Las víctimas del conflicto armado en Colombia

Archivo Objeción

Para empezar, es importante indicar que el conflicto armado interno en Colombia es una guerra que se presenta desde 1960, y los principales actores involucrados han sido el Estado Colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha; así mismo se consideran víctimas a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”

Por lo anterior, es necesario preguntarnos: ¿Víctimas del conflicto armado en Colombia?

En efecto, se plantea como hipótesis o respuesta tentativa del problema, lo señalado en la Ley 1448 de 2011, especialmente en los artículos 1 “La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.”; y el artículo 2 “La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley”.

De la misma manera, el marco teórico del problema se sitúa entorno a teorías aportadas por Doctrinantes como Rafael Andrés Báez Gutiérrez con su obra “Marco cualificado sistémico de reparación integral a víctimas del conflicto armado colombiano a través del control de convencionalidad”, refiriéndose así: “El papel histórico, social y cultural que han desempeñado las víctimas del conflicto armado colombiano, no solamente en el sistema jurídico-penal sino en la sociedad colombiana en general, ha estado caracterizado por la marginación y exclusión de las mismas. Dicha marginación de la participación y salvaguarda de los intereses de las víctimas por sí mismas, o bien, representadas, adquiere mayor relevancia en nuestro país, signado por complejos contextos sociales, políticos y culturales cuyo eje transversal es el degradado y deshumanizante conflicto armado, aunado a las ineficientes respuestas estatales y judiciales que no colman las expectativas ante las necesidades y problemáticas apremiantes de las víctimas del conflicto armado.

»Lo anterior se agudiza además con la indolencia e invisibilización por parte de la sociedad colombiana frente al dolor de las miles de víctimas; amalgamando y estructurando grandes desafíos para el Derecho Penal colombiano particularizado por diversas transformaciones de carácter político y jurídico que le dotan de diversos matices. Así, lo primero, el Derecho Penal colombiano se orienta por la Política Criminal determinada por el gobierno de turno al igual que por los aportes de los diversos actores sociales con más o menos poder, tendiendo en los últimos tiempos, a la concepción y aplicación del derecho penal máximo o del enemigo; en segundo término se observa un Derecho Penal que en materia procesal se encuentra en una difícil transición y adaptación frente a la implementación del sistema de tendencia acusatoria consagrado en la Ley 906 de 2004, complejizado aún más por las imperfecciones del mismo, con lo cual se ha generado, en materia de derechos a víctimas, una seria afectación a las prerrogativas de participación y defensa de los intereses de las mismas en el proceso penal colombiano.

»De igual forma, la influencia de Tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales se han constituido en el punto de avanzada en cuanto a la configuración de nuevos derroteros en materia de garantías a los Derechos Humanos insertos en el marco jurídico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de correspondencia y complementariedad en nuestro Ordenamiento Jurídico interno (Artículo 93º C.P.), han generado diferentes contrastes y contradicciones, que en la mayoría de ocasiones conllevan un desmedro de los derechos humanos de las personas, particularmente de las víctimas, como quiera que el Ordenamiento Jurídico interno ha tardado en alcanzar la asimilación de los postulados de la constitucionalización del Derecho Internacional, fenómeno jurídico-político que propende por la máxima consagración del respeto a la Dignidad Humana y los Derechos Humanos”.

En ese mismo orden, el Dr. Rafaél A. Prieto San Juan en su obra “Conflicto Armado en Colombia y desplazamiento forzado: ¿Qué protección?” afirma que: “como producto de los conflictos armados, se ha observado considerables masas de población que han tenido que abandonar sus residencias y bienes. Solamente aquellas que logran refugiarse en otro País pueden aspirar a una protección especializada, por la vía del Derecho Internacional de Refugiados. Sin embargo un gran porcentaje de las personas afectadas por una guerra interna, por razones geográficas o económicas, no tienen otra opción que desplazarse al interior del mismo teatro de hostilidades.”

Resulta oportuno estimar que cerca de seis millones de personas se encuentran desplazadas en Colombia, así mismo, son alrededor de siete millones de víctimas producto de los enfrentamientos y responsabilidad compartida entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Además de las amenazas por parte de estos grupos armados ilegales que siembran terror y criminalidad en la población civil, contradiciendo sus ideales cuando empezaron a organizarse. Algunas de las causas por las cuales el conflicto armado ha perdurado por tantos años en Colombia son el narcotráfico y la economía de la guerra, cuyos recursos potenciaban a los distintos grupos armados y criminales, lo que posibilitó problemáticas como los cultivos ilícitos y la asociación de actores políticos con estos grupos.

El secuestro y la extorsión financiaron los recursos de los grupos guerrilleros y aumentó su capacidad de reclutamiento. La corrupción por parte de funcionarios del Estado, lo que conduce a la debilidad del mismo, para uso adecuado de los recursos para las entidades públicas, la infraestructura del territorio, la insatisfacción de las necesidades de la población (educación, salud, justicia, entre otras) y el tamaño y la calidad de la Fuerza Pública son otros aspectos determinantes desde la debilidad estructural del país.

El nacimiento de los paramilitares sostenidos por la insubordinación de élites rurales legales, quienes se sentían desprotegidas por el Estado, el fomento de estructuras ilegales, especialmente mafias, la participación de sectores de la clase política y la participación de agentes del Estado, la incidencia de grupos armados y los recursos ilegales en los procesos electorales del país son factores que han permitido la longevidad de la guerra. 

Para terminar, el conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil, en los distintos hechos victimizantes que se han ocasionado: desplazamiento de población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles y atentados contra bienes públicos. Estos hechos han demostrado que el modus operandi de los grupos armados presenta grandes diferencias, y algunos agentes estatales también han sido responsables. 

En mi opinión, el actual proceso de paz que pretende el Gobierno Nacional es una burla a la sociedad, porque para acabar la guerra primero hay que acabar con la corrupción. Por otra parte, esto no es una negociación sino imposición o extorsión porque debemos pagarles o premiar a estos grupos armados ilegales, que tanto daño le han hecho al país, con beneficios y participación política para que no nos maten. Cuando se premia al niño malo, el niño bueno pueda que también quiera ser malo para recibir su parte, pues este acuerdo que tuvo sus inicios con las FARC, luego lo sucedió el ELN y ahora las BACRÍM. Posteriormente, se fortalecerán otros grupos ilegales y las víctimas del conflicto armado en Colombia tendrán que rendir honores a sus victimarios. La verdad, justicia y reparación quedarán escritas en un trozo de papel. No es que esté a favor de la guerra, por el contrario, estoy interesado en que ésta se acabe, sólo que una paz debe ser negociada, con justicia y sin impunidad. No con intereses particulares. Al final estos grupos sólo quieren tener el poder en todas sus dimensiones. Mientras existan algunos políticos corruptos siempre habrá inconformismo, se organizarán nuevos grupos ilegales y, por lo tanto, siempre existirán víctimas de toda clase.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS.

  • La Constitución Política de Colombia de 1991.
  • Ley 1448 de 2011-Medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
  • Sentencias de la Corte Constitucional.
  • Sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
  • Marco cualificado sistémico de reparación integral a víctimas del conflicto armado colombiano a través del control de convencionalidad.

Autor: Rafael Andrés Báez Gutiérrez

  • Conflicto Armado en Colombia y desplazamiento forzado: ¿Qué protección?

Autor: Dr. Rafael A. Prieto San Juan

  • Desplazamiento forzado en Colombia

Autores: Dras. Uva Falla Ramírez, Yuri A. Chávez Plazas y Gladys Molano Beltrán

http://www.revistatabularasa.org/numero-1/Ufalla.pdf

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