La eutanasia: límite entre el poder estatal y la autonomía del sujeto

Cortesía archivo La Fm

JHONNY ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEJÍA

El presente ensayo es una reflexión en torno a los límites del Estado en relación al sujeto a partir de la eutanasia como práctica no reglada en el Estado colombiano y la decisión autónoma de la persona sobre su vida. El objeto de análisis es la eutanasia para comprender las relaciones de poder establecidas entre el Estado y las personas. El primero, entendido como la institución que monopoliza el uso de la fuerza legítima (siguiendo al sociólogo alemán Max Weber) y las segundas comprendidas como “sujetados” al control y la dependencia del otro, esto es, atravesados y constituidos a partir de ciertas y determinadas formas de poder, como lo concibe el filósofo francés Michel Foucault.

La relación que se establece entre el Estado y los sujetos implica un análisis complejo de múltiples y diversas variables, por tal motivo es necesario acotar el campo de estudio para determinar los factores particulares y las situaciones concretas en las cuales este vínculo entre una organización legítima como el Estado y los sujetos que la componen, pueden resultar problemáticas. La complejidad del asunto radica, por una parte, en los derechos fundamentales que están en juego, tales como la vida, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros y, por otra parte, en los fines que le son propios al Estado, a saber, servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. Así pues, se plantea hasta dónde puede inmiscuirse el Estado en la vida de los sujetos, frente a casos en que el individuo en condiciones de salud especiales con pleno conocimiento de su estado, toma la decisión de terminar con su vida voluntariamente y solicita a otra persona que acabe con ésta.

Cabe preguntarse ¿Quién debe establecer y regular el homicidio piadoso activo? ¿Es competencia del Estado o asunto exclusivo del sujeto? A manera de hipótesis se enuncia que dicha práctica es una opción y garantía que todo sujeto tiene amparado por una serie de derechos consagrados constitucionalmente, tales como el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de conciencia, que son parte integra de la dignidad humana, esto es, tratar al ser humano como fin en sí mismo y no como simple medio. En este sentido, los derechos fundamentales establecen el marco de acción entre el sujeto y el Estado; para el primero, implican la posibilidad de decidir sobre su propia vida y para el segundo demarca los límites de su poder ordenador.

Desde el derecho positivo “la persona es reconocida por la norma de normas como sujeto moral autónomo, lo que significa que ha de elegir los principios y valores morales que deben regir su conducta” (Gaviria, 2001, p.232), bajo este criterio, el Estado debe establecer los lineamientos básicos sobre los cuales su jurisdicción no trasgreda la de los sujetos que se hallan bajo su cuidado. Desde una perspectiva iuspositivista y anclado en un moderno derecho constitucional, el auto Luis Fernando Niño expone que:

Cabe erigir el derecho a la vida, como un derecho de ejercicio discrecional, esto es, si hay derecho a vivir, también lo hay a morir. Así como el derecho a vivir impone a los demás el deber de no matarme y el de salvarme, el de morir les impondría el de no interferir en mi decisión salvo para verificar si es voluntaria”. Conforme a esta posición, puedo ejercer el derecho a morir de propia mano o denunciarlo ante alguien determinado (2005, p.129).

El criterio anterior enmarca a la eutanasia como un acto libre y no desaprobado que debe ser tomado en cuenta por el ordenamiento constitucional para su respectivo tratamiento legal, alejándose de una visión sobreprotecta del Estado; no obstante dicha decisión escapa de la esfera privada del sujeto ya que este se encuentra inmerso en una red de relaciones de poder que impiden su auto gobierno o lo que llama Michel Foucault el cuidado de sí. Relaciones que limitan el campo de acción en el cual una persona puede decidir sobre su propia vida toda vez que le es vedado por el ordenamiento jurídico decidir plenamente sobre qué hacer con su vida.

En este punto, el pensador francés Michel Foucault expone la operatividad del poder microfísico que se encuentra latente entre el Estado y los sujetos. Para el francés el Estado no es el origen del poder que irradia a toda la sociedad en orden descendente y jerárquico, más bien es un nodo –entre otros– que focaliza y concentra diferentes relaciones de poder en las que se encuentran inmersos los sujetos. En otras palabras, el Estado, en nuestras formaciones históricas, ha capturado tantas relaciones de poder no porque dichas relaciones deriven de éste sino, por el contrario, porque una operación de “estatismo continuo se ha producido en el orden pedagógico, judicial, económico, familiar, sexual, que tiene por objetivo una integración global. En cualquier caso, lejos de ser el origen, el Estado supone las relaciones de poder” (Deleuze, 1987, p. 120).

Así, el poder del Estado se sostiene en una gran variedad de micropoderes que operan en diferentes ámbitos de la sociedad: la familia, el cuerpo, la fábrica, la escuela, el hospital o la prisión. De ahí que la eutanasia adquiera relevancia, ya que se constituye en un mecanismo mediante el cual el Estado interviene en la vida de los sujetos legitimado por el poder jurídico, en el que se determina el cómo y el cuándo de la muerte.

De acuerdo a Foucault la característica más notable del poder es que el poder no solo reprime, coarta o limita, sino que por el contrario crea y produce subjetividades y saberes que perpetúan las relaciones de poder. Dicho de otra manera, el poder –que trasgrede el aparato estatal– permea la libertad del sujeto, sometiéndolo al gobierno-control. Por lo que el rasgo más general del Estado consiste en organizar las relaciones de poder que son relaciones moleculares o “micropoderes” en torno a una instancia molar: el soberano o la ley. En este sentido cualquier modalidad de gobierno configura un cierto arte de “conducir conductas”, implica una manera distintiva de “actuar sobre la acción de los otros” con el objeto de edificar una disciplina. Empero el poder del Estado se enfrenta a sus propios límites, esto es, a la posibilidad de la rebeldía, de la contestación, del auto sacrificio o del suicidio como formas de resistencia y contrapoder por parte de los individuos sometidos a él, de esta manera la eutanasia emerge como un mecanismo de autogobierno en el que los propios sujetos se enfrentan a su propia aniquilación y al tiempo, imponen barreras al poder del Estado.

En este orden de ideas, emerge una doble comprensión de la eutanasia, a saber, como mecanismo de resistencia del sujeto contra el poder estatal –que reúne y concentra diversas relaciones de poder– y, como materialización de los derechos humanos que fungen a su vez como principios rectores que se le impone al orden jurídico de un Estado. En dicha comprensión es que se defiende la práctica de la eutanasia para aquellas personas que de manera libre, voluntaria, informada y reflexiva deciden ponerle fin a su vida ya que ésta se convierte en un ejercicio de resistencia y al mismo tiempo materializa la libertad que todo marco jurídico establece y le otorga al ser humano. Como afirma Luís Niño en el libro Eutanasia, Morir con dignidad, “el Estado tiene el deber jurídico de respetar la dignidad de los individuos, tanto por mandato de la nueva legislación internacional, como por imperio de constituciones” (2005, p.123).

En la época de los derechos humanos, el cuestionamiento sobre la eutanasia se encuentra inmerso en la posibilidad de elegir sobre la salud, la enfermedad, la vida y la muerte; de este modo, el marco de discusión entre el poder del Estado y el ámbito privado, libre, autónomo y volitivo de la persona, se circunscribe a la capacidad que todo sujeto posee para disponer de su propia vida de acuerdo a las condiciones de salud que éste tiene. Por lo que los derechos humanos se constituyen no solo en garantías para las personas, sino en mecanismos mediante los cuales se limita el poder monopólico del Estado a favor de la sociedad civil.

Por otra parte, en la Constitución política nacional (1991) no sólo se protege la vida como un derecho sino que además la incorpora como un valor del ordenamiento jurídico, lo que implica competencias de intervención e incluso deberes para el Estado. Sin embargo, el artículo primero de la Carta Magna define el Estado colombiano como pluralista y fundado en el respeto de la dignidad humana. Es decir, el Estado no puede pretender cumplir la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias personas, ya que dentro del sistema legal colombiano se estipulan, además de la vida, otro tipo de valores o principios como la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, que constituyen las bases sobre las cuales el sujeto toma decisiones respecto de su propia vida.

Lo anterior quiere decir que el consentimiento informado del paciente ha de ser aceptado y respetado pese a que se rehúse a determinados tratamientos que objetivamente podrían prolongar la duración de su existencia biológica, pero que él considera incompatibles con sus convicciones personales. Esto es posible en la medida que sólo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la dignidad humana. La idea que se encuentra en el fondo es que existen ciertas decisiones de los individuos que sólo a ellos les atañen.

A partir del principio del respeto a la dignidad humana consagrado en la constitución nacional se puede dar respuesta a la necesidad específica de las personas que se encuentran en una situación de salud irremediable. Dicho de otro modo, en tanto que la eutanasia expresa la voluntad de una persona que se encuentra sometida a condiciones de dolor, padecimiento, agonía y que no existe medios reales para mejorar las condiciones de vida por parte de un tercero, se pierde toda dignidad humana por lo que resulta legítimo y admisible, en uso de la voluntad y autonomía que el individuo determine el curso de su propia existencia.

En sentencia C-355 de 2006, la Corte expone que:

El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, es deber estatal ceder frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. En efecto, en este caso, el deber estatal se debilita considerablemente por cuanto, en virtud de los informes médicos, puede sostenerse que, más allá de toda duda razonable, la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio, la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP art.12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto.

Así pues, la vida no puede ser concebida como un deber absoluto en tanto que el vínculo entre el derecho y la moral se hallan en el plano de los derechos y no de las obligaciones. Por lo que un sujeto, quien vive como obligatoria una conducta, en función de sus creencias religiosas o morales no puede pretender que ella sea exigible de forma coercitiva a todos. Para el caso concreto, si el respeto a la dignidad humana permea todo el ordenamiento jurídico, entonces la vida no puede verse simplemente como algo sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente el valor de la vida para sí.

En conclusión, la eutanasia como práctica de resistencia permite al sujeto autogobernarse, esto es, establecer las condiciones de su propia muerte. Dicha práctica materializa los derechos que irradian todo el ordenamiento jurídico colombiano, permitiendo a la persona tomar decisiones sobre su propia vida aunque implique su total aniquilación. En este sentido, los derechos fundamentales establecen el marco de acción sobre el cual el Estado puede inmiscuirse en la vida de los sujetos pues no puede obligarse a una persona a continuar con su vida en condiciones indignas.

Referencias

  • Colombia, Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia 1991. (20 jul. 1991). Recuperado de:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html.

  • Colombia, Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355 de 2006 Sentencia de constitucionalidad condicionada (10 mayo. 2006). Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm#_ftnref72
  • Gaviria, C. (2001, Febrero). Fundamentos Ético-Jurídicos para despenalizar el homicidio piadoso consentido. Jurisdicción Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional 1992-2000, Realidades y Perspectivas, Editado por la Fundación Konrad Adenauer y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá, p.232.
  • Deleuze, Gilles (1987), Foucault, Barcelona, España: Paidós.
  • Foucault, Michel (2001), Defender la sociedad, México: Fondo de Cultura Económica.
  • Niño, L. (2005). Eutanasia, morir con dignidad. Buenos Aires: Editorial Universidad S.R.L.

Be the first to comment

Leave a Reply