¿Cómo comprender las diferencias en la atención integral que presta el Estado Colombiano a los menores de edad desplazados por el conflicto armado y los menores desvinculados de los grupos armados irregulares?

FARC - DEA Public Affairs - Dominio Publico
FARC - DEA Public Affairs - Dominio Publico

JOSÉ ALEJANDRO PUYANA YANCE

A propósito del desafío que tiene el Estado en el posconflicto, dentro del derecho de igualdad, nos preguntamos ¿Cómo comprender las diferencias en la atención integral que presta el Estado Colombiano a los menores de edad desplazados por el conflicto armado y los menores desvinculados de los grupos armados irregulares?.

El conflicto interno Colombiano con sus más de cinco décadas de duración ha representado para la infancia en Colombia uno de los principales escenarios donde a diario se violan sus derechos fundamentales. Muchos niños en medio de la confrontación armada entre el Estado y grupos al margen de la ley han tenido que desplazarse junto con sus familias a las grandes ciudades, de allí que en la actualidad nuestro país ocupe los primeros lugares después del Congo y Sudán en lo que respecta a la crisis humanitaria como consecuencia del desplazamiento forzado[1], sin embargo lo que resulta más alarmante es que según el primer informe de la Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado “En relación con la distribución por rangos de edad de la población se encuentra que el grupo etario con mayor concentración está entre 5 y 14 años al abarcar el 31.8% de la población desplazada”[2].

Otra de las formas como el conflicto y sus diferentes actores como las FARC han involucrado a los niños ha sido a través del reclutamiento forzado , esta práctica pese a estar considerada por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8 como un crimen de guerra[3], parece ser cada vez más común en sectores rurales y urbanos de nuestro país, aun ad portas de llegar a un acuerdo con las FARC, una cosa es lo que reportan los medios de comunicación y otra cosa es la realidad, pero este tema será materia de otro debate. Siguiendo con nuestro trabajo académico, según denuncia realizada por el fiscal del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, Sergio Tapia[4], a principios del 2008 habían sido reclutados más de 11.000 menores por parte de la guerrilla Colombiana y grupos paramilitares. Tomamos esta cifra del 2008 porque desde este año se desconoce cifra real de menores reclutados

Así mismo y según informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia realizado en el 2007 y ratificado en el 2011 y 2012, el Estado Colombiano es responsable de involucrar a menores en el conflicto a través de labores de inteligencia militar , “La oficina en Colombia tuvo información sobre varios casos de reclutamiento, particularmente por las FARC-EP, en los departamentos de Putumayo, Cauca, Caldas y Nariño y por el ELN en Bolívar y Norte de Santander. En Cartagena (Bolívar), se informó sobre reclutamiento de niños y niñas por grupos armados no identificados. La oficina en Colombia registró una queja sobre la utilización de un niño de 11 años como guía por parte de miembros del Batallón Nueva Granada en un operativo militar en el sur de Bolívar y otra, en la cual se denunció el uso de niños y niñas como informantes de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional”[5].

En este marco de violación de derechos de la infancia el Estado Colombiano ha fijado políticas de atención a los menores de edad víctimas de la guerra según la situación a la que hayan estado expuestos, tanto niños en situación de desplazamiento como niños desvinculados de los grupos armados irregulares tienen el derecho de recibir por parte del Estado atención en términos de alojamiento, salud, educación, recreación entre otras, estos derechos se ejercen a través de entidades estatales especializadas en la infancia y en la atención humanitaria como ICBF y Acción Social de la presidencia, también a través de ONGs operadoras y no operadoras del Estado.

Es en el seno de dichas instituciones donde surgen informes y cuestionamientos al Estado Colombiano respecto a los dineros destinados para unos u otros programas, documentados con estudios de seguimiento, organizaciones en su mayoría ONGs, denuncian la incapacidad del Estado para dar cumplimiento a las políticas de atención a la población desplazada, denuncia también realizada por la Corte Constitucional a través de la sentencia T – 025 de 2004 donde declara “la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado “[6].

Sin embargo en lo que respecta a los programas de desvinculación y desmovilización promovidos con mayor fuerza en el actual gobierno en el marco de la política de seguridad democrática, se han destinado grandes fondos para su realización y aunque esto no garantiza el éxito de un programa, sí proporciona mejores condiciones para el ejercicio de los derechos, de allí que las diferencias sean notables. Desde allí, ¿esta disparidad en la atención prestada por el Estado a los niños víctimas de la guerra en Colombia podría denunciarse como una violación al derecho a la igualdad establecido en los tratados internacionales y en la Constitución política de nuestro país?, ¿Si los derechos humanos son universales y niegan toda práctica discriminatoria, como explicar que el Estado otorgue mayores facilidades económicas y sociales a los niños desvinculados para el goce efectivo de sus derechos? Es en este marco donde surge nuestra pregunta problema: ¿Derecho a la igualdad? ¿Cómo comprender las diferencias en la atención integral que presta el Estado Colombiano a los menores de edad desplazados por el conflicto armado y los menores desvinculados de los grupos armados irregulares llámese FARC?

Para abordar el tema del derecho a la igualdad en la forma como se hacen efectivas las políticas de atención a los menores de edad víctimas de la guerra en Colombia es necesario reconocer la normatividad internacional en materia de este derecho universal, la forma como el Estado en su legislación lo ha reconocido y las distintas acciones Estatales a través de las cuales pretende garantizarse dicho derecho y que se expresan en los programas de reinserción a la vida civil de desmovilizados de los grupos armados irregulares y de atención a la población desplazada en Colombia en el marco de la política del actual gobierno del presidente Santos.

Después de la segunda guerra mundial surge la necesidad de construir instrumentos de Derecho Internacional Público que protegieran a la población civil en situaciones de conflicto armado internacional y no internacional. A través del IV convenio de Ginebra de 1949 se adoptan normas a favor de niños[7], sin embargo es en el Protocolo I adicional a los cuatro convenios, en su artículo 77.1, donde se consagra el principio de Protección especial a los niños en conflictos armados internacionales: “Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionaran os cuidados y la ayuda que necesiten por su edad o por cualquier otra razón”[8] . Podemos afirmar que en dicho protocolo se consagra el principio de no discriminación en la medida que no distingue entre tipos de victimas sino que por el contrario hace un llamado a la protección de todos los niños y las niñas afectados por el conflicto armado.

El Protocolo II en su artículo 4 también desarrolla el principio de protección especial dirigido a niños y niñas en un conflicto armado no internacional: “Se proporcionará a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten…,”. En el conflicto armado interno no se cumple con las obligaciones derivadas de este principio. Las políticas sociales del Estado tendientes a garantizar los derechos fundamentales y prevalentes de la infancia que eviten la vulnerabilidad frente al conflicto son prácticamente inexistentes, y dentro del escenario de la guerra la protección especial no es atendida por los actores del conflicto”[9]

Ahora bien, dentro del Estado Colombiano si existen medidas de protección encaminadas a la defensa de los derechos de los niños (desmovilizados y/o desplazados forzosamente) mas aun el meollo del asunto resulta en determinar si estos mecanismos son suficientes y oportunos, a la hora de llevarse a la realidad y aun mas, si existen condiciones de igualdad entre los mecanismos legales creados para la protección de los derechos de los niños desplazados y los niños desmovilizados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos objetivó el derecho a la igualdad en los artículos 1.1 (“Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índoles, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier otra condición social”[10]) y 24 (“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la ley”[11]), como podemos ver el derecho a la igualdad se comprende desde la óptica de la no discriminación y como derecho transversal a los consagrados en la convención, además se establece la no discriminación por “condición social” desde este punto de vista ser un menor desplazado y un menor desvinculado no es argumento para establecer diferencias en el acceso y garantía de los derechos de los y las niñas, sin embargo con esta afirmación no negamos la necesidad de establecer diferencias en la atención ya que las consecuencias psicosociales de haber pertenecido a un grupo armado y de haber sido víctima de desplazamiento son distintas para cada caso.

Para efectos de la presente discusión llama la atención el artículo 19 de dicha Convención[12] donde se hace referencia a los derechos de los y las niñas al afirmar que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, artículo a través del cual la Corte apoya la obligación de adopción de medidas positivas por parte de los Estados para favorecer a los colectivos marginados y así reducir las desigualdades. Dada la ratificación de la presente convención por parte del Estado Colombiano este está obligado internacionalmente a garantizar las condiciones necesarias para la especial protección a los niños en nuestro país.

Para terminar este trabajo académico, precisamente este 29 de julio de 2016 la Fiscalia General de la Nación inició investigación contra alias “GRANNOBLES” y otros dieciocho jefes guerrilleros de las FARC por reclutamiento de 200 menores en Santander, este reclutamiento ilícito se dio dentro de la estrategia criminal y territorial que inició las FARC luego de la zona de distensión en el año 2.000 entre los departamentos de Boyacá y Santander.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOSINSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS ILSA, Desplazamiento y Retorno: Balance de una Política. Publicaciones ILSA, 2006.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PUBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO, Verificando el cumplimiento de los derechos, Primer informe de verificación presentando a la Corte Constitucional, CODHES, 2008.OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2007.

LIGIA GALVIS ORTIZ, Comprensión de los Derechos Humanos, Ediciones Aurora, Pág. 66, Abril de 2008.

HECHOS DEL CALLEJON, Desplazados: por una respuesta excepcional. Numero 40. PNUD.

CONVENIOS, LEYES Y SENTENCIAS

CORTE PENAL INTERNACIONAL, Estatuto de Roma del 17 de Julio de 1998.CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Noviembre 7 al 22 de 1969, Costa Rica.CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Magistrado Manuel Cepeda Espinosa, Sentencia T-025 de enero 22 de 2004.CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Auto N. 251 de 2008

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 387 de Julio de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 782 de 2002, “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 1098 del 8 de Noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” Art 20 y 175.

PAGINAS WEB

www.elespectador.com Sección Judicial “Este año han sido reclutados 11.000 menores por los grupos ilegales”. Noviembre 19 de 2008http://www.crin.org/docs/Informe_final.doc. COALICIÓN CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, "Informe sobre la situación de niños niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado en Colombia: sus derechos en el marco del proceso de negociación entre el Estado colombiano y los grupos paramilitares" Julio 18 de 2007.http:www.defensoria.org.co, Convenio Defensoria del Pueblo – Unicef. Caracterización de las niñas, niños y adolescentes de los grupos armados ilegales: Inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos, Pág 249, Noviembre de 2006.

  1. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS ILSA, Desplazamiento y Retorno: Balance de una Política. Publicaciones ILSA, pág 11, 2006.

  2. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO, Verificando el cumplimiento de los derechos, primer informe de verificación presentando a la Corte Constitucional, CODHES, pág 59, 2008

  3. CORTE PENAL INTERNACIONAL, Estatuto de Roma del 17 de Julio de 1998, Art 8 “Crímenes de Guerra: A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra" xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”

  4. www.elespectador.com , Este año han sido reclutados 11.000 menores por los grupos ilegales. Sección Judicial, Noviembre 19 de 2008.

  5. OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Pág, 54, 2007.

  6. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Magistrado Manuel Cepeda Espinosa, Sentencia T-025 de enero 22 de 2004.

  7. Los artículos que se refieren a niñas y niños son: 14, 17, 23, 24, 38.5, 50, 51, 68, 76, 89, 94 y 132, entre ellos el artículo 24, medidas especiales a favor de la infancia.

  8. Letra al texto del artículo 77.1 del Protocolo I adicional a los cuatro Convenios de Ginebra.

  9. GONZALEZ M, Diego y otros, Reparación Judicial, Principio de oportunidad e infancia en la ley de justicia y Paz, Editorial Milla Ltda, Pág. 150 – 151, Febrero de 2009

  10. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Noviembre 7 al 22 de 1969, Costa Rica.

  11. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Noviembre 7 al 22 de 1969, Costa Rica

  12. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Noviembre 7 al 22 de 1969, Costa Rica

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