Justicia transicional en el proceso de paz: Nuevo arquetipo jurídico

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JORGE ALBERTO PLAZAS

Introducción

En Colombia vivimos nuevos tiempos, los cuales se cimientan en la solidaridad y la reconciliación, prueba de ello el interés del Gobierno de Santos en atender al llamado de toda una población cansada del conflicto, victima de una guerra fratricida que ha dejado daños incalculables, no solo materiales sino también morales. El impacto de este conflicto mayúsculo en todo el mundo, ha desencadenado una serie de problemáticas que hasta ahora se han empezado a reconocer e intentado solucionar. Es loable la intención pero mucho mas el compromiso, no solo del gobierno nacional sino de toda una población queriendo la paz, pero somos conscientes que la paz no es un tratado o la ratificación de un acuerdo sobre el conflicto, sino que trasciende a todas las esferas posibles de la realización de la vida humana tanto individual como colectiva, pero no es insoslayable e impertinente la negociación de un conflicto; es decir, REVISTA SEMANA. (2015) 30 de marzo de 2016, Proceso de paz: “podemos alcanzar la paz solo si se empieza a reconocer un conflicto y a repensarnos como sociedad en el tipo de País que añoramos”. Este proceso de paz debe ser visto con la mejor disposición de razón y de sentimiento porque solo con ello podemos empezar a recrear una nueva etapa en la historia de nuestro país. Otrora, este no es solo un trabajo del gobierno nacional sino de toda Colombia que debe estar solidarizada en esta gran movimiento nacional con la esperanza de ver un país en prosperidad y paz.

Son varios los puntos que se negocian en la actualidad entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia EP (FARC-EP), las victimas y la población civil. Todas estas partes, tienen diferentes posturas, diferentes intereses pero un solo objetivo, la paz para Colombia empezando con el fin de un conflicto armado que lleva más de medio siglo.

A priori al gobierno de Santos, el plan de gobierno del ex presidente Uribe que comprendía en su llamado plan de desarrollo MINISTERIO DE DEFENSA. (2003) llamado “seguridad democrática”, consistía básicamente en devolverle al país y al mundo la confianza necesaria para vivir e invertir en Colombia a costa de acabar militarmente y de forma directa todas las fuerzas armadas ilícitas en el país. Aunque se fortaleció y se legitimó la fuerza pública, esto es, el derecho único del Estado por el monopolio del uso de la fuerza, y se logró disminuir el poder militar de grupos armados ilegales, Hugo Acero Velásquez. (2010), Lo bueno, lo malo y lo feo de la Seguridad Democrática. 29 de marzo de 2016, también fueron muchos los problemas que se multiplicaron como consecuencia de una política fascista. Ahora, con la política de Santos que hace ver a un gobierno capaz de discutir y no de atacar con armas, de dialogar en lugar de combatir nos ha mostrado no solo una gran oportunidad de cambiar el rumbo del país sino también cifras. Durante los últimos 30 años, se mostró como incesantes combates y acciones bélicas eran vistas como la única forma de solucionar este conflicto y que no existía la mas remota posibilidad de un fin al conflicto armado por vías distintas a las de hecho; pero lo único que dejaba como resultado era mas dolor y mas daño a una población vulnerable: los civiles. Solo durante los diálogos de paz, disminuyeron los ataques, los muertos, los heridos, el reclutamiento de menores de edad, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, aumentó entre la población la confianza y la esperanza de recobrar paz en sus tierras.

El proceso de paz ha gastado una gran infraestructura si en términos jurídicos nos referimos. Luego, se discute, por un lado, que tipo de mecanismo jurídico debe ser el pertinente para refrendar el proceso en un acuerdo y también y es uno de los puntos mas álgidos de la negociación, es lo relacionado a la justicia transicional. No solo la intención del gobierno es terminar el conflicto armado y devolver tranquilidad a las poblaciones afectadas sino también, como eje angular a esta negociación, las victimas del conflicto son participes del proceso.

A continuación, vamos a referirnos a la justicia transicional, conceptos y nociones relacionados en términos contextuales, y a su relación con los derechos humanos y de las victimas como lo son la verdad, la reparación y la justicia. En términos específicos, también haremos alusión a lo alcanzado hasta el momento durante el desarrollo de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC. Por ultimo, una breve conclusión sobre algunas hipótesis sobre el proceso de paz y sus intereses per se, y la necesidad de un tipo de justicia especial o “transicional” que ha sido objeto de análisis y de practica en distintas partes del mundo.

Justicia transicional

El Estado moderno contempla elementos que son inherentes a cualquier formación humana que son a su vez complejizados por la dinámica de la misma sociedad y su evolución. No obstante dos de los mas importantes recaen sobre el monopolio de la fuerza y su legitimidad y por el otro lado la administración de justicia, que son la garante de la protección de los derechos individuales, sociales, colectivos y ambientales en un Estado. Luego, la garantía de los derechos fundamentales y los demás debe recaer como actividad fundamental de un Estado, entendido este como la institucionalidad de las distintas formas de gobierno. La protección de los derechos presupone herramientas que no puede soslayar y entre ellas esta el aparato judicial y el aparato coercitivo, las fuerzas policivas y armadas. Sin estas instituciones, el mantenimiento del orden y de la comunidad seria insostenible ya que es necesario de la coacción y de la razón como mediadores de los problemas que puedan surgir.

Plantea la Constitución del 91, la administración de justicia debe ser ejercida y desarrollada por el Estado a través de sus instituciones con protección de los derechos fundamentales y sobre todo al derecho del debido proceso y de legalidad. Estos nos dicen que solo se investigara y se juzgara por los actos siempre y cuando se encuentre determinado en una norma. El principio “sine lege, nullum crime, nullum poena”, nos acerca al juzgamiento de un acto con el requisito de que exista una ley previamente al acto, que lo tipifique. De esta manera no es dable investigar y mucho menos juzgar cuando no se tenga por entendido una norma vigente al momento de la comisión del hecho o acto punible.

De lo anterior se establece que solo el arquetipo jurídico podrá ser el presupuesto fundamental y a su vez, el condicionante positivo para el accionar del Estado, toda vez que se protege en una Estado Social de Derecho, las libertades individuales y los derechos fundamentales. La regla general en materia de justicia es que todos los residentes en el país serán juzgados de igual forma y por los limites que establezca la ley salvo algunas excepciones, como por ejemplo el fuero militar, el fuero a altos dirigentes, el fuero indígena y la justicia transicional.

Definir a la justicia transicional a prima facie, nos conlleva a develar la intención de administrar justicia solo en eventos que el mismo contexto exige, como por ejemplo la situación nacional. Un contexto descrito por la violencia y la guerra, en este caso, marcado por un conflicto entre el Estado y fuerzas armadas insurgentes, que ha llevado su curso por mas de 50 años y que la utilización de un gran presupuesto para la guerra no se ha hecho con el de este conflicto dada su propia naturaleza, y que las condiciones del marco normativo no hacia posible un acuerdo que fijara un rumbo hacia el fin del conflicto. Esto es, que las normas integrales que en un primer termino serian las que se utilizarían para dirimir las consecuencias de un conflicto bélico como la muerte, la desaparición y demás violaciones a los derechos fundamentales, serian incapaces de resolver y de llevar a cabo una negociación puesto que las condiciones materiales de un evento de gran magnitud exigen la utilización de otros mecanismo que puedan dar solución a un conflicto de esta envergadura.

Ahora, es la utilización de una justicia en transición a un evento en transición la mas pertinente para solucionar un conflicto. Este es el resultado, y al mismo tiempo el móvil, para desarrollar negociaciones que presten los requisitos a su naturaleza y que presten las atenciones que hacen los llamados de un gobierno que precede un proceso de paz.

A la luz del acto legislativo 01 de 2012, que establece instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del articulo 22 de la Constitución Política, encontrado en el articulo transitorio 66, expresa que, los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

El trabajo interpretativo nos permite dilucidar que, como lo expresamos anteriormente, el carácter de justicia transicional debe estructurarse en determinadas condiciones que el mismo contexto nacional exige. En el caso colombiano sub judice, nos permite, primero, reconocer un estado actual de cosas, esto quiere decir que el Estado Colombiano y su población reconoce y da por verdad la existencia de un acontecimiento y una situación anormal a lo expresado en el preámbulo de la Constitución, y que esta circunstancia situacional altera la paz de la Nación, es decir se reconoce un conflicto armado interno. Luego de reconocer el estado actual del contexto nacional, el Estado prevé los mecanismo para solucionar este tipo de anormalidades como lo es el conflicto armado, y como lo celebra el articulo transitorio 66 los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán la finalidad de facilitar la “terminación del conflicto armado”.

En sentencia de la Corte Constitucional, expediente D-9499 por el Magistrado Ponente Jorge Pretelt Chaljub, considera que “el termino transición debe ser entendido como la transición de una situación de conflicto a una de paz, este tipo de transición exige que se ponderen junto con la satisfacción de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación, que son capitales de toda transición, y entre otras consideraciones a este tipo de transición, como son la reintegración de los excombatientes, la prevalencia de condiciones de seguridad en el territorio y en general las garantías de no repetición: no repetición de las violaciones sufridas por las victimas y no repetición de nuevas violaciones en contra de nuevas víctimas”.

Según la Corte Constitucional MP Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia, C – 578 de 2002, la herramienta jurídica de la justicia transicional se supedita en que es “la razón primigenia de un Estado constitucional y democrático cumplir el deber fundamental de proteger a todos sus residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Este deber fundamental sintetiza la esencia del contrato político mediante el cual los ciudadanos de una republica aceptan obedecer a una autoridad democráticamente instituida, conformada, ejercida y controlada, a cambio de que ésta les brinde protección efectiva contra diversas amenazas de distinto genero, dentro de las cuales destacan las amenazas provenientes de toda forma de violencia incluidas las que se manifiesten por el ejercicio arbitrario del monopolio de la fuerza confiado al Estado y la practicada por grupos armados irregulares”. De esta manera, es necesario blindar acuciosamente el proyecto de crear un marco normativo sobre justicia transicional, que se valido, eficaz y razonable y por sobre todo respetuoso con los derechos humanitarios que los determina el bloque de constitucionalidad.

Por otro lado, el artículo 66 transitorio de la Constitución Nacional plantea unos criterios tanto de priorización y de selección que son inherentes a los mecanismos de justicia transicional. Se le otorga a la Fiscalía General de la Nación la facultad de determinar los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Esto es, el Fiscal General podrá determinar el carácter de prioritario o no el ejercicio de la acción penal siempre y cuando se estructuren unos criterios de selección para ejecutar la acción penal. Entendida esta atribución a la Fiscalía General de la Nación por mandato constitucional, toda vez que es esta institución la encargada y la titular de la acción penal.

Los criterios de selección a que hace referencia el articulo precedente se refiere a “centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; así también, como establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados”. Todo esto enmarcado en una ley estatutaria que se encargará de fijar la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección.

La norma constitucional prevé los casos en los que se aplicará los instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley. Así, como también establece que en ningún caso se aplicara las herramientas de la justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte del conflicto armado interno y tampoco a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo.

Así pues, son estas las nociones que se pueden traer a colación sobre la justicia transicional y de las herramientas que esta determina. Para el Ministerio Publico, según la Corte Constitucional. MP, Jorge Pretelt. Expediente D-9499 el “derecho a la justicia constituye una de las cuestiones mas problemáticas en los proceso de justicia transicional, por cuanto confronta el deber del Estado de investigar y juzgar los crímenes cometidos –sumado a las expectativas de las victimas- con aquello que mas teme y, seguramente, le resulta menos atractivo de dejar las armas y cesar el conflicto al victimario: una condena que lo prive de su libertad. Sin embargo, debe recordarse que con el proceso penal el Estado asume el rol central, buscando que la institución del castigo no derive en venganza y que, por el contrario, contribuya a los objetos de reconstrucción del tejido social”.

A manera de conclusión, la ejecución de un sistema penal estatuido y general como lo es el sistema acusatorio penal no resulta pertinente para el desarrollo de una investigación y juzgamiento de un acontecimiento como lo seria una desmovilización, dejación de armas y cese al conflicto armado de un grupo insurgente. Para ello es loable y necesario la institución de un marco normativo especial, razonable y justo, tanto para las victimas como para el Estado y los grupos insurgentes, que se acomode a circunstancias especiales para su implementación ad hoc. Siempre y por sobre todo, este tipo de instrumentos de justicia transicional deber estar supeditado al cumplimiento del deber constitucional de guardar el respeto por los derechos fundamentales y el bloque de constitucionalidad, y que este tipo de herramientas no se encausen en arbitrariedades que conlleven a la impunidad.

BibliografíaCorte Constitucional. MP, Jorge Pretelt. Expediente D-9499.

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