxativa y, en todo caso, “no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en ellos”.

  2. El artículo 4 señala: “la constitución es norma de normas”, el articulo 5, resalta la primacía de los derechos inalienables de la persona, el articulo 9, reconoce los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y el articulo 44, refiere los derechos de los niños como integrados al sistema política y jurídico aquellos aquellos que se encuentren en los tratados internacionales ratificados por Colombia

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