La justicia transicional en Colombia

ROBERT DE JESUS MURCIA ARIAS

HIPÓTESIS:

EL GOBIERNO DE COLOMBIA EN VARIOS DE SUS PERIODOS PRESIDENCIALES SE HA VALIDO INAPROPIADAMENTE DEL CONCEPTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL PARA FACILITAR LA REINSERCIÓN A LA VIDA SOCIAL DE ALGUNOS INTEGRANTES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

OBJETIVOS

  1. Evaluar si el término de justicia transicional, se puede aplicar para el caso colombiano de acuerdo con las definiciones que sobre la materia se le ha dado a nivel internacional.
  2. Establecer si los desarrollos legislativos y normativos adelantados, para los procesos de desmovilización promovidos durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, para el caso de los paramilitares, y del actual gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, para el caso del grupo guerrillero de las FARC, se pueden considerar enmarcados dentro del concepto internacionalmente creado para la justicia transicional.

MARCO CONCEPTUAL

ANTECEDENTES HISTÓRICOS NACIONALES

Desde la época de la independencia, Colombia se ha visto enfrentado a constantes conflictos armados internos, como en el caso de la guerra de los mil días que sucedió durante el periodo comprendido entre los años1899 y 1902.

Años después el país se ve afectado por la diferencia de ideologías políticas que emanan de los partidos políticos, los cuales se repartían el poder de gobierno del estado colombiano Hacia el año 1946 se originó la llamada época de la violencia entre conservadores y liberales, la cual fue caracterizada por sus altos niveles de violencia y terrorismo, en encabeza ya de grupos ilegales alzados en armas que impartían terror por medio de las armas. De esos grupos se pueden mencionar a Los Chulavitas que ejercían influencia en el Departamento de Boyacá y los Pájaros en el Departamento del Valle del Cauca.

Como consecuencia de esos hechos violentos, los colombianos se han visto sometidos al imperio de la violencia y a los delitos que como consecuencia se derivan de esos periodos de inestabilidad social. Desde esos tiempos ya se hablaba de desplazamiento, desaparición forzosa, genocidios y crímenes de lesa humanidad.

A partir de los sucesos del 9 de abril de 1948 que terminaron con la existencia del líder político Jorge Eliecer Gaitán, se originó el levantamiento popular denominado el Bogotazo, el que a pesar de que tuvo origen en la ciudad capital, se extendió por varias regiones del país. Debido a estos sucesos nacen las denominas guerrillas liberales incentivadas por la falta de reconocimiento y garantías del grupo político para participar de las contiendas electorales. A su vez, simpatizantes del partido conservador que en esos momentos ostentaba el poder de gobierno, se organizaron en grupos violentos para enfrentar a sus opositores en diferentes regiones del país, generando las llamadas guerras bipartidistas. Simultáneamente, otros grupos armados se fueron creando como simpatizantes del gobierno, en contra de este o con fundamentos comunistas como rechazo a la campaña americana de expansionismo capitalista.

La lucha final de los partidos terminó con un periodo de transición mediante la firma de un acuerdo bipartidista, mediante el cual los partidos liberal y conservador se repartieron el poder durante los siguientes 16 años, acuerdo que se conoce con el nombre de frente nacional. No obstante lo anterior, a partir de la lucha internacional que se desataba entre el capitalismo y el comunismo, grupos insurgentes que apoyaban este último modelo de gobierno, se organizaron militarmente dando a origen hacia mediados de los años 60 a nuevos grupos insurgentes como las autodenominados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC quienes ante la constante persecución y hostigamiento de las fuerzas militares del estado, se ven obligadas a desplazarse al sur del país, generando así el nuevo concepto de guerrillas móviles. A partir de esos pensamientos comunistas, con el apoyo del Gobierno de Cuba nacen otros grupos alzados en armas como el EPL y ELN quienes en sus orígenes no recibían más que duros golpes de parte de las fuerzas militares del estado.

Para el mes de septiembre de 1977, ante las inconformidades de los ciudadanos colombianos, las centrales obreras promovieron un paro cívico, que fue enfrentado con excesiva dureza por parte del estado colombiano, dejando así, más de dos decenas de muertos. Ante estas circunstancias, y por el descontento generado en la población al ver vulnerados sus derechos de libre manifestación y protesta, un grupo de estudiantes se subleva y se une a la insurgencia representada en algunos grupos guerrilleros, como el recién conformado M-19, quien aprovechando la situación de impopularidad del gobierno de turno, se convirtió en un verdadero actor político logrando la simpatía de muchos ciudadanos, basados en sus principios filosóficos comunistas.

Importantes golpes dio este grupo revolucionario al estado, tales como el robo de la espada de Bolívar, convirtiéndose esta en el símbolo de su lucha armada, la toma de la embajada de República Dominicana, el robo de más de 5.000 armas del Canon Norte y la toma del palacio de justicia, lo que desató la ira del gobierno central, generando una ardua persecución contra el grupo subversivo, hasta lograr su sometimiento.

Para ese entonces comenzó alternativamente a desarrollarse el negocio ilegal del narcotráfico en los países del sur del continente americano, teniendo a Colombia como uno de sus principales aliados. Con el surgimiento del negocio ilegal del narcotráfico, los grupos guerrilleros encontraron fuentes de financiamiento de sus causas políticas, fortaleciéndose y creando una estructura por bloques que ejercían influencia por diferentes zonas del país. Cada una de estas estructuras tenía unas metas fijadas para aportar económicamente a la causa. Grandes capos de la historia, entre ellos el más reconocido Pablo Escobar Gaviria, crearon, en unión con grandes hacendados víctimas de las extorciones de la insurgencia, estructuras militares para contrarrestar las extorciones de la guerrilla, dando origen, a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, constituyendose como nuevos actores antijurídicos del conflicto. Estos grupos de extrema derecha fueron creados con la participación ilegal de algunos funcionarios del estado, como policías, militares y políticos, con el fin de combatir a los grupos de extrema izquierda. Se da origen a la llamada y controvertida parapolítica. Estos grupos al margen de la Ley en abuso del poder otorgado por las armas, también cometieron delitos atroces en contra de la población civil.

Durante cada periodo de Gobierno, el presidente de turno ha tenido la intención de adelantar actos que conlleven a una salida pacífica a los conflictos armados que se han desatado a través de la historia del país. Fue así como en al año 1956 los partidos conservador y liberal lograrón encontrar una fórmula para gobernar con su opositor político al constituir el frente nacional, periodo durante el que se lograron firmar procesos de paz con algunos grupos guerrilleros denominados en su época, como repúblicas independientes. En otras oportunidades el estado ha querido dominar a la insurgencia por la fuerza, lo que ha conllevado a periodos de contracción y expansión del conflicto. Este fenómeno a su vez ha creado grados de inconformidad en la población civil generando a su vez desordenes sociales en contra del país, ya que sienten que los acuerdos logrados no reparan los daños causados incluso por el mismo estado.

El gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez incentivó la desmovilización de algunos actores de estos grupos armados paramilitares al margen de la Ley, bajo el marco legal de justicia transicional, Ley 975 de 2005; no obstante lo anterior, se reitera que los grandes damnificados de las guerras siempre han sido la población civil, considerada como sujeto pasivo de las acciones delictivas, es decir las víctimas.

A su turno el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón estableció como su derrotero político el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, para lo cual estableció la mesa de negociaciones de en la Habana Cuba, desde la cual según algunos críticos ha cedido a muchas pretensiones del grupo insurgente por encima de los intereses generales del país. Este proceso está siendo adelantado bajo un nuevo Marco Jurídico para la Paz con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, el cual fuera adaptado mediante el acto legislativo 01 de 2012.

Se considera que para el restablecimiento de la paz, todos los actores que hacen parte del conflicto, deben ceder parte de sus libertades, para lo cual el concepto de justicia transicional se amoldaría a las necesidades del pueblo colombiano, siempre y cuando se cumplan esos preceptos de verdad, justicia y reparación.

(Conceptos básicos acerca de la Ley 975 de 2005 Recuperado el 19 de marzo de 2016, de: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/victimas_2007/conceptosbasicos_ley975.pdf)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS INTERNACIONALES

Otros países del mundo se han vistos sometidos a las crueles y devastadoras consecuencias de la guerra, que han dejado miles de muertos, siendo la población civil la gran damnificada como en la mayoría de los eventos. Para el caso latinoamericano se han obtenido importantes resultados obtenidos a partir de los principios de justicia transicional.

A partir de las experiencias de países como Argentina y Chile, he analizado la transición de la guerra a la paz de esos países, con el fin de compararlos con los casos adelantados en Colombia respecto de los procesos adelantados y concluidos con grupos insurgentes como el M-19, los grupos paramilitares y el que actualmente se adelanta con el grupo guerrillero de las FARC.

ARGENTINA

En Argentina, tras el fin de la dictadura militar de 1976 a 1983, el Presidente Constitucional Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, con un mandato de investigación muy específico: “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas.


Una vez instalada la CONADEP, a pesar de las críticas a su funcionamiento, formuló un llamado a dar testimonios sobre los hechos de violencia el cual “concitó la inmediata respuesta de la población en un formidable proceso de reconstitución de la memoria colectiva”. Así muy pronto, según la CONADEP, se produjo “un aluvión de denuncias y testimonios”, no solo dentro del país, sino también por parte de miles de exiliados argentinos en España, Estados Unidos, Venezuela, México, entre otros países.

La CONADEP pudo establecer como se organizó la acción represiva de los militares que habían tomado el poder con un Golpe de Estado. Así describió miles de casos de secuestros, torturas, detenciones ilegales y cautiverio de prisioneros en centros de detención clandestinos. Afirmó también y demostró que los militares en muchos casos tomaron a la familia completa como víctima, llevándose igualmente a la esposa del secuestrado, organizando partos en los campos de detención, apropiándose de los bebes nacidos en cautiverio, secuestrando además a los abuelos que reclamaban por sus hijos y nietos.

La CONADEP evaluó también la conducta cómplice del Poder judicial, y se preguntó: “¿Cómo se explica que los jueces no hayan ubicado a ningún secuestrado, después de varios años que tomaron estado público las versiones de quienes, con mejor suerte, fueron liberados?”. Insistiendo al respecto la CONADEP afirmó: “durante el período en que se consumó la desaparición de personas, la vía judicial se convirtió en un recurso casi inoperante”

Para quienes no han sufrido la pérdida de un ser querido en el contexto de la violencia interna, les resulta imposible captar la profundidad del dolor y el trauma que ese hecho significa. El dolor se agrava cuando además del secuestro, la tortura, o el asesinato, se mantiene a la víctima en el escandaloso estado de “desaparecido”. “Yo quiero morir en paz, pero mientras no sepa el destino de mis hijas desaparecidas, mientras no encuentre la verdad de lo que pasó con ellas, jamás podré morir en paz. Y tampoco puedo vivir en paz” afirma una de las madres de Plaza de Mayo en noviembre de 1998 en Buenos Aires. Ella explicó que sufre mucho al no tener una tumba a donde ir para ponerle flores en memoria de las hijas no enterradas. Podemos imaginarnos el gran drama de miles de familiares de desaparecidos en nuestro continente, privadas incluso del derecho al duelo.

La CONADEP, luego de nueve meses de intenso trabajo, en los que reunió más de 50,000 páginas de testimonios y denuncias; entregó el 20 de setiembre de 1984 al Presidente Alfonsín su Informe Final, con el Título: “Nunca Más” . “Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”.

En su Informe la CONADEP reconoció haber constatado la desaparición de 8,960 personas, según denuncias debidamente documentadas y comprobadas. La CONADEP dejó abierta la posibilidad de que el balance final de las víctimas aumentara, pues muchos otros casos quedaron en la etapa de investigación y verificación de los datos, por lo que la cifra de 8,960 desaparecidos no puede considerarse definitiva. El 80 % de las víctimas de los militares argentinos tenían entre 21 y 35 años de edad.


El Informe establece que en Argentina existían 340 centros clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, y sometidos a toda clase de humillaciones. También indica que “De algunos de los métodos de tortura empleados en esa guerra interna no se conocían antecedentes en otras partes del mundo”. En esos años de la dictadura militar, las técnicas de tortura argentina se exportaron a Guatemala, Bolivia y El Salvador.

La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció un “Pacto de Sangre”, que implicaba la participación de todos en las violaciones a los derechos humanos. Con base al “pacto”, cuando algún miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto lo convertían en una víctima más. La Comisión comprobó que “Todo signo de discrepancia dentro de las FF. AA. y de Seguridad con los métodos utilizados para la detención y eliminación de personas fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna información a los familiares de detenidos-desaparecidos sobre su localización, estado físico o destino era equivalente a la muerte. Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias filas sobre los operativos realizados, sancionándose con el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse con el prisionero”.

El Informe “Nunca Más” asegura que miles de personas fueron exterminadas, habiéndose destruido previamente sus cuerpos para evitar su posterior identificación. “A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de mayo de 1976 contaban con el poderío y la impunidad del estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”, señaló el Informe.

La CONADEP agregó que “Los Derechos Humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio”. “No se cometieron excesos, si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades -refiriéndose a operativos de secuestros y desapariciones forzadas fueron práctica común y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por las fuerzas represivas:”

La CONADEP elaboró una lista “secreta” de 1351 represores, entre ellos altos jefes militares y policiales así como médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes católicos que actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en la represión. Según Horacio Verbitsky, “Los notables accedieron a omitir en su Informe los nombres de los 1.300 acusados en los testimonios recogidos, con el argumento de que eran inocentes mientras no los condenara la justicia”

En la lista de represores, elaborada por la CONADEP y difundida el 3 de noviembre de 1984 por la revista El Periodista, aparecen, entre otros, el Obispo Pío Laghi, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina, el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza, el Monseñor Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capellán Pelanda López, y el Monseñor Adolfo Tórtolo, Vicario de las Fuerzas Armadas.


El Canal 13 de Televisión emitió el 4 de julio de 1984, un programa de 90 minutos, resumiendo los resultados de las investigaciones de la CONADEP consignados en su Informe. Aunque las Fuerzas Armadas se opusieron a la emisión del programa, no lograron impedir la difusión del informe sin cortes publicitarios. Esa misma noche, durante la emisión del programa con el Nunca Más, alguien arrojó un explosivo sobre los techos del canal de televisión.

Las investigaciones de la CONADEP se han seguido completando en los años posteriores con organismos adicionales creados por el Ministerio del Interior o de Justicia de Argentina. Pero los avances más importantes se están produciendo con los “Juicios por la Verdad” que se llevan tanto en el Tribunal de La Plata como en otras ciudades del país y los procesos penales después de la anulación de las leyes de impunidad.

Hasta 2011 alrededor de 1000 acusados de violaciones a los derechos humanos en Argentina están presos, hay juicios por casi todo el país, que se difunden por televisión, y se condena ya a los culpables. El juez Rafecas declaró durante una Audiencia Pública en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas: “En Argentina se invirtieron muchas energías en el esfuerzo por la reconciliación, pero eso fue falso. Hemos perdido todo ese tiempo (casi 15 años). Ahora comprobamos que no se dio ningún paso adelante para la reconciliación” Por su parte el abogado Rodolfo Yanzón aunque reconoció los avances en materia de juicios a los violadores de los derechos humanos en Argentina, aclaró que hay poderes que tratan de sabotearlos.

(La historia política del Nunca Más, por Emilio Crenzel, Recuperado el 20 de marzo de 2016, de:

http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/raul_alfonsin/la_historia_politica_del_nunca_mas.php

(Nunca Más - Informe Conadep, Recuperado el 20 de marzo de 2016, de:

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0001.htm)

CHILE

Tras la derrota moral y política del general Augusto Pinochet el pueblo de Chile eligió como Presidente a un miembro moderado de la oposición, quien había anunciado su compromiso ineludible con la defensa de los derechos humanos. Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio Aylwin mediante el Decreto Supremo N° 355 del 24 de abril de 1990, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación con el objetivo de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero si estas últimas tienen relación con el estado de Chile o con la vida política nacional, para colaborar con la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar aquello hechos.

En el Decreto de Aylwin se especificó que “se entenderá por graves violaciones las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultados de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos”. El Presidente Aylwin encargó a la Comisión “reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero”. El Resultado de las investigaciones de la Comisión conocida como “Comisión Rettig, por el nombre de su presidente” fue un Informe de tres partes en la que se incluyó una Relación de los hechos de violaciones de los derechos humanos, algunas recomendaciones para reparar el daño, una reseña biográfica de las 2,279 personas respecto de las cuales la Comisión se formó una Convicción de que murieron o desaparecieron como víctimas de la violación a sus derechos humanos en Chile, entre ellos 132 miembros de las fuerzas del orden.

Con todas sus investigaciones, la Comisión de la Verdad comprobó el poder omnímodo del que gozaba la DINA y estableció que “Se trataba de un organismo cuyo funcionamiento en la práctica fue un secreto y por encima de la ley, su organización interna, composición, recursos, personal y actuaciones escapaban no sólo del conocimiento público sino también del control efectivo de la legalidad. Más aún, la DINA fue efectivamente protegida de todo control, no sólo del que pudieran haber ejercido el Poder Judicial, altos oficiales de las FF. AA., e incluso del de la Junta de Gobierno; en efecto, aunque formalmente la DINA dependía de la Junta de Gobierno, en la práctica respondió solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno, más tarde Presidencia de la República”.

Agrega el Informe de la Comisión de la Verdad, que: “Este organismo, en el hecho secreto, y así libre de controles e injerencias, tenía la amplia misión de reunir y evaluar la información que después se emplearía para tomar importantes decisiones de Gobierno.”

Después de sus investigaciones sobre los desaparecidos y asesinados por las fuerzas del orden la Comisión recomendó la reparación pública de la dignidad de las víctimas, y diversas medidas de bienestar social, pensión única de reparación, atención especializada en salud, educación, vivienda, condonación de ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del Servicio Militar a los hijos de las víctimas.

La Comisión presentó también recomendaciones en los aspectos jurídicos y administrativos, como la “declaración de muerte de personas detenidas-desaparecidas”, la adecuación del ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional de los derechos humanos, y la ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos. Igualmente propuso diversas medidas para reformar el poder judicial y las Fuerzas Armadas, tal como la continuación de las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos. La Comisión recomendó la penalización del ocultamiento de información respecto a las inhumaciones ilegales, ya que muchos familiares de las víctimas continuaron reclamando los restos de sus seres queridos.

En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley 19.123 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, para ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, especialmente en la reparación material de los daños causados por la dictadura pinochetista, calificada por la Comisión como “una tragedia desgarradora”. En esa misma ley se estableció una pensión mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política (cónyuge sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años) como también el derecho a algunas prestaciones de salud por los servicios públicos respectivos, y a becas de estudio en la enseñanza media y superior para los hijos.

La Corporación también declaró víctimas de violaciones a los Derechos Humanos a otras 899 personas, de ellas 776 muertas y 123 desaparecidas. Así el total de víctimas directas reconocidas oficialmente por el estado chileno se elevó a 3197 personas, de las cuales 1102 fueron detenidos-desaparecidos y 2,095 asesinados.

En los años posteriores al trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación, los grupos de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos lograron hallar a algunas de las víctimas de la dictadura enterradas en cementerios clandestinos. También se obtuvieron más pruebas de las actividades criminales de los agentes de la DINA, y su Jefe, Manuel Contreras recibió una condena de siete años de “prisión efectiva”, por su implicación en el asesinato del Dr. Orlando Letelier.

Las víctimas que sobrevivieron a la dictadura del general Pinochet serían atendidas recién en el 2003, con una tercera Comisión extrajudicial denominada „Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, al desmoronarse el poder de facto del ex dictador Pinochet, tras su detención en Londres y el descubrimiento de sus cuentas millonarias en Estados Unidos de Norteamérica.

La Comisión sobre Prisión y Tortura, presidida por el obispo católico Sergio Valech Aldunate confirmó que “la prisión política y la tortura, al marcar las vidas de miles de hombres y mujeres, también inciden en el presente.” Por eso, agregó, “el reconocimiento de las víctimas como individuos y como ciudadanos implica reconocer que fueron objeto de atropellos, que fueron violados sus derechos básicos por agentes del Estado y que el Estado asume las responsabilidades que se derivan de este reconocimiento. La Comisión ha buscado que esto se refleje en las medidas que se proponen, tanto en las simbólicas como materiales, en las individuales y en las colectivas. Esto implica también reconocerlas como sujetos partícipes en la implementación de las medidas de reparación y no como meras beneficiarias de ellas.”

Esta Comisión logró recibir informaciones por parte de 35.868 personas, víctimas directas o familiares directos de personas fallecidas, actualmente residentes en Chile y en otros 40 países del mundo. Al concluir sus investigaciones, la Comisión reconoció como víctimas de prisión política y tortura 28.459 personas, entre ellas 3.621 mujeres y 1.244 menores de 18 años de edad, todos ellos con derecho a recibir una reparación del Estado.

La Comisión chilena sobre Prisión Política y Tortura reconoció en su Informe Final que “los resultados del trabajo habrían sido inalcanzables de no mediar la colaboración de miles de víctimas, quienes, en muchos casos, por fin se decidían a hablar de experiencias que nunca antes habían referido. Ello permitió acabar definitivamente con la conspiración de silencio sobre la tortura predominante por décadas en el país.”

Los sobrevivientes de la dictadura chilena, que aún conservan los traumas de la tortura sufrida bajo el régimen del general Pinochet, esperaron más de 30 años después del Golpe de Estado para ser reconocidos en su país como “víctimas”, con derecho a reparación de los daños causados. De esta manera se puede ver que a mediano plazo es posible corregir errores iniciales de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y cumplir con todo el universo de víctimas de la violencia política.

Hoy en día continúan los juicios en Chile. Según la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, al iniciar el 2009 había más de 700 agentes estatales procesados por delitos de Derechos Humanos de la época de Pinochet, cerca de 250 condenados y 70 en prisión efectiva. En octubre del 2010 continuaban presentándose querellas por crímenes de la dictadura: La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó denuncias penales por los casos de 157 víctimas de violencia por parte de agentes del Estado.

http://www.menschenrechte.org/lang/de/strafgerichtsbarkeit/justicia-transicional

CONCLUSIÓN:

Analizando la situación del conflicto armado en Colombia a lo largo de su historia, podríamos concluir que el surgimiento de grupos armados al margen de la Ley fue motivado en sus inicios por los intereses políticos originados en la filosofía de cada partido, sus seguidores y sus detractores.

Con el paso del tiempo fueron surgiendo nuevos intereses de parte de los grupos insurgentes en su lucha armada. Tal es el caso de la motivación económica que incluso los llevó a sostener sendos enfrentamientos entre ellos mismos para dominar regiones del país, influeciadas por el desarrollo de actividades ilicitas como el narcotrafico, la mineria ilegal, contrabando y otros delitos. De igual manera para satisfacer su apetito voraz por los recursos económicos se volcaron en contra de la población civil, cometiendo incluso atroces delitos contra ellos como la extorción, secuestro, desaparaición forzada y desplazamiento de comunidades enteras, lo que permite pensar que sus actuaciones hoy en día no persigen los fines políticos por los que en el principio fueron creados.

Incluso muchos críticos y detractores de los procesos de paz opinan que los mismos están orientados a satisfacer los intereses de los dirigentes o comandantes de los los grupos armados, sin tener el Gobierno Nacional un plan serio de inserción para los desmovilizados.

Tal es el caso de los disidentes de los grupos paramilitares desmovilizados durante el gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez quienes según muchos, hoy hacen parte de las denominadas Bandas Criminales BACRIM conocidos también como el Clan Usuga ,quienes con su actuar y numero significativo de militantes quieren establecerse nuevamente como el grupo insurgente con estatus político.

Así las cosas y teniendo en cuenta que Colombia no se ha visto sometida a las consecuencias devastadoras de una guerra civil como las señaladas para los casos de Argentina y Chile, ni ha llegado a un punto de insostenibilidad de la misma, considero que en el país no se puede hablar de justicia transicional, de acuerdo con la definición internacinal dada al término, hasta tanto no haya un compromiso serio de las partes de involucrar a todos los militantes de los grupos armados ilegales dentro del proceso, de una política de reinserción a los desmovilizados, de la reparación integral a las victimas, compromiso de no repetición y una política de seguridad de estado para evitar el surgimiento de nuevos grupos armados.

Para mi criterio personal, hasta tanto no se cumpla con esos objetivos, todo esfuerzo económico y todo show mediático que pretendan mostrar el Gobiierno Nacional y los grupos insurgentes no serán más que una burla a la ciudadanía colombiana.

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