Procuraduría advirtió que el Gobierno solo destinó la mitad del presupuesto para alimentación escolar

Fuente:

El Espectador

El Ministerio Público manifestó que existen serias irregularidades e inconsistencias en el presupuesto para el año 2016 lo que afecta las metas y la calidad del programa.

En un informe de 90 páginas enviado al Gobierno la Procuraduría General advirtió que existen serias y persistentes fallas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia. Una de los principales problemas hallados en el documento hace referencia a la ejecución del presupuesto.

En este sentido se indica que al estudiar el presupuesto presentado para el presente año se determinó que solamente abarcaría el 50 por ciento de lo establecido desde un principio para el desarrollo de este programa, situación que afecta gravemente los objetivos centrales del programa.

Para la Procuraduría General en un principio el presupuesto era de 821 mil millones de pesos, sin embargo para el 2016 solamente se destinaron $423 mil millones, por lo que se ponen en riesgo la totalidad del programa así como su calidad.

“Se ponen en riesgo no solamente los más de 4 millones de raciones diarias para igual número de niños que se distribuyen actualmente, sino que también se está cerrando de un tajo la posibilidad de ampliar la cobertura, lo cual es una obligación legal, como lo hemos señalado a lo largo del presente informe”, precisa el documento.

Frente a la calidad del mismo se manifiesta que la ración que recibían los menores de edad podría verse disminuida considerablemente. Se considera que no existen datos exactos que permitan verificar esta situación.

“No está claro si esas raciones a las que se refiere el documento corresponden a igual número de niños atendidos o a raciones por niño, a desayuno o almuerzo, o a los dos complementos alimenticios brindados al mismo o a diferentes niños”, precisa uno de los puntos centrales del citado informe.

Ante esto se le pide a las autoridades encargadas tomar medidas urgentes dirigidas a minimizar los riesgos, en especial y velar para un adecuado desarrollo y ejecución del Programa con el fin de beneficiar a los menores que lo reciben.

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