No olvidemos con quien estamos negociando la paz

JAVIER ANDRES SANCHEZ ACUNA

El olvido como fórmula para solucionar los problemas y tapar las horrendas huellas de la guerra, que se nutre de la corrupción de la clase política dirigente y la desigualdad social.

Esta forma particular de tratar los problemas sociales vuelven vulnerables a los pueblos de este lado del continente. Son el mejor escenario para la actividad de inescrupulosos actores que, cual titiriteros o ilusionistas, hacen representaciones amañadas de la realidad con el único fin de ensanchar sus arcas. Pese a esto, debemos reconocer el invaluable aporte de organizaciones sociales en el esclarecimiento de la verdad, en los más oscuros sucesos que han teñido con sangre de víctimas inocentes el pasado de la institucionalidad centro y suramericana.

De ahí el motivo de un documento como el que se presenta a continuación, el cual está circunscrito a una de las regiones de Colombia de mayor importancia económica y estratégica: El Oriente Antioqueño. Por ello es caldo de cultivo para el accionar narco-terrorista de Organizaciones Armadas ilegales.

De no ser por la mencionada capacidad de olvido que nos caracteriza, y en especial por la mal intencionada actividad de algunas organizaciones no gubernamentales en el falso papel de defensoras de derechos humanos, podríamos avanzar con transparencia. Estas falsas organizaciones ven en las victimas de la guerra un negocio rentable. Gracias a la mala fe de algunos actores aprovechan la fragilidad de nuestros recuerdos para lucrar. Por eso es menester tratar de correr la cortina de mentiras que, con mediano éxito, han colgado ante la comunidad nacional e internacional inescrupulosas organizaciones que se presentan como las reivindicadoras de la justicia y la verdad.

En ese orden de ideas, el siguiente es el primer llamado desde el injusto descrédito, por años de calumniosas acusaciones, al que han sido condenadas las instituciones estatales que libraron una férrea y sacrificada batalla por la liberación de los ciudadanos de bien que vivían en el oriente de Antioquia.

La zona de la que se hace referencia se encuentra ubicada en el Oriente del departamento de Antioquia, Colombia. Es atravesada por la imponencia de las cordilleras Central y Occidental de los Andes, que por años sirvió de guarida y centro de operaciones de las organizaciones narcoterroristas de las FARC; en especial los FRENTES (9º, 47) y el ELN (Carlos Alirio Buitrago, Bernardo López Arroyave). Desde allí se lanzaban sus más feroces acciones criminales en contra de la infraestructura energética y vial de la región. También afectaban los cascos urbanos de las poblaciones aledañas (San Luis, San Carlos, Santuario, Cocorná, Guatapé, Granada), que hasta esa época, mediados de 2002, se encontraban a los pies de los criminales por la fragilidad de los cuerpos de policía que tenían el encargo de su custodia.

En este punto de la geografía antioqueña se concentra la mayor cantidad de municipios del departamento: Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, el Carmen de Vigoral, el Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, El Peñol, Retiro, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón.

Su riqueza hídrica y climática, favorecen el cultivo de la caña y el café, actividades tradicionales que bien se han sabido enlazar con otras mucho más modernas para la explotación de sus invaluables recursos.

Su riqueza geográfica e industrial fue considerada como el principal factor que determinó el asentamiento de grupos de guerrillas narcoterroristas. Para la década del setenta, con la construcción de la autopista Medellín – Bogotá, la zona vendría a focalizar las intensiones de estos grupos armados ilegales por lograr un enclave estratégico que los posicionara con mayor firmeza en el ámbito nacional, y les permitiera el desarrollo de sus actividades terroristas; ahora con el plus que representaba el dominio de una de las más importantes fuentes de abastecimiento de energía del país.

La lucha por el dominio de la zona por parte de los ilegales, FARC y ELN, sería la fuente de múltiples desplazamientos forzosos y de las más sangrientas incursiones a poblaciones que, para ese entonces, se encontraban materialmente desamparadas por la Fuerza Pública.

Era tal la fragilidad de la institucionalidad en los municipios del Oriente Antioqueño, que hasta la elección de sus representantes era un derecho que desconocían por completo sus habitantes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- decidieron sabotear el proceso de elección de alcaldes y concejales, amenazaron de muerte y secuestraron a algunos candidatos en los municipios de Granada, Guatapé, La Unión, San Carlos, Concepción, y San Rafael. Precipitaron la renuncia masiva de aspirantes. En este mismo lapso, aspectos que continúan haciendo sus líderes al día de hoy como se vio en caso del proselitismo armado en el corregimiento de Conejo en la Guajira, donde no se puede entender la sorpresa del gobierno y autoridades si esto no es nuevo, siempre lo han hecho estos grupos terroristas, lo que pasa es que “TENEMOS MALA MEMORIA”

El Ejército de Liberación Nacional – Eln- secuestró a un grupo de veedores designados por la OEA para la vigilancia de los comicios en la vía que comunica a Granada con San Carlos.”[1]

Sus estructuras se robustecieron para el periodo de 2001 a 2004. Se presentaron innumerables saboteos y ataques a bienes civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, esto representaba un ajuste al nudo de la soga que durante años habían puesto en el cuello de cada uno de los moradores de la región. También aumentaron los asaltos a turistas y transportadores que transitaban por la autopista Bogotá- Medellín, perpetraron innumerables secuestros, actos de piratería terrestre y asesinatos selectivos e indiscriminados en la más absoluta impunidad e impotencia del Estado para perseguir a sus autores.

Mayores luces y un claro panorama de lo vivido por aquella época en el Oriente de Antioquia, es presentado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH:

“Siguiendo los lineamientos estratégicos trazados en la Séptima Conferencia de 1982, las FARC comienzan a consolidar su presencia en los municipios de San Rafael y San Carlos y, por medio del desdoblamiento del frente 9, se amplían hacia San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría. Así mismo, el frente 47 comienza a operar en el sur de la región de Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco, una zona de importancia estratégica, de refugio y avanzada hacia el oriente cercano. (…) hacia comienzos de los años noventa el Eln hace presencia con el frente Carlos Alirio Buitrago en la zona de los embalses (área rural de San Carlos y Granada) y desde allí se expande a San Luis y Cocorná hasta el vértice de confluencia con las FARC. (…) entre 1998 y 2002 la presencia de las autodefensas en todos estos municipios se evidencia en un sostenido incremento de las masacres, los asesinatos selectivos y los homicidios indiscriminados.”

Sin duda alguna, la estela de muerte y sufrimiento que dejaban las recurrentes incursiones de las organizaciones narco-terroristas de izquierda y extrema derecha en esta región, no hacían sino ahondar el drama social y hacer precarias las condiciones mínimas para que la población civil allí asentada lograra ejercer de manera libre y segura sus más elementales derechos.

Según datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, los niveles más críticos de homicidios se registraron en el año 2002 y los primeros meses del 2003, momento a partir del cual los registros empezaron a mostrar una tendencia descendente.

La gravedad de la situación era tal que para aquel año 2002 el municipio de Granada, Antioquia, ocupaba el deshonroso primer lugar de los municipios del país con el mayor número de homicidios por cada cien mil habitantes: 664 muertes violentas. Pero el panorama no solo era aterrador en esta zona, pues las organizaciones armadas ilegales (FARC, ELN y AUC) habían logrado, hasta ese momento, hacer miserablemente celebres el resto de municipios del Oriente. Tal es el caso de San Francisco que sufrió la muerte de 569 inocentes en 2002 y 379 en 2003; y San Carlos, que llegó a presentar 700 homicidios por cada cien mil habitantes en el año 2001, 392 en el 2002 y 271 de 2003. Otros municipios como Cocorná, el Peñol y el Santuario presentaron 182, 140 y 119 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente.[2]

En el 2004 el secuestro, utilizado para diferentes fines por parte de las organizaciones narcoterroristas (FARC, ELN, AUC), catapultó a Antioquia al primer lugar de los departamentos más violentos del país. En los primeros meses de ese año, de acuerdo a Findelibertad, este departamento aportó la considerable cifra del 10% del total de los secuestros perpetrados a nivel nacional (193).

Con este ensayo pretendo hacer un pequeño refresco de memoria para que no olvidemos con quien estamos negociando la paz en la Habana. Debemos recordar que estos siniestros personajes, que hoy nos muestran como gestores de paz y constructores de la patria, no son más que un punado de terroristas que han jugado con la ingenuidad del pueblo Colombiano y su muy mala memoria.

  1. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

  2. Informe Anual de Derechos Humanos y DIH 2003. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Vicepresidencia de la República

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