Las mujeres y los niños principales víctimas del conflicto en Colombia

Adolescentes del Choco
Adolescentes del Choco

ESPERANZA CAJIAO MOSQUERA

“Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad.” Nelson Mandela

HIPÓTESIS:

¿ES COLOMBIA UN PAÍS GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES Y LOS NIÑOS?

Según Naciones Unidas los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están garantizados, a través de los tratados, tales como: el Derecho Internacional Consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional; conteniendo a su vez las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas contextos para garantizar, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos dentro y fuera de los territorios.

En concordancia con lo anterior Colombia contempla en la Constitución Política actual, más de cien artículos que consagran los derechos humanos y mecanismos de protección de los mismos, al tiempo que reconoce la primacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre el derecho interno (Arts. 93 y 94 de la Constitución). Siendo esta una nación que ha firmado y ratificado casi la totalidad de declaraciones, convenciones y pactos referidos a los Derechos Humanos a nivel mundial.

Pese a los esfuerzos de los entes del estado Colombiano y de acuerdo al informe del 2015 presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas “El contexto de los derechos humanos en Colombia es complejo y consta de múltiples niveles. Colombia se ha caracterizado históricamente por las desigualdades económicas y un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos. Cincuenta años de conflicto armado crearon profundas divisiones en la sociedad y una cultura de aliados y enemigos. El Estado ha mirado en ocasiones hacia otro lado con respecto a violaciones cometidas por aquellos a quienes percibía como sus aliados mientras que al mismo tiempo sectores enteros de la sociedad eran vistos como posibles enemigos. Esto reforzó ciertos patrones de desigualdad y marginación. En otro nivel, nos encontramos la Colombia moderna y en crecimiento, donde los derechos y la igualdad ante la ley son los valores predominantes”.

Igualmente es importante analizar las cifras divulgadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja quien a través de un informe en el que se da cuenta que de 1938 a 2015, 111 mil colombianos desaparecieron forzadamente en el país, número que no solo corresponde a desapariciones en el marco del conflicto armado, sino en otras violaciones de los derechos humanos en la nación; de ese total, 79 mil personas siguen sin aparecer, 27 mil fueron encontrados con vida y cinco mil fueron hallados muertos. Colombia cerró enero de 2016 con 7,9 millones de víctimas del conflicto armado registradas por el Estado, alrededor de 116.000 de ellas (el 1,46 por ciento) fueron víctimas de hechos ocurridos en 2015. Esto abre de por sí un espectro frente al problema que atraviesa el país en cuanto a violación y vulneración en un inicial registro cuantitativo.

Según documentos de Human Rights Wacht, el grado de impunidad alcanzado en los procesos judiciales por crímenes contra el derecho humanitario o la legislación de derechos humanos supera el 97 por ciento, según estadísticas del gobierno colombiano. Más allá de los datos oficiales, ¿qué otras cifras se podrían consolidar teniendo en cuenta todos los casos que por dificultad de acceso, temor o incapacidad para denunciar suceden a diario en nuestro territorio?

Éstas son las razones que contribuyen a que Colombia sea situada a la cabeza de los Estados violadores de los Derechos Humanos. Persiste el conflicto cada día con el más alto índice de violencia contra la población civil; violencia ejercida y dirigida en algunas ocasiones por las estructuras del Estado, cuyos actores principales se escudan en la imperante y dominante impunidad con que operan grupos militares y paramilitares.

Generalmente la población más damnificada son los campesinos, mujeres y niños que como víctimas de la vulneración de los derechos humanos se ven desprovistos de cualquier defensa o cobijo y quienes en la generalidad son los que deben acarrear no sólo con el flagelo, sino con las consecuencias.

Todo se queda irremediablemente en la absoluta impunidad, dado que quien se atreve a denunciar puede ser objeto de desapariciones, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias, viéndose enfrentado al desplazamiento forzado que se constituye por su magnitud en una verdadera crisis humanitaria y una grave violación de los derechos humanos, civiles y políticos de la población.

Se han identificado como grupos afectados por la violencia, la población en situación de desplazamiento, los menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados, convirtiéndose estos grupos poblacionales en los más vulnerables. Entendiéndose claro está por población desplazada a todas aquellas personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, integridad física, seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, por alguna de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que puedan alterar o que alteren drásticamente el orden público (Ley 387de 1997, artículo 1).

Sin embargo, en cuanto a los derechos humanos el intentar garantizar su respeto, su cumplimiento en planos tan mínimo como lo son el de la cotidianidad se ha convertido en un desafío en nuestro país y por ende, para los entes internacionales encargados de velar por ellos.

Por lo tanto abordar el tema de los Derechos Humanos de las mujeres y los niños a través de la historia es una exigencia y una necesidad, en Colombia engrosan el grupo de población vulnerable, partiendo de la acepción de la vulnerabilidad como un fenómeno que deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas y que retrasa el desarrollo de los pueblos. Por este motivo, merece enfrentarse con políticas, estrategias integrales y sostenibles, capaces de transformar con inmediatez, integridad y pertinencia las causas que la generan y poder lograr así la inclusión, la equidad para el mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a diferentes estamentos que visualice y garantice sus derechos como ciudadanos.

Los niños son las principales víctimas del conflicto armado en Colombia:

La transgresión de los derechos niños, niñas y adolescentes va más allá del reclutamiento forzado por los grupos armados al margen de la ley; además son víctimas de las minas antipersona, del abuso sexual y de la explotación laboral, de la guerra en una modalidad donde son usados como escudos humanos, también como informantes y transportadores de droga, pero a su vez en profundo desarraigo y complejidad como perpetradores directos de diferentes y atroces formas de violencia.

Diversas organizaciones de derechos humanos que tienen como epicentro las formas de violencia, vulneración de derechos y la mira en el caso colombiano concuerdan en que los niños que han sido víctimas de reclutamiento forzado podrían oscilar entre 11.000 y 14.000, o incluso más, teniendo en cuenta que no se sabe cuántos han muerto en medio del conflicto, cuántos no pudieron escapar y cuantos cumplieron su mayoría de edad dentro de los grupos armados ilegales.

Además, "la Corte Constitucional en su Auto 251 de 2008 estimó que el 50% de la población desplazada no alcanza la mayoría de edad; diversos estudios y organizaciones sociales han denunciado la legitimación de la violencia sexual como arma de guerra; sin contar las vulneraciones que no se denuncian por miedo, vergüenza y otras causas". Es un silencio que solo deja entrever el espiral de la violencia y la crueldad de los medios de persuasión.

LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO COLOMBIANO

En más de la mitad de los casos de presuntas violaciones a las normas humanitarias registradas por el CICR, las víctimas fueron niños, niñas y mujeres, lo que resalta su grado de vulnerabilidad frente a situaciones de violencia y la necesidad de una respuesta diferenciada para estas poblaciones. Durante 2015, la organización registró 249 posibles violaciones a las normas humanitarias con cerca de 469 víctimas mujeres, quienes suelen pagar el precio más alto de los conflictos armados y ocupan un rol vital en el mantenimiento del tejido social de las comunidades afectadas por la guerra. Además, 166 mujeres víctimas de violencia sexual recibieron atención del CICR, pero las cifras totales son mucho más altas. Este balance indica que este flagelo está lejos de terminar a pesar de la reducción de hostilidades, por lo menos en cuanto al registro de manifestaciones oficiales.

El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por los actores armados también siguen siendo una realidad en el marco del conflicto colombiano y otras situaciones de violencia. Durante 2015, el CICR registró 181 violaciones a las normas humanitarias que tuvieron como víctimas a unos 2.000 niños, niñas y adolescentes que en medio de la indolencia intentan recuperar sus vidas, girones de integridad y en algunos casos visibilizar sus historias.

El Centro de Referencia Nacional sobre Violencia en lo corrido del año 2015 dió a conocer las cifras de violencia contra la mujer así como señaló que entre enero y febrero de 2016, 126 mujeres han sido víctimas de homicidio y 2.631 acudieron al Instituto para ser valoradas por un presunto delito sexual.

En el marco de la violencia intrafamiliar, 735 niñas y mujeres adolescentes fueron víctimas de violencia por parte de un familiar o cuidador y 6.269 fueron víctimas de violencia de pareja. En cuanto a las mujeres mayores de 60 años, 119 de ellas fueron agredidas físicamente y 1.482 fueron víctimas de violencia por parte de otros familiares. La Fiscalía General de la Nación tiene registrados 589 casos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado y, en el proceso de la Ley 975, los integrantes de los antiguos grupos paramilitares solo han confesado 42 casos

CONCLUSIONES

En conclusión los Derechos Humanos son inherentes a los seres humanos y deben ser promovidos, pese a la legislación vigente se evidencia en la realidad que en muchas ocasiones esta es letra muerta, se transforma en un discurso en la confrontación con los hechos y tristemente como mecanismo de perpetuación de las violaciones y en afirmación de la impunidad que impera en la sociedad.

Es pues Colombia un país con muchas normas y leyes sobre derechos humanos que al no ser respetadas, decantan en evidenciar la inoperancia del Estado; donde numerosos niños, niñas y adolescentes se ven sumergidos desde la primera infancia en el mundo de la guerra, en el trasegar del dolor, donde a manera de impronta se ha fundado en ellos una serie de afectaciones para su desarrollo, que tendrá consecuencias por el resto de su vida.

La lucha contra la impunidad debe convertirse en la prioridad de las políticas del Gobierno nacional, con mira a trascender para que no solo se conviertan en campañas políticas de los gobernante de turno; esto implica aunar esfuerzos a nivel interdisciplinar además de fortalecer los mecanismos de garantía del acceso a la justicia con el fin de generar estrategias que propendan por la aclaración de los hechos, la identificación de autores y partícipes, como también y de manera contundente la imposición de penas a las violaciones e infracciones al DIH.

Es necesario ante las diversas violaciones de los DH como constituyente primario no acallar las voces, debemos expresar de manera colectiva a través de la protesta y solidaridad con el pueblo colombiano la defensa de los Derechos Humanos ante los diferentes instituciones que velan porque la Democracia y el respeto a la vida no sean utopías en nuestro país, así como trabajar de la mano frente a los imaginarios y reconstrucción del tejido social.

Convocar a un llamado a todos los organismos internacionales veedores de los derechos humanos, es vital para que se comprometa a todas las instancias activamente, para que se continúen los esfuerzos en la consecución de los objetivos humanitarios. Por ende desde el común, desde el colectivo exigimos que el gobierno Colombiano tenga una actitud transparente, efectiva y eficaz en la protección de las niñas, niños y mujeres que se identifiquen como víctimas del conflicto.

Frente a los Derechos Humanos es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación en el marco de un Estado Social de Derecho. No se trata solamente de plantear la defensa y la promoción de los Derechos; es decir limitarnos a la simple defensa, esperar a que se dé la violación o vulneración para actuar; puesto que la promoción de los Derechos Humanos es una manera de vivir no una manera de resolver los conflictos.

También es necesario ver el papel decisivo y preponderante que juega la escuela cono el espacio en donde se ponen en común diversos discursos, imaginarios y en donde se cuestiona incluso si esta efectivamente cumple el rol de educar. Se asume como un reto el que la escuela aperture espacios de concertación, de conocimiento, de discusión entre los saberes en donde los derechos humanos no sean vistos como una declaración de un pasado remoto, sino una vivencia y referente efectivo, eficaz.

Que se incluyan asignaturas, prácticas diarias en el salón, en el patio, en las reuniones de maestros; de representantes todos los ingredientes que hacen de nuestras relaciones interpersonales un medio idóneo para el respeto a la dignidad de cada persona. Buscar esta dignidad, conocerla, enaltecerla son los pasos que nuestras costumbres deberán incluir en su proceder permanente. También eso debe enseñársele al niño. Romper el círculo de la violencia que empieza desde este primer momento en el que no se ha sabido valorar la dignidad personal y la dignidad de los demás.

La escuela tiene una función de corresponsabilidad que consiste en hacer nacer la conciencia de esta nuestra dignidad y el aprendizaje a hacerla respetar. ¿Qué tan vulnerables somos en un entorno que nos ha dejado la idea de poseer deberes, pero de tener frágiles mecanismos que garanticen nuestros derechos? Hemos vendido nuestras conciencias por omisión, sumisión e indiferencia, las voces siguen afuera y hemos silenciado nuestras manos frente al papel. Que sea más que un discurso y que cobije a todos sin distingo.

En concordancia con todo lo anterior es claro que en Colombia la legislación es amplia pero la aplicación es insuficiente lo que evidencia que no sea un país garante de los derechos humanos para las mujeres y los niños

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