Los derechos humanos y los deberes constitucionales del estado colombiano hacia las personas con discapacidad

Idaly Serna Riaño

  1.  FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA

Partiendo de la idea de dignidad humana y teniendo en cuenta los derechos de las personas con discapacidad, en el mundo entero se han generado múltiples debates en aspectos como: la igualdad, la justicia social, la marginación, la opresión, la participación, entre otros aspectos, en torno al tema de la discapacidad.

 

En Colombia, como en el contexto internacional, la discapacidad ha ocupado un lugar en el campo social, económico y político. Así, “cada gobierno ha impulsado o retrasado el tema y ha hecho logros o retrocesos frente a las expectativas de las personas y las organizaciones en situación de discapacidad” (Moreno Angarita 2007) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad representan más de la décima parte de la población colombiana, cerca de 12%, que es el promedio para Latinoamérica.

Un proceso sutil, silencioso y tradicional de exclusión social, ha vivido esta población que solamente después de la Constitución de 1991 empezó a recibir protección directa y a sentir que tenía derechos, porque en la Carta de 1886 ni siquiera se hizo mención a ella, y menos a la reivindicación de sus derechos humanos como el derecho al trabajo.

Según el Dane, en el Censo de 2005, de cada 100 colombianos 6,4 tienen una limitación permanente. De cada 100 personas con limitación, 43,5 tienen dificultades para ver; otras 29,3 tienen limitaciones permanentes para caminar o moverse. Otros 17,3 tienen limitaciones para oír, 14,7 para usar brazos y manos y 12,9 limitaciones permanentes para hablar, 12 permanentes para entender o aprender, 9,8 para relacionarse con los demás, 9,4 tienen limitaciones permanentes para su autocuidado y 18,8 presentan otro tipo de limitación permanente. Adicionalmente, como resultado del conflicto armado, se ha cuantificado la existencia de aproximadamente 6.000 sobrevivientes de las minas antipersonales, ello sin contar el número de integrantes de la Fuerza Pública que han sufrido algún tipo de lesión.

En este marco demográfico, la evaluación sobre la atención a la población con discapacidad en Colombia es muy fragmentada; los sectores todavía no cuentan con indicadores sobre cobertura, calidad o impacto de los servicios que son orientados hacia este segmento.

  1. HIPÓTESIS:

POSTULADO UNO

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada por consenso por la Asamblea General en la resolución 61/106, de fecha 13 de diciembre de 2006.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado en materia de derechos humanos que detalla de forma exhaustiva todos los derechos humanos de las personas con discapacidad y clarifica las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y hacer cumplir esos derechos. A pesar de tener derecho a recibir protección en virtud de todos los tratados de derechos humanos a través de los principios informadores de igualdad y no discriminación, las personas con discapacidad han continuado siendo totalmente “invisibles” en el sistema de derechos humanos y han quedado fuera de la reflexión sobre los derechos humanos. Por consiguiente, la entrada en vigor de la Convención llena un vacío importante en materia de protección en las normas internacionales de derechos humanos.

Desde los años 70 se articulan en el país los derechos de las personas con discapacidad a los planes de acción definidos por Naciones Unidas, momento en el cual el gobierno se compromete a responder frente a esta población. Desde entonces, se han aprobado leyes y decretos en pro de responder a los derechos y necesidades de esta población.

  • 1981: Decreto 2358, crea el sistema nacional de rehabilitación. No logra desarrollar los objetivos propuestos pero identifica acciones que fortalecieron algunos sectores relacionados con el tema.
  • 1985: Resolución 14861, sobre protección, salud, seguridad y bienestar de las personas en el ambiente, y en especial, de los discapacitados.
  • 1987: Ley 12, establece requisitos para la construcción del espacio público para la eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el desplazamiento de las personas discapacitadas.
  • 1989: Decreto 2737, Expide el código del menor y en su título VII trata lo referente al menor discapacitado.
  • 1990: Ley 10, incluye el proceso de rehabilitación al sistema de salud.

En el ámbito del Derecho colombiano, la Constitución de 1991 brindó una protección efectiva a las poblaciones vulnerables y, entre ellas, a las personas con discapacidad

Dentro de la carta política, no es posible encontrar una definición completa de lo que se considera constituye una discapacidad, es más, la Carta utiliza varios términos para referirse a ella, en otros: limitados, personas en situación de debilidad manifiesta, disminuidos, minusválidos. Para hacerse a un concepto de discapacidad la Corte ha hecho uso del bloque de constitucionalidad y en concreto de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, en el sentido de entender la discapacidad como la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

De otro lado, la actual Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el concepto incluye a las personas que "tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

La discapacidad será entonces la conjunción de dos elementos esenciales que se encuentran presentes en los dos instrumentos internacionales que se reseñan previamente. El primer elemento es la limitación o deficiencia que puede ser de tres tipos: física, sensorial o cognitiva y que además puede ser temporal o permanente y variar en intensidad o grado. En sí misma la limitación no constituye una discapacidad, sino que necesita interactuar el segundo elemento: así cuando la persona con la limitación interactúa socialmente y encuentra barreras físicas, actitudinales y sociales en general que le impiden integrarse socialmente en condiciones de igualdad, se considera que existe una discapacidad.

  • 1991: Constitución Política de Colombia, en sus artículos 13, 47, 49 y 54 propende por los derechos fundamentales, servicios, planes de prevención y rehabilitación de los discapacitados y exige al estado garantizarlos.
  • 1993: Decreto 2681, declara el 3 de diciembre como día nacional de las personas con discapacidad.
  • 1997: Ley 361, establece mecanismos de integración social de las personas discapacitadas.
  • 1999-2000: Plan Nacional a las Personas con Discapacidad, define los lineamientos para la asistencia integral a esta población dentro del gobierno vigente.

A pesar de la cantidad de normas con las que se ha pretendido establecer los principios para la autonomía e igualdad de oportunidades, es todavía incipiente el desarrollo en la práctica, porque la realidad presenta un problema que aumenta y niega las condiciones de equidad para esta población. La situación es desfavorable y la condición de marginalidad en los espacios sanitarios, culturales, educativos y laborales es evidente, sin contar la discriminación en los procesos políticos y sociales.

Las razones para que esto suceda pueden ser la “…falta de conciencia y voluntad política en un estado que en complicidad con la escasez de recursos, la persistencia de creencias, actitudes y prácticas intolerantes, negativas y excluyentes nos alejan del precepto fundamental de que todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derecho” (Marco Jurídico Colombiano, 2005).

POSTULADO DOS

En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos, es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto, se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, de manera que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.

El enfoque de derechos plantea que los individuos deben reivindicar sus legítimas aspiraciones, reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales, inalienables e irrenunciables, porque la igualdad también es un valor y un principio. La igualdad atraviesa la Constitución y obliga a todo el Estado y a la sociedad civil.

La evolución normativa ha permitido cambios significativos, especialmente los relacionados con la acción de tutela, pero es todavía muy largo el camino por recorrer. La Corte Constitucional ha afirmado que una de las características más relevantes del Estado social de Derecho , es la defensa de quienes por su condición de debilidad e indefensión pueden verse discriminados o afectados por acciones del Estado, o de los particulares. En consecuencia, el amparo y la protección especial otorgada a las personas con discapacidad en este desarrollo jurisprudencial, ha partido del derecho a la igualdad como derecho relacional, que se concretiza en la protección de un derecho, en especial, correlacionado con la igualdad. Asimismo, se han tenido en cuenta temas como salud, tratamientos médicos, quirúrgicos, atención especial, régimen subsidiado para personas de escasos recursos, pensiones de invalidez, sustituciones pensionales, derechos del trabajador con discapacidad, despido sin justa causa y límites de la protección otorgada. Otros temas que se han abordado son: los derechos del menor y los límites al amparo de este derecho, el cuidado de las personas con discapacidad en relación con el deber que tienen los padres y familiares de brindarlo, y el trato especial que se les debe prodigar, proporcionándoles ciertos beneficios frente a medidas que rigen para los demás ciudadanos.

La vulnerabilidad de las personas con discapacidad es precisamente un indicador de inequidad y desigualdad social, que reclama respuestas de la estructura socioeconómica y política.

  1. MARCO TEÓRICO

La legislación para las personas con discapacidad debe partir de garantizar la igualdad, pero cuando la situación no garantiza que se pueda competir en condiciones de igualdad, se tiene que aplicar la discriminación positiva. La discriminación positiva implica que el Estado otorga algunas ventajas y garantiza que no haya discriminación derivada de la situación de discapacidad. En esa medida, no sólo se requiere del Estado una obligación de no discriminar, sino también, en algunos casos, debe adoptar las acciones afirmativas para garantizar la inclusión de grupos o sectores de la población tradicionalmente discriminados. La Ley 188 de 1995, llamada también Salto Social, incluyó por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo el tema de la discapacidad, como parte de las prioridades que en materia de política social tiene el Estado colombiano. Además, puso la coordinación de la política de discapacidad en manos de la Vicepresidencia de la República de Colombia. Durante los últimos tres gobiernos, las políticas públicas relacionadas con los problemas y necesidades de las personas con discapacidad, se han establecido a través de planes nacionales de atención al sector de la discapacidad, orientados a generar mayores niveles de compromiso social, solidaridad y equidad de la sociedad.

Las realidades del contexto social, económico y político, y los compromisos de carácter internacional adquiridos por Colombia obligan a realizar un esfuerzo de comprensión entre las políticas locales, las tendencias mundiales en el desarrollo y la obligación del cumplimiento de convenios y tratados sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Algunos de los compromisos adquiridos están contenidos en la Declaración del Milenio suscrita por Colombia y que, entre otras, plantea que: “los derechos humanos y el desarrollo humano están íntimamente unidos y forman parte de la esencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio […] que abordan, entre otros, problemas relacionados con la igualdad, la no discriminación y la participación

Al analizar la normatividad internacional en materia de discapacidad, se concluye que para Colombia es necesario implementar de manera eficaz los instrumentos internacionales. Un paso en ese sentido lo constituye la participación activa de los miembros del equipo de investigación “Eficacia de los mecanismos judiciales e institucionales de protección a la población con discapacidad en Colombia”, en el proceso de ratificación de la Convención Interamericana

 Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los seres humanos. Así se reconoce en algunos instrumentos internacionales, como la Declaración de los Derechos de los Impedidos; el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, cuyo objeto fue establecer medidas eficaces para lograr la igualdad y la participación plena en la sociedad; las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, adoptadas en 1993, en las que se indican las responsabilidades de los estados y las metas que se deben alcanzar en relación con estas personas

Se ha propuesto una teoría de los derechos humanos de las personas con discapacidad que sostiene como imperativo moral, que toda persona es merecedora de tener los medios necesarios para desarrollar su vida óptimamente. Se obliga a la sociedad a reconocer que todas las personas deben ser valoradas por su inherente valor como seres humanos, más que por la contribución a la sociedad de sus habilidades funcionales individuales.

 

Debido a que las personas con discapacidad necesitan el apoyo social apropiado en cuanto a eliminar los obstáculos del entorno, se debe centrar en las capacidades más que en las deficiencias. Así, se resaltan los siguientes derechos:

  • Derecho a la igualdad: Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
  • Derecho al libre desplazamiento: Eliminación y adecuaciones de las barreras físicas con el fin de tener acceso a las instalaciones de salud, educación, trabajo, cultura entre otras.
  • Derecho al trabajo: Toda persona tiene derecho a un trabajo y sin discriminación, igualdad en el salario por la labor prestada.
  • Derecho al desarrollo social: El Estado debe hacer adecuaciones a los lugares donde se lleven a cabo actividades recreativas y deportivas para que éstos sean accesibles.
  • Derecho a la educación: Las instalaciones en los diferentes centros educativos deben comprender entornos integrados para un mejor desarrollo de las personas con discapacidad, así como la flexibilidad tanto de los horarios como de los maestros.
  • Derecho a la salud: El estado debe facilitar la prestación médica en materia de prevención, atención y rehabilitación; considerando siempre que la discapacidad no es una enfermedad.
  • Derecho a la rehabilitación: Se debe prestar estos servicios a fin de que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de autonomía y movilidad.

El debate sobre los derechos de las personas con discapacidad no tiene que ver tanto con el disfrute de derechos específicos si no con garantizar a las personas a acceder efectivamente a los bienes y servicios sociales que permiten su desarrollo integral.

Por otra parte para fomentar el cumplimiento de estos derechos es necesario conocer las acciones del Estado colombiano, para asegurar el acatamiento de estos derechos a través de sus entidades nacionales, departamentales, municipales y establecer un compromiso entre organismos de control, personas con discapacidad y la ciudadanía en general.

El Estado tiene el deber de remover las normas discriminatorias y abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. A juicio de la Corte, una disposición que se funde en este criterio para restringir los derechos de los grupos desaventajados solo será constitucional si la misma resulta necesaria e idónea para el cumplimiento de una finalidad constitucionalmente imperiosa y siempre que, desde una perspectiva constitucional, el beneficio obtenido sea superior a la restricción impuesta. Esta obligación cobija, además del legislador, a los jueces y a la administración pública en todos sus niveles y manifestaciones así como a los particulares en general.

La constitución política de 1991 identifica claramente a las personas con discapacidad como un grupo de especial protección constitucional y en su interior establece ciertas obligaciones básicas y concretas a favor de dicha población, obligaciones que a su vez constituyen el punto de partida para la protección jurisprudencial. Eliminar la discriminación removiendo las normas y prácticas excluyentes en función de la discapacidad, así como la implementación de acciones afirmativas para el logro de la igualdad material y la inclusión social, constituyen el primer deber constitucional. En segundo lugar, el Estado deberá desarrollar una política de previsión, rehabilitación e inclusión a favor de las personas con discapacidad, y en tercer y cuarto lugar, el Estado deberá garantizar especialmente los derechos al trabajo y a la educación sin que ello implique la desatención de los demás derechos constitucionales de los cuales también son titulares.

CONCLUSIONES

La jurisprudencia constitucional colombiana en relación con los derechos de las personas con discapacidad, debe jugar un rol activo garantizando la protección de sus derechos en salud, educación, trabajo y demás derechos, realzando la posición privilegiada que le otorga el texto constitucional.

 Como segunda medida es necesario realizar programas de inclusión que involucren a toda la comunidad y que brinde las condiciones necesarias pensadas en las personas con diversidad funcional, con el fin de incorporarlos a la vida social y educativa, así mismo generar más incentivos a las empresas para que contraten personas con discapacidad, promoviendo así el derecho al trabajo.

 

Be the first to comment

Leave a Reply