El peligro de las minas antipersonales como oportunidad para transformar vidas

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Johanna Marcela Díaz R.

El 4 de abril se ha declarado como el día internacional de información sobre el peligro de las MINAS, y nuestro ordenamiento jurídico determina que víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como resultado de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011. Igualmente, el bloque de constitucionalidad nos remite al Artículo 2 de la Constitución Política: La integridad territorial y la convivencia pacífica son fines esenciales del Estado, y al Artículo 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población civil son finalidades sociales del Estado.

La Convención sobre la Prohibición de Minas llevada a cabo el 18 de septiembre de 1997 es un Tratado Internacional de desarme que prohíbe la adquisición, la producción, el almacenamiento y la utilización de las Minas Antipersonal, el cual Colombia ratificó mediante la Convención de Ottawa en el 2000, materializándolo a través de la Ley 544 del 14 de enero de 2000 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, de manera que como se puede entender, a pesar de la normatividad prohibitiva de Minas Antipersonales la realidad de las víctimas es otra sin embargo, llega a convertirse en un elemento transformador de vida siendo un motivo para la tan anhelada búsqueda de la felicidad cotidiana.

Según la Gerente de Proyectos del Information Management and Mines Action Program  - IMMAP en Colombia Ana María Arango Domínguez “en medio del conflicto, el Estado es responsable de eliminar el miedo y el daño producido por las minas. Con este fin, el Ejército debe llevar a cabo costosos procesos de desminado mientras guerrillas y paramilitares siguen colocando nuevos artefactos explosivos. También es una responsabilidad estatal el identificar y asistir a los supervivientes de explosiones de minas, que muchas veces se esconden por miedo o se confunden entre las otras muchas víctimas del conflicto y la población civil en general. Asimismo, el Estado necesita asegurar la restitución de los derechos de aquéllos que han sido afectados por la violencia y garantizar su seguridad, mientras continúa participando en un conflicto cuyo fin es incierto”.

El proceso de desminado para Colombia, es un reto monumental en razón a que el gobierno ha estimado que puede durar un periodo de al menos 10 años toda vez que de un total de 1.123 municipios existen minas sembradas en 688 es decir en el 61%. Según datos recopilados la Dirección Contra Minas de la Presidencia el 39 % de las víctimas de minas antipersonal son civiles y Colombia se encuentra catalogado como el segundo país con más víctimas de minas antipersonal. Las minas no discriminan entre civiles o combatientes, niños o ancianos; tienen una vida útil de más de 30 años, y se activan con la sola presencia de una persona que deambule en el campo minado en que se encuentren sembradas dejando desde 1990 aproximadamente 10.001 víctimas.

El Magistrado Dr. Luis Ernesto Vargas Silva en 2012 desde el punto de vista jurisprudencial estableció que “las minas antipersonales constituyen un cinturón defensivo de los territorios y de los recursos que éste contiene, como la población, los cultivos de coca, los refugios, los corredores estratégicos, etc. Las guerrillas controlan sus territorios cercando con minas a las comunidades que habitan allí. A manera de murallas invisibles o de un ‘cerco hacia adentro’, las minas antipersonales además de protegerse del terror y de las masacres de grupos irregulares enemigos, sirven para confinar a una población que es sometida a las leyes y a la tributación de un grupo armado. Cuando este grupo armado irregular es derrotado militarmente por otro grupo irregular, los vencedores por lo general desplazan a la población nativa y despliegan a su propia población en el territorio. Por otro lado, y teniendo en cuenta las obligaciones contraídas por el Estado colombiano al firmar la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), específicamente la obligación de identificar todas las zonas bajo su control o jurisdicción en las que se tenga conocimiento o se sospeche que hay minas antipersonal, y de adoptar todas las medidas necesarias para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, y estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas”.

Así mismo, el gobierno se ha visto declarado como garante de los derechos de las víctimas por Minas Antipersonales, tal como lo evidenció el Consejo de Estado el 22 de enero de 2014 revocando la sentencia del 25 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, declarando patrimonialmente responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, por la muerte de José Antonio Tobón Rúa, en hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, en el municipio de Yalí, Antioquia. La demanda de reparación directa, interpuesta por Ana Delia Rúa Giraldo y otros, también condenó a los responsables a pagar cerca de 400 millones de pesos a los familiares de la víctima por perjuicios morales. La sentencia del Consejo de Estado, además, le hizo un llamado a Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, para que se incluya la problemática de las minas antipersonal como un punto concreto en las negociaciones que se adelantan con la guerrilla de las FARC, en La Habana, Cuba. Lo anterior, es un antecedente que demuestra un genuino interés de la justicia para que sean cumplidos los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en relación con la erradicación de las minas antipersonal, y envía un mensaje muy importante que este flagelo no va a quedar en la impunidad, las víctimas serán reparadas, y el tema debe quedar en la mesa de diálogos.

Así pues las víctimas de Minas Antipersonales son finalmente quienes afrontan la realidad al lado de sus familiares tratando día a día de manejar y superar el dolor sin importar edad, condición, color, para ellas, nada es tan fuerte para que sus sueños sean apaciguados, por el contrario es esa nueva condición de víctimas la que hace que resurjan como el ave Fénix brillando a pesar de la adversidad moral y física.

La nueva oportunidad que experimentan a raíz de ser víctimas de ese peligro silencioso denominado Minas Antipersonales, es la razón para transformar sus vidas, y es el motor para reclamar sus derechos sociales ante el Estado pese a la adversidad generada en torno al conflicto armado del país.

Las Minas explotan en sus vidas como una semilla de esperanza en una Colombia que naufraga entre la brecha del bloque de constitucionalidad, y la realidad territorial sufrida por las víctimas, quienes persisten en su lucha cotidiana. Las escazas oportunidades ofrecidas por el Estado como garante de derechos, no menguan a las personas para lograr entender que las limitaciones ocasionadas por las Minas son hoy, la fuente de su mayor riqueza en un entorno que les arrebata la tan anhelada felicidad, y de esta forma se convierten en los nuevos testimonios de justicia y en los guerreros silenciosos que enfrentan el peligro de las Minas Antipersonales.

BIBLIOGRAFÍA

Dirección contra Minas. Víctimas de Mina Antipersonal.

Recuperado el 1 de Abril de 2016, de http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx

Sentencia del Consejo de Estado evidencia que el flagelo de las minas antipersonal no quedará en la impunidad. Enrique Gil Botero.

Recuperado el 2 de Abril de 2016, de

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Sentencia T-025, Luis Ernesto Vargas. (Corte Suprema de Justicia 20 de Septiembre de 2012).

Ley 1448, Congreso de la República (11 de Junio de 2011).

Ley 544, Congreso de la República (14 de Enero de 2000).

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA). Guía para la Asistencia Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), (2014).

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