¿Qué factores socio-jurídicos han sido determinantes en la desprotección del Estado hacia los Nukak Makú?

Nukak Maku - Los últimos nómadas 4 © Santiago La Rotta
Nukak Maku - Los últimos nómadas 4 © Santiago La Rotta

YESENIA TRUJILLO RAMÌREZ

INTRODUCCIÓN

La invasión en territorio Nukak se intensificó a partir de la década de 1980 como consecuencia del incremento de los cultivos de coca y del creciente enfrentamiento entre las fuerzas armadas de la insurgencia, las Fuerzas Militares del Estado y los grupos paramilitares, hoy continúa.

Con la ejecución de las masacres sobre el río Guaviare en Mapiripán y Puerto Alvira (Caño Jabón) a partir del año de 1997, los paramilitares iniciaron las disputas con las FARC por el control de la región, de manera que el conflicto armado ingresó al territorio Nukak. El enfrentamiento entre autodefensas y guerrilla desplazó dramáticamente a grupos locales Nukak.

Hace siete años, los Nukak Makú iniciaron un desplazamiento forzado por el Guaviare como víctimas de la violencia de los grupos armados, así las cosas, abandonaron su reserva ancestral y desde hace ocho meses crearon asentamientos en el municipio de San José.

En 1988 la población de Nukak Makú sumaba 1.300 indígenas. Actualmente son menos de 500, de los cuales 160 se desplazaron a San José del Guaviare. (Páez, 2006, p. 1).

La historia de este grupo étnico ha sido acompañada de una fuerte desidia institucional donde ha existido ausencia de voluntad política por contar con la opinión de los mismos Nukak. La ausencia de una conciencia nacional sobre lo que representan los Nukak y sus problemas es notoria, existiendo falta de atención debida en las instancias institucionales.

La barrera comunicacional los pone en mayor estado de indefensión y no se encuentran en condiciones físicas y jurídicas para neutralizar los efectos violentos contra ellos y hacer valer sus derechos.

UN MIRADA A LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA AUSENCIA DE PROTECCIÓN DEL ESTADO A LOS NUKAK MAKÚ

No se puede pasar por alto la problemática que se vive en aquellas culturas indígenas  que de cierta forma han sido desprotegidas por el Estado como son los Nukak Makú, habitantes en zonas como el departamento del Guaviare, y que debido a la llegada de colonos blancos atraídos por la bonanza de la coca, a la lucha por el control de las zonas de cultivo entre paramilitares y guerrilla  han sido víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos y tal como lo anunció la Comisión de Derechos Humanos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el problema sigue vigente y se puede resumir así:


Los grupos étnicos siguen siendo víctimas de violaciones de sus derechos civiles y políticos, en especial el derecho a la vida, así como de discriminación racial, intolerancia y exclusión social. Sus derechos económicos, sociales y culturales se ven afectados por las condiciones de pobreza y exclusión en las que se encuentran. El conflicto armado agrava aún más esta situación y amenaza, en consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos”. (Inglaterra, 2003, p. 1).  

Por esto es pertinente realizar un análisis de la situación que se está viviendo y detectar dónde el Estado está fallando en su intervención y proponer estrategias que direccionen el Estado Social de Derecho hacia estas zonas vulnerables.

Teniendo en cuenta que el derecho procura analizar, interpretar y aplicar las normas para vivir en sociedad, como saber social, permite la convivencia civilizada la cual debe ser impartida en todo el territorio Colombiano.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el momento mismo del declive demográfico, los esfuerzos políticos y legales que han tenido en el punto de mira a los pueblos indígenas han estado marcados por una equívoca relación entre fomentar su existencia o su desaparición. Una cruda realidad social, en la cual los pueblos indígenas son objeto de avanzadas violentas que buscan su desaparición física, coexiste con verdaderas cruzadas jurídicas que pretenden su conservación simbólica.

Las ofensivas que marcaron la política judicial en materia indígena a partir del siglo XIX, son ahora contrarrestadas, desde el punto de vista jurídico, por una firme campaña conservacionista que considera al pueblo indígena como un ente capaz de existencia jurídica, cultural y, a veces, casi biológica. En Sentencia T-380 de 1993 la corte constitucional señala: “la comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos”.

Las medidas actuales que se adoptan para favorecer legal y constitucionalmente a los pueblos indígenas se basan en un discurso histórico específico. Este discurso histórico, que coincide en sus elementos, dispositivos y recursos con el desplegado por los representantes indígenas durante la Asamblea Nacional Constituyente, muestra el presente indígena como la consecuencia de un pasado de opresión, oprobio y violencia.

Este discurso sirve, por ejemplo, para justificar la necesidad de que algún recurso jurídico presentado por un pueblo indígena para obtener la titulación de tierras sea resuelto rápidamente, pues siendo evidente el abandono, humillación y discriminación a los que han sido expuestos los indígenas durante siglos, se hace necesario que se imponga siempre a su favor un trato preferencial. Sentencia T-567 de 1992, con Magistrado ponente: José Gregorio Hernández, La Corte Constitucional ha declarado que: “las comunidades indígenas tienen derecho a recibir un trato preferencial en la resolución de las peticiones presentadas ante las autoridades, más aún cuando se trata de aquellas que se refieren a la constitución de resguardos”

La Corte ha negado la posibilidad de construir pistas aéreas en territorios indígenas para facilitar el acceso de grupos religiosos que pretenden su evangelización, por cuanto la nueva Constitución consagra el derecho de propiedad privada de los indígenas sobre los resguardos.

Además, ha respaldado la afiliación de los miembros de las comunidades indígenas al sistema de seguridad social dentro del régimen subsidiado. La historia se convierte en un dispositivo especialmente fuerte que legitima y justifica el actual proceso de definición del régimen constitucional aplicable a los pueblos indígenas.

La desaparición de un pueblo indígena implica un paso más hacia la desaparición de la vida humana como un todo. En la medida en que la vida indígena depende esencialmente de la protección de la naturaleza, y la conservación de la naturaleza depende de los grupos indígenas que son sus guardianes, la ausencia de alguno de ellos acarrea la potencial extinción del otro. Sin indígenas la naturaleza está desprotegida y sin naturaleza no son posibles la vida indígena ni la vida humana. En Sentencia T- 405 de 1993 con Magistrado ponente: Hernando Herrera, La Corte Constitucional señala:

La protección al ambiente es la respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión firme y unánime de la población mundial”.

La cultura indígena arraigada en lo natural, que antaño era catalogada como salvaje, primitiva y como un obstáculo para el desarrollo, ahora aparece como un recurso necesario para alcanzar un desarrollo sostenible.

“El conocimiento que manejan los operadores jurídicos es limitado y se circunscribe a una serie de lugares, técnicas y discursos específicos. Es, pues, comprensible, que para entender los hechos de un caso, evaluar el impacto de una decisión y hacerla legítima, los jueces se apoyen en expertos que posean un conocimiento autorizado que supere el conocimiento de receta que todos los miembros de una sociedad pueden tener sobre temas particularmente complejos”. (Ariza, L. (2009) p. 26)

En sentencia T-342 de 1994. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell, La corte señala:

“Es muy poco lo que se sabe de la comunidad indígena ‘Nukak-Makú’, de su forma de vida y de su sistema social, económico y cultural”, se queja y concluye la Corte después de revisar el material existente sobre esta comunidad. La única información que existe sobre esta comunidad, agrega, ha sido producida por misioneros y “por antropólogos investigadores de la Universidad Nacional y del Ministerio de Gobierno”. Con todo, gracias a esa escasa información, la Corte aprendió que los Nukak-Makú “basan su subsistencia en la recolección de frutos y en la caza, lo cual es consecuente con su estado de nomadismo” aunque, agrega, La postura del Ministerio de Gobierno elimina el llamado criterio objetivo para la definición de la identidad indígena.

En este sentido, las prácticas culturales que definirían a una persona como indígena pueden ser desplegadas y reproducidas más allá del territorio donde está asentada la comunidad. Así, una persona que deja atrás a su comunidad y emigra a las ciudades no abandona su identidad sino que la traslada a otro lugar donde puede hacerla realidad. Distinguir entre unos y otros, entre aquellos que permanecen y aquellos que se han ido, resulta por lo tanto discriminatorio.

El Ministerio Público respalda este argumento, señalando que no es posible distinguir entre los indígenas que residen en el territorio y aquellos que se han trasladado a otros espacios. El criterio fundamental, en este caso, es que la persona conserve su integridad étnica sin importar el lugar en donde se encuentre, sea el territorio ancestral del resguardo o un barrio de una ciudad cualquiera.

El problema que encierra la cultura de los Nukak Makú se basa en las limitaciones que grupos al margen de la Ley han causado en el desarrollo etnográfico, tradicional y costumbrista de la tribu del Guaviare. Suelen vivir en grupos pequeños de seis a 30 personas unidas por relaciones de consanguinidad, generalmente se desplazan en busca de zonas que tengan agua, frutos, pesca y caza.

Los Nukak Makú son la única etnia nómada de Colombia, y una de las pocas que conserva el mundo. La preocupación del momento se mide debido a su grado de extinción todo por la violencia que ha llegado hasta sus selvas.

El inventario de sus propiedades es elemental: el chinchorro para dormir, la cerbatana para cazar y los canastos para llevar los frutos que recogen de la selva. Nada más. Dedican sus jornadas a caminar la manigua. Así han sido siempre. Muchos años atrás disponían de la selva entera, pero en los últimos tiempos los colonos primero, y los actores armados después, los han ido cercando.

Luego de hacer una rotación histórica de la tribu, el problema que interesa surge por la vulneración que hace años sufren los indígenas debido a que han sido víctimas de desplazamientos forzados, interrupción de desarrollo cultural, violaciones, y demás que han generado un desorden cultural para la tribu y por ende su decrecimiento. Profesores de universidades como Gerardo Ardila, investigador de centro de estudios de la Universidad Nacional relata historias con actores reales del conflicto que enfrenta la tribu desde los últimos tiempos, como bien lo publica en su texto: El rio Guaviare, espejo de Colombia.

Aunque en la agenda presidencial y por consiguiente en la de Acción Social, este tema sea uno de los primeros para proteger, se siguen denotando las amenazas que sufren los miembros de la cultura Nukak debido a la insistencia de los grupos al margen de la Ley en su posición de apoderarse de territorios pertenecientes a la tribu.

La Constitución actual no deja de contradecirse. El cambio constitucional de 1991, implica modificaciones en el modo como ha venido siendo el Estado; es decir, cómo ha tomado decisiones políticas respecto de la distribución presupuestal y de cobertura de servicios. En el Estado social de derecho se parte de la desigualdad real y de la misión para configurar una igualdad verdaderamente real. Esto implica aceptar que a los indígenas se los discriminó y excluyó materialmente de bienes para el desarrollo, al punto que se puso en peligro tanto su vida biológica como sus sistemas culturales. Es decir, nada menos, que se puso en peligro el derecho a la vida y el derecho a su integridad como personas.

La Constitución de 1991 estableció en dos de sus diez principios fundamentales, los artículos 7 y 8, que: El Estado reconoce y protege la diversidad cultural étnica y cultural de la Nación colombiana y que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

En la actualidad, existen muchas controversias frente a cómo están protegidas las comunidades indígenas y además de qué forma se deben procesar bajo la concepción que se establece en el artículo 246 de la Constitución política de Colombia.

Sin embargo este texto encierra únicamente el aspecto procesal en materia penal de las comunidades indígenas.

En este artículo se debate el procedimiento de la jurisdicción indígena frente a la jurisdicción penal actual en Colombia. El marco del problema se denota a partir de si se ve restringido el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas cuando estos mismos cometen los delitos y son juzgados por la jurisprudencia ordinaria.

Uno de los rasgos relevantes es la no normativización, esto representa que el derecho indígena no puede ser sometido a un conjunto de normas escritas, porque se apoya imprescindiblemente en la tradición oral, la administración de justicia indígena al sancionar las faltas cometidas por sus integrantes ostenta un sistema de autoridad claramente definida con sanciones para quienes se desvíen de las reglas”. (O. García, G. 2010. Pág. 2).

Para darle seguimiento a este tema, es relevante saber qué significa la justicia dentro de las autoridades indígenas como en la jurisdicción penal ordinaria.

“Este fenómeno hoy en día es de un trasegar importante en la consideración de la dignidad humana como piedra angular en los dos sistemas “judiciales”, de tal forma que la concepción de justicia debe darse mediante un proceso de consenso mínimo que determine los principios de justicia social donde todos los sectores de la sociedad puedan converger, y es a partir de ellos que las instituciones se conciben y se construyen”. (O. García, G. 2010. Pág. 2).

La Corte establece que los jueces en general, con el fin de preservar los derechos de los indígenas, pueden intervenir en asuntos relacionados con dichos grupos étnicos pero sin sobrepasar y dañar la autonomía y autoridad de los mismos. Ahora bien, si dichas comunidades no pueden defenderse por sí solas, y se les está violentando ciertos derechos aprobados por la Constitución Nacional, qué entes pueden intervenir en estos procesos.

Para que exista la cohesión social, las autoridades están obligadas a tener presentes las tradiciones y las competencias de la Jurisdicción Especial indígena, la independencia no es total para las comunidades indígenas, en su jurisdicción cabe resaltar que existe una profundidad de análisis para saber si el indígena puede llegar a ser juzgado, por fuera de su comunidad.

“La Corte Constitucional ha manifestado que para tener derecho a ser procesado y juzgado por la jurisdicción indígena se debe tener en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de asimilación de la cultura a la que pertenece, para entrar a determinar el caso en concreto si el indígena sea juzgado y sancionado con el ordenamiento jurídico nacional o si por el contrario debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus autoridades de acuerdo con sus normas y costumbres”.(O. García, G. 2010. Pág. 7).

En el documento: “Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional” de Frank Semper, se analiza cómo ha sido la problemática a nivel internacional principalmente en los países latinoamericanos tales como Bolivia y Ecuador en cuanto la divergencia de alcances y límites de los Estados constitucionales con la autonomía indígena.

En Colombia la Constitución Política de 1991 concedió a los pueblos indígenas bastante autonomía y derechos que permitan el respeto a su pluralismo cultural, además se creó un instrumento que garantiza una protección de los derechos fundamentales y es a través de la acción de tutela. Es así como este cambio permitió la participación democrática de la comunidad indígena en la asamblea constituyente y de esta forma se ratificó Colombia en la Convención 169 de 1989 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y se tradujo en derecho nacional mediante la Ley 21 de 1991 en que se constituye la Convención Internacional más amplia para garantizar los derechos indígenas. Según la Corte Constitucional las disposiciones constitucionales y las regulaciones de la Convención 169 de la OIT forman un bloque de constitucionalidad.

En el artículo 7 de la Constitución Política colombiana se señala el principio a la diversidad étnica y cultural estableciendo un estatus especial para las comunidades indígenas, permitiéndole ejercer sus derechos de legislación y jurisprudencia dentro de su área territorial siguiendo sus valores culturales, autogestión siguiendo sus costumbres autóctonas.

Los derechos centrales de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas buscan asegurar su territorio, fortalecer y desarrollar su autodeterminación y proveer a una justa participación en el Estado y sus instituciones.

La Corte Constitucional enumera expresamente los derechos fundamentales de la comunidad indígena:

El derecho a la subsistencia a resultas del derecho a la vida. (Artículo 11 de la CP)

El derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica a resultas del derecho a la integridad física. (Artículo 12 de la CP).

El derecho a la propiedad de la tierra comunitaria.

El derecho a la participación en decisiones y medidas que pudiesen afectar a las comunidades indígenas, en particular relacionadas con la extracción de recursos naturales en sus territorios según el artículo 6.15 de la Ley numero 21 de 1991, artículo 330 de la CP.

La Ley sobre la Reforma Agraria social, Ley 135 de 1961 fue sancionada con la intención de democratizar las actuales formas de propiedad de las tierras, reconociendo a las comunidades indígenas, aun cuando a los efectos de insertarlos en el sistema económico capitalista como unidades de producción y consumo.

La autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas no se funda sólo en las disposiciones constitucionales, además en cuestiones políticas y jurídicas, estableciendo sus propias prioridades del proceso de desarrollo.

La Corte Constitucional destaca que sólo con un máximo de autonomía se puede asegurar la supervivencia cultural de las comunidades indígenas.

Podemos concluir entonces que el Estado colombiano posee herramientas jurídicas para proteger los derechos fundamentales de las comunidades y resguardos indígenas.

Con la Constitución Política Colombiana se abre paso a la garantía de la autonomía indígena que permita el respeto por su democracia y pluralismo.

El Estado reconoce su labor de especial protección a estas comunidades y señala que son sujetos de especial protección, sin embargo todavía falta por parte del legislador mejor coordinación con las disposiciones nacionales con el fin de evitar violación de los principios y derechos consagrados por la comunidad indígena.

Se debe incluir a representantes de las comunidades indígenas en las instancias nacionales con el fin de evitar el antagonismo y discrepancias de ambas jurisdicciones, mejorando así la comunicación que permita mayor cobertura y seguridad en el territorio indígena.

El Estado no valora suficientemente el patrimonio cultural, lingüístico y de intuiciones tradicionales de los pueblos indígenas, particularmente los referidos a las prácticas médicas y no ejecuta programas para que se respete su espiritualidad, creencias, ritos y lugares sagrados, lo cual repercute en los jóvenes, que no ven su sociedad como valorable.

Reconocer a las organizaciones y autoridades tradicionales indígenas como interlocutores válidos, restableciendo una comunicación directa y permanente entre éstos y las entidades del Estado.

El derecho a la diferencia entre los pueblos sólo se puede plantear de modo adecuado desde el postulado de la igualdad, ya que ellos cuentan y deben contar con los mismos derechos que todos, pero para el fortalecimiento de su distintividad deben adecuarse los medios.

Es de vital importancia complementar las percepciones con el análisis de los objetos culturales del grupo, tales como expresiones artísticas, bailes, vestidos, costumbres en las comidas, en el empleo de las horas libres, en el habla común, procesos de aprendizaje, mecanismos de sanción a conductas punibles, etc., y las relaciones que se dan entre los diversos símbolos y manifestaciones. En la práctica, el empleo de mapas conceptuales representativos de tales nexos facilita y retienen las percepciones colectivas.

Podemos decir que si bien un proyecto de investigación etnográfica por sus características mismas de investigación (esencialmente cualitativa proyectada a la cultura) goza de una gran flexibilidad en su proceso, juegan en el procesos a veces antecedente uno a otro y de todos modos, concomitantes: el proceso deconstrucción de un marco teórico por medio de categorías deductivas (primordialmente) e inductivas; el desarrollo metodológico–operativo que le va dando consistencia científica al proceso y a los productos del proyecto.

El interés fundamental de una investigación etnográfica es analizar, entender e interpretar la cultura de una comunidad; la metodología que se asuma en el proyecto debe, por lo tanto, llevar a dicha intención

Un vistazo hacía sus Derechos Humanos

Desde que el Estado tiene conocimiento sobre la situación de vulnerabilidad de los Nukak Maku en Colombia, se han manifestado con estudios que según quienes han estado detrás de este tema, trabajan desde 1990. Desde esta fecha para el Estado dicha tribu ha sido una “urgencia” que ha buscado salvaguardarla física y culturalmente.

Sin embargo, se nota que la falta de inmediatez, recursos como lo plantean algunos funcionarios del Estado, además de la riguidez de la estructura gubernamental, han impedido que las soluciones se efectuen, lo que desde 1990 hasta la actualidad, lleva en deterioro y hoy en vía de extinción a los únicos nomadas de Colombia, y porque no de América Latina.

El Programa Presidencial para el Desarrollo de los pueblos índigenas, la Dirección de Asuntos índigenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior de Colombia, plantea tres momentos del accionar institucional, en el que el Estado ha buscado soluciones urgentes a las adversidades de los Nukak Maku, por lo tanto, con la información suministrada dentro de este aporte investigativo se analizará de forma eminente.

Primer momento: “Las acciones de atención inmediata para evitar la desaparición de la población por el contagio de enfermedades transmitidas por colonos. De este periodo, a finales de los años ochenta, se puede mencionar el traslado de la población Nükak a Wakara en Mitú, donde habita un grupo Kakua del que se pensó que los Nükak eran parientes cercanos” (Programa Presidencial para el desarrollo de los pueblos índigenas, p 3. 2011).

Sin embargo, los textos en la Internet, estudios de la Organización Nacional Indígena en Colombia, investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia del área de Antropología que hemos traído a colación dentro de esta investigación, todas coninciden en que la ubicación de los Nukak Maku sigue siendo la misma, entre el río Guaviare e Inirida. ¿Si pensamos en el constante desplazamiento que la radiografía de los Nukak Maku describe, y su movilización en grupos de no más de 40 indígenas, ¿Se podría pensar que la cercanía geografica de Vaupes frente al Guaviare, podría ser para los nomadas uno de los tantos refugios que buscan en el sur colombiano?

Segundo momento: “La respuesta de las instituciones del Estado a las acciones de tutela interpuestas en la década de los años noventa para amparar derechos fundamentales del pueblo Nükak Así, en 1992 el JuzgadoTercero Civil de Villavicencio ordenó a Ecopetrol suspender la exploración petrolera en territorio Nükak. Un año después, el Tribunal Administrativo de Villavicencio ordenó al INCOM la constitución del resguardo indígena Nukak Makú; en 1994, por medio de la sentencia T - 442/94 se tutelan los derechos a la libertad de culto y libre desarrollo de la personalidad, que estaban siendo violados por la acción evangelizadora de los misioneros de Nuevas Tribus. En 1997 la Defensoría del Pueblo interpone una acción de tutela a la División General de Asunto Indigenas del Ministerio del Interior por no emitir los conceptos necesarios para tomar decisiones de adopción de menores Nükak en desarrollo del programa de restitución de derechos del ICBF”. (Programa Presidencial para el desarrollo de los pueblos índigenas, p 3. 2011).

En este momento cabe mencionar que efectivamente los Nukak Maku cuentan con un terriotorio en Colombia, oficialmente protocolizado por el Estado, además de las acciónes de tutelas interpuestas que han arrojado resultados beneficos como lo demuestra este momento, sin embargo ¿El territorio pertenenciente a los Nukak Maku, es respetado? No.

Lo anterior debido a razones que se han explicado con mayor amplitud, como lo son la problemática con los grupos ilicitos, tanto narcotraficantes como guerrilleros. Además ¿Por qué si las acciones demuestran tan buenos resultados como en el ejemplo anterior, por qué no se ha interpuesto una en pro de la protección de los los derechos humanos de la tribu, sabiendo que acción tras acción del conflicto de guerra la vulnera continuamente?.

Terce momento: La ayuda humanitaria de emergencia para la atención a la población que desde 2003 llega a San Jose del Guaviare, tras el reclutamiento del conflicto en medio del río Guaviare. Esta atención se mantiene hoy en día. En marzo de 2008 la Presidendia de la República ordena al ICBF constituir una unidad movil que atienda a la población índigena afectada por el conflicto armado y le dé prioridad a los Nukak. Ese mismo año, la entonces Acción Social y el ICBF coordinan la entrega de remesas en 2009 el ICBF desarrolla la minuta de alimentación diferecial para este pueblo. Estas acciones se mantuvieron hasta el año anterior.” (Programa Presidencial para el desarrollo de los pueblos índigenas, p 3. 2011).

Este tercer momento plantea acciones positivas frente a la salud de la tribu, pero porqué “Estas acciones se mantuvieron hasta el año anterior. Es decir, desde el 2009 se adelantaban dichas acciones, y a la fecha, ¿no se ha hecho nada?, sabiendo que dicha acción brindó protección en su momento a los Nukak Maku. Del 2009 al 2012, hay tres años sin esta medida. ¿Acaso dichas acciones se resumieron en ese estudio?.

Cuarto momento: “La declaratoria del “conocimiento de la naturaleza y la tradición oral” como Bien de Interés Cultural de la Nación en 2004. Esta acción del Congreso de la República buscó la construcción de un modelo de protección a la cultura Nukak. Con la reforma a la Ley General de Cultura, por medio del Decreto 1185 de 2008, los Bienes de interés Cultural de la Nación pasaron a engrosar las Listas de Patrimonio Cultural de la Nación, lo que ha posibilitado intervenciones del Ministerio de Cultura para la salvaguardia de las expresiones culturales de este pueblo desde 2010. (Programa Presidencial para el desarrollo de los pueblos índigenas, p 4. 2011).

Con este momento se abre la posibilidad de ampliar la protección que el Estado le debe brindar a los Nukak, sin embargo y a pesar de las declaratorios de protección, las estadísticas actuales del inminente riesgo de desaparición de la tribu, demuestran que los esfuerzos del Estado, no son suficientes.

Quinto momento: La Organización y funcionamiento de la Mesa Indígena Municipal de San José del Guaviare, espacio de concertación que ha permitido coordinar acciones y buscar recursos de la Nación y la cooperación internacional para el pueblo Nukak. La Mesa Indigena Municipal ha posibilitado el desarrollo de los Lineamientos para un Plan Integral de Atención Diferencial por sus siglas conocido como PIAD (PNUD y UN, 2009) y la consolidación de dicho Plan a través del convenio entre la Unión Europea y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (UE y CDA, 2011).

Con esta situación, se refleja un interes por buscar acercamientos a la vulnerabilidad de la Tribu, pero más allá de estos esfuerzos, deben sumarse las acciones, puesto que el tiempo es corto para la forma en como decrece el grupo nomada.

Sexto momento: “El proceso de formulación del Plan de Salvaguarda Étnico del pueblo Nukak, de acuerdo con el Auto 004 de 2009 ordenado por la Honorable Corte Constitucional , debe constituirse entonces en el escenario adecuado para asumir desiciones trascendentes, en relación con esta realidad. De este plan ya se ha avanzado en la construcción concertación de la ruta metodológica y la consolidación del documento pre-diagnóstico de la situación actual”. (Programa Presidencial para el desarrollo de los pueblos índigenas, p 3. 2011).

A pesar de que la Corte Constitucional emitió este apronunciamiento en pro del favorecimiento de la tribu Nukak Maku, aun no existe una base consolidada sobre el plan de mejoramiento para ellos, y continuan en la etapa pre-diagnóstico de la situación actual. La estructura del Estado y su rigurocidad para llevar procesos como estos, permiten que el tiempo trascurra sin soluciones, que los problemas crezcan y que en el momento de actuar, sea demasiado tarde. Al final, todos los esfuerzos resultan ser en vano.

Sobre sus derechos al territorio en el Guaviare colombiano

El Estado colombiano le ha otorgado a los Nukak Maku un territorio de 632.160 héctareas, esto según la Resolución N° 136 de 1996. Más adelante se ordenó a través de una nueva resolución N° 00056 de 1997, ampliar dicho terreno a 954.480 héctareas. Siendo esto constitucionalmente legal, el grupo nomada, no ha podido gozar de dichos beneficios jurídicos, debido al conflicto armado que se desata en esta zona.

Sumado a ello, este estudio que plantea el Gobierno Nacional del 2011, reporta planes que se vienen estructurando desde el 2009, sin mostrar ninguna solución, pues la estadística promedio es el fallecimiento de 16 Nukak, en los últimos cuatro años debido a enfermedades respiratorias, tuberculosis, paludismo, entre otras afecciones.

El hostigamiento de las FARC en territorio Nukak, uno de los principales problemas y quien ha desatado una cadena de hostigamientos en los mismos, como el desplazamiento forzado que les ha obliga a abandonar sus zonas de adaptación hacia poblaciones más rurales, en donde se han visto en riesgo, por su cambio de vida.

Sin embargo el problema no solo se refleja en el desplazamiento obligado, que los grupos al margen de la ley efectuan sin sentido humano. En un recorrido del señor Becca Stenham, un extranjero de la organización Survival, que llega a Colombia con sentido de pertenencia, a averiguar por lo que no le pertenece, pero tal es su amor por grupos como los Nukak que los siente tan propios, que a través de un comunicado publicado por la Revista Semana, le pide al Gobierno que garantice la protección de la única tribu nomada de la selva amazonica.

Pese a esa lucha que han sostenido en nombre de los pueblos indígenas, y a las miles de batallas jurídicas que encabezan, las poblaciones que ellos tratan de proteger siguen bajo un manto terrible de malas noticias: tal y como lo dice el informe “Palabra dulce, aire de vida”, de los 102 pueblos que viven en Colombia, 32 de ellos despiertan una gran preocupación puesto que cuentan con una población de menos de 500 personas.

De los 32, 18 tienen una población inferior a las 200 y 10 tienen menos de 100 individuos. Incluso se sabe de una población indígena con un solo miembro, un sexagenario que conoce todo, desde la religión y las tradiciones hasta la lengua. Toda una civilización reducida a una sola persona es un dato que genera escalofríos.

La institucionalidad del país, por ejemplo la Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo, pero no suficiente. Los pueblos indígenas se extinguen con el paso inclemente de los días y de los hechos.

A los pueblos indígenas les falta mucha atención. Hacen falta más esfuerzos. La Constitución de 1991 fue una apertura, pero aún falta un camino que trazar. Con todo, con las masacres, con los indígenas asesinados año tras año, con el peligro vivido por el pueblo de los Nukak-Maku, denunciado internacionalmente, con los desaparecidos, la batalla por su supervivencia debe continuar.

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Sentencia T-039/97. Magistrado ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell

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