El fracaso de las políticas públicas en el sistema Neoliberal

OSCAR JAVIER AGUDELO SERNA

En la búsqueda de consolidar en Colombia un Estado Social de Derecho se han adelantado, a lo largo de la historia, una serie de procesos económicos, políticos y sociales liderados por los gobiernos nacionales bajo recomendaciones de organismos internacionales, como el Banco Mundial, con los cuales el país inició hace más de veinte años un conjunto de reformas que buscaban modernizar la economía y acercar a los colombianos a los beneficios y ventajas que ofrecía el creciente proceso de globalización de la economía mundial.

En el ámbito económico fue donde se concentró la dinámica nacional. Se generó un crecimiento limitado a algunos grupos de la sociedad colombiana, favorecidos con la carencia de políticas sociales integrales en las que buscaron articular al sector económico, con el cultural, el político, el social, entre otros.

Para cubrir las carencias sociales, se plantearon como alternativas la creación de unas políticas sociales que no han sido más que un formalismo para justificar la inversión social. Dichas políticas no se han elaborado de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada grupo poblacional.

Desafortunadamente, la aplicación de estos modelos, muchas veces ajenos a las dinámicas nacionales, ha afectado de manera estructural algunos sectores de la sociedad colombiana. Existe mucha literatura sobre el funcionamiento de los programas sociales, pero uno de los trabajos que evidencia de manera más clara y sencilla la situación, es el capítulo decimo del Informe alternativo sobre la salud en América Latina titulado “Retroceso de la Salud en la Colombia Neoliberal” de Miguel Eduardo Cárdenas, Luz Helena Sánchez y Martha Bernal, que fue publicado por el Observatorio Latinoamericano de Salud, 2005.

Este capítulo describe como la política social está pasando de tener un carácter universal a tener un carácter transitorio y asistencialista, para el cual fenómenos sociales como la pobreza se vuelven una situación marginal que se alivia con programas superficiales. No se ha generado una política social seria que permita trasgredir a todos los sectores de la población, tampoco se han creado estrategias pedagógicas de implementación sobre estas políticas públicas.

Además de las transformaciones económicas, las secuelas del conflicto han agudizado la situación social en la que se encuentra el país, generando abismos de desigualdad y de inequidad que se reflejan en el limitado acceso a los recursos y a los estándares sociales mínimos requeridos por una población (Herrera, 2006).

A partir de las reformas en el ámbito de la política económica se producen cambios en las políticas sociales. Estos cambios sólo han arrojado resultados insatisfactorios y con conflictos cada vez más intensos, por lo que la economía ha estado más inestable y vulnerable a las fluctuaciones tanto internas como externas. En ultimas, todo esto ha traído consigo profundas crisis de la cuales el país no ha terminado de recuperarse. La poca generación de empleo, los bajos niveles de inversión tanto en capital físico como humano y la mala redistribución del ingreso son reflejo de ello.

El colapso de la economía y la ausencia de cohesión social se evidencian cada día más en el creciente desequilibrio social, en la falta de acceso a oportunidades, en la no defensa y promoción de los derechos de los ciudadanos. Esto es una clara muestra del resultado de la política neoliberal.

La apertura económica propuso que el país se acomodaría a las ventajas de la internacionalización, pero que para ello era necesario mermar el papel del Estado desde sus políticas de protección y de intervención; obviamente, esto afectó, de forma directa e inmediata, a las políticas sociales y sus beneficiarios.

Debemos aclarar que para implementar una buena política de desarrollo, se debe tener como base la equidad social. Sin embargo, este elemento no se ha tenido en cuenta dentro del proceso de implementación del modelo neoliberal. El desempleo y el trabajo informal han aumentado categóricamente, los niveles salariales al contrario disminuyen y la atención en servicios básicos es cada vez más precaria; en general el desarrollo humano, de acuerdo con los índices de Naciones Unidas, se ha deteriorado. (Cárdenas, Sánchez y Bernal, 2005).

Actualmente, Colombia se encuentra en una búsqueda para establecer un equilibrio económico, social y político. Es allí donde la no aplicación de Políticas Sociales se manifiesta como un grave problema social (Banco Mundial, 2012).

Como lo afirma doctora en ciencias económicas y empresariales, Consuelo Corredor:

Si bien los gobiernos de los últimos años han aumentado el gasto social, esos programas han sido más de orden asistencial y de alivio a la pobreza. No han estado orientados a tocar el núcleo duro de la pobreza, es decir, factores estructurales en la base de esa situación” (Corredor, 1998, 6).

El interés de fortalecer un modelo económico va en contravía del fortalecimiento de Políticas Sociales que promuevan la dignidad de las personas, su entera vocación y el bien común. En la actualidad, el país vive una grave situación social que no ha podido ser solucionada por las políticas económicas emprendidas y que por el contrario han sido agravadas por el continuo incremento de la inequidad.

Repetto (2005) manifiesta que las políticas sociales y sus expresiones programáticas, entendidas en un sentido amplio, incluyen intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad social, vivienda, infraestructura básica) así como las tendencias a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a promover el empleo y brindar protección ante los males sociales.

Por su parte, Amartya Sen (1995) plantea que la política social es un concepto subjetivo y no significa un acceso a bienes, sino a una disposición de libertad o capacidad de elección. La calidad de vida, en ese sentido, se mide en capacidades de funcionamiento.

Cuando se plantea el interés de democratizar, nuestros gobiernos se alientan de las esperanzas de mejoramiento del nivel y condiciones de vida de los ciudadanos. Desafortunadamente, este proceso se centra únicamente en el ejercicio electoral por encima del interés del fortalecimiento de los espacios participativos y sociales. Incluso, priman sobre el fortalecimiento de políticas sociales, que conduzcan al crecimiento del desarrollo humano de los ciudadanos (Vargas, 1999).

Es en verdaderos espacios democráticos donde se define la vigencia de los derechos de los ciudadanos, se valoran situaciones de equidad social y la exclusión social no tiene cabida. En este orden de ideas, los principios se regirían precisamente por las iniciativas rectoras en la aplicación de los Derechos Humanos. Entonces podemos hablar de la igualdad, la gratuidad, la rapidez y la priorización en la atención. La salud, el saneamiento ambiental y la seguridad social constituyen derechos irrenunciables para todos los ciudadanos y son la base para que se brinde bienestar y mejoramiento en la calidad de vida.

El diseño y ejecución de políticas sociales debe tener fundamento en los principios avanzados de las reformas constitucionales y sobre todo en la actual definición del Estado colombiano al considerarse Estado Social de Derecho. Este tiene su soporte ético en la apelación a la solidaridad y al bien común, establece la base legal para el reconocimiento y ejercicio efectivo de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de los colombianos. Además, soporta la lucha contra la inequidad y la injusticia social y garantiza la igualdad de oportunidades para toda la población, sin lo cual no tiene vigencia la libertad y los derechos políticos.

La finalidad concreta de la política social es la reducción sustancial de la pobreza, de las desigualdades del ingreso y la riqueza, la eliminación de la miseria (Corredor, 2005), el incremento del bienestar y de la calidad de vida, especialmente de los sectores más desvalidos de la población y la garantía para todos de adecuados estándares de empleo, alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social y recreación que constituyen, entre otros, un “derecho de ciudadanía social” inseparable de los derechos políticos y civiles.

Esta política de universalización[1] de los derechos sociales implica el mantenimiento de sistemas públicos de servicios con carácter general, estructurados sobre mecanismos de redistribución del ingreso e igualdad de acceso a ellos y fundamentados en sistemas de impuestos y tarifas progresivas, en una alta eficiencia del Estado y en el apoyo de los movimientos sociales y políticos comprometidos en hacerla viable (Garay, 2003).

El mercado y el sector privado, aunque atienden algunas demandas sociales, no pueden hacer frente a aquellas que cumplen los programas públicos con efectos positivos en el bienestar de toda la sociedad, en la consolidación de la democracia, en la ampliación del mercado interno y en el mejoramiento de la productividad y de la competitividad.

La política social no puede reducirse a ser simplemente asistencialista, de alivio a la pobreza, “focalizada” en algunos sectores, sino universal, de largo plazo y que impulse reformas estructurales de la sociedad. La forma de atacar las desigualdades simplemente con políticas compensatorias de gasto social, es insuficiente para aminorar la brecha de ingresos que radica en la estructura misma de la sociedad.

Esta política debe ser entendida como una política pública que crece con mayor intensidad en el entramado de relaciones que intervienen sobre la agenda que decide respecto de la “cuestión social”, lo evidente y lo oculto de ese proceso. Esto permite entender a la política social como un proceso en el que los distintos actores que la protagonizan desarrollan prácticas cuyos contenidos obedecen a una pluralidad tanto de valores como de fines.

En este sentido se refuerza la idea de que las políticas sociales requieren de la participación efectiva de sectores excluidos directa o indirectamente para poder expresar cuáles son sus necesidades (Reppeto, 2005).

Es necesario incorporar la equidad social, como un principio imprescindible en el modelo de desarrollo, entendida como el derecho efectivo que los miembros de la sociedad tienen para satisfacer sus necesidades vitales. Para alcanzarla se requiere que las desigualdades sean menores, por medio de acciones específicas en campos como la educación y la salud gratuitas, la seguridad social, la prestación y acceso a los servicios públicos.

La equidad no es sólo deseable por principio de justicia social, sino necesaria y conveniente para un crecimiento dinámico, que requiere estabilidad política y social. Los altos niveles de desigualdad y pobreza, como los de Colombia, producen graves conflictos que se manifiestan en violencia, narcotráfico e ingobernabilidad debido a la mala distribución de recursos y oportunidades.

A la política social se le debe dar un importante papel en relación a su contribución al desarrollo económico, por cuanto mejores condiciones de salud, educación, vivienda y recreación cualifican el recurso humano que constituye un factor insustituible de inversión en la aplicación de un modelo de desarrollo como en el que Colombia decidió estar inmersa.

No tiene sentido hablar de crecimiento como un fin en sí mismo, si esto significa, como viene ocurriendo en Colombia, el empobrecimiento de amplios sectores de la población, entre ellos de manera significativa el de los adultos mayores, por lo tanto, el crecimiento se concentra en grupos minoritarios.

Es así como en el primer informe del Desarrollo Humano se plantea que “el Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del ser humano”. En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres oportunidades más esenciales son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Por tanto, el desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano” (PNUD, 1990).

Para la realidad colombiana esta propuesta de Desarrollo humano, se convierte en un gran reto social, es posible comprobar que la pobreza se ha agudizado en los últimos años, indicadores muestran que la pobreza en la economía colombiana afectaba al 46% de la población hacia finales del 2008. Si bien representa una mejora desde el 53, 2% observado en 2012, aún se encuentra en niveles elevados que ponen en peligro la estabilidad social del país. (DANE 2012). Lo alarmante de esta situación está en el hecho de que la economía colombiana durante esta fase se encontraba en un fuerte crecimiento económico.

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La organización de la población de los países en vía de desarrollo cada día marca diferencia. Colombia atraviesa por ese fenómeno y esto simplemente lleva a que crezca una población con necesidades insatisfechas y con unos débiles programas de asistencia social que no están permitiendo el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es aquí donde entra el diseño y ejecución de Políticas Sociales que se fundamenten en el carácter del Estado Social de Derecho. (GARAY, 2003) Pero desafortunadamente la Política Social más que servir como una estrategia de desarrollo o como una alternativa de solución a los problemas de pobreza e inequidad, mantiene un carácter meramente compensatorio y subordinado a las exigencias de la economía, ya que sólo busca mitigar los costos sociales producidos por las políticas restrictivas del modelo Neoliberal.

BIBLIOGRAFÍA

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Botero, J, Crecimiento, pobreza y distribución del ingreso: un análisis de equilibrio general computable. Informe final Misión para la reducción de la pobreza y la desigualdad 2008.

Cárdenas, Miguel Eduardo; Sánchez, Luz Helena; Bernal, Martha; Retroceso de la Salud en la Colombia Neoliberal, Informe Alternativo sobre La Salud en América Latina, Observatorio Latinoamericano de Salud, Cap. 10 (2005).

Contraloría General de La Nación. (2004). Informe Social 2004. Evaluación de la política pública de infancia,adulto mayor y juventud. Bogotá: Contraloría General de la Nación

Corredor, Consuelo: Es el problema de la pobreza un problema de exclusión. Pobreza urbana y políticas sociales en la ciudad del 2000. Ed. Sehas, Conicet, Secretaría de Desarrollo Social, Córdoba, Argentina, 2000.

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Garay, Luis Jorge Crisis, Exclusión Social y democratización en Colombia, en Construcción de una nueva sociedad, Cambio y Tercer Mundo Editores, Bogotá 1999.Ensayo presentado en el seminario Inclusión social y nuevas ciudadanías: condiciones para la convivencia y seguridad democráticas, convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

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Herrera, Beethoven y otros La pobreza en Colombia: Desafíos para la Acción Pastoral. Documento de Trabajo Secretariado Nacional de Pastoral Social – Caritas Colombiana. 2006.

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Repetto, Fabián: La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina, INDES, p. 40 2005.

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http://fce.ufm.edu/ProfesoresInvitados/Zanotti/IGUALDAD_Y_DESIGUALDAD%20ultima%20version.htm .

  1. Las insatisfacciones que ha generado esta dimensión necesariamente estatal del reconocimiento internacional de los derechos de la persona ha llevado, a partir del tránsito entre estos dos siglos, a la elaboración de técnicas que desarrollan la eficacia de los derechos más allá de la recepción formal y material de los mismos en los ordenamientos jurídicos nacionales, y esta preocupación fundamentalmente guiada por lograr el respeto de derechos humanos fundamentales, en particular el derecho a la vida, también se extiende a la tutela de los derechos de las personas que se encuentran en una situación de subordinación social y económica frente a la cual es necesario plantear medidas que logren una progresiva nivelación o igualación. A esta tendencia se la denomina universalización de los derechos, teoría expuesta por Antonio Baylos.

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