Constitucionalismo popular: el Aporte desde Latinoamérica al Derecho Constitucional

Alejandro Badillo Rodriguez,

Introducción

Durante los últimos 30 años ha comenzado en Latinoamérica un movimiento constitucional más acentuado[1], considerado por muchos expertos en derecho constitucional como progresista, pues en cierta forma reivindica derechos de minorías históricamente invizibilizadas, por lo que el desarrollo de instituciones constitucionales, la apertura de cartas de derechos fundamentales y la constitucionalización del derecho, son ejemplos de un activismos constitucional en Latinoamérica, se ha mencionado el poder emancipatorio de las decisiones de los tribunales constitucionales[2], o de reformas a las cartas políticas, haciéndolas más incluyentes, o incluso de nuevas constituciones que garantizan la multiculturalidad y la pluralidad de nociones de ciudadanía.

Sin embargo, la Practica Constitucional, que autores han resaltado como progresista, no deja de tener una tendencia de una democracia liberal, lo que genera que el desarrollo constitucional este impregnado de las mismas características, generando que las decisiones de los tribunales constitucionales que han sido consideradas emancipadoras, no represente una justicia para todos, que las reformas a las constituciones se hagan por un triunfo de mayorías cualificadas, y que las nuevas constituciones sean producto o resultado de la ascensión en el poder de gobiernos que imprimen ideologías en las instituciones, por lo que no es tan pacifico de definir el surgimiento de un nuevo constitucionalismo progresista en Latinoamérica, sin revisitar otro tipo de tipologías construidas desde la doctrina, como lo es el constitucionalismo popular.

Repensar el fenómeno que se exterioriza en Latinoamérica de un constitucionalismo fuerte, debe revisitarse sobre la problemática de que tan democrático es un excesivo constitucionalismo, si todos los integrantes de la nación se ven representados en las nuevas instituciones constitucionales, o si todas las decisiones de los Tribunales Constitucionales garantizan una justicia para todos.

Se devela entonces un problema del neoconstitucionalismo originado del activismo constitucional latinoamericano.

El presente trabajo tendrá como hipótesis la siguiente:

Aunque en Latinoamérica el constitucionalismo reciente busca articular en forma creativa tendencias y tradiciones distintas del pensamiento democrático, generando posibilidades de deliberación y dinámicas de participación. No se logra plenamente, pues no hay un ejerció de democracia radical, por lo que se propone el ejercicio del constitucionalismo popular “.

Para corroborar la hipótesis mencionada se revisaran los postulados teóricos expuestos por los autores Luz María Sánchez y Rodrigo Uprimny[3], se estructurara el concepto de constitucionalismo popular, así como los conceptos de democracia radical y Contrademocracia, finalmente se expondrán conclusiones sustantivas.

El constitucionalismo latinoamericano: la pretensión de un derecho igualitario y pluralista.

Los autores Luz María Sánchez y Rodrigo Uprimny intentan identificar entre las distintas constituciones latinoamericanas de las últimas décadas, un tipo ideal que tendría características[4] similares, la primera característica es que todos los ordenamientos muestran una adhesión a los gobiernos civiles y una apuesta por la consolidación del Estado de Derecho.[5]

La segunda característica se soporta en las constituciones proferidas recientemente en países latinoamericanos tienen un carácter aspiracional[6] con una fuerte matriz igualitaria y pluralista[7]. En efecto, parece claro que la mayor parte de las reformas tenían como propósito la superación de ciertas tradiciones de autoritarismo y de arbitrariedad en América Latina, buscando una mayor consolidación del Estado de derecho y un incremento de la eficacia del Estado, gracias al reforzamiento de la capacidad e independencia de la justicia y de los organismos de control. Sin embargo, parece igualmente evidente que los procesos constitucionales tuvieron propósitos más amplios pues buscaron también profundizar la democracia y combatir las exclusiones e inequidades sociales, étnicas y de género[8].

La vocación transformadora del constitucionalismo desarrollado en América ha tomado en general dos vías: por una parte, son constituciones, con amplios catálogos de derechos, ya que se presenta un reconocimiento de derechos colectivos o económicos, sociales y culturales, sobre todo si tienen protección judicial, contribuye a una mayor igualdad social y a la transformación democrática. De otro lado, las constituciones también apuestan a que la transformación se haga por medio de una ampliación de los mecanismos de participación democrática, para lo cual han incorporado, además de la democracia representativa, nuevos espacios de deliberación y participación ciudadana[9].

Los autores Luz María Sánchez y Rodrigo Uprimny explican que estas dos vías de transformación revelan el tercer y cuarto rasgo del constitucionalismo latinoamericano reciente, los cuales son ; un esfuerzo por repensar y reformular la democracia más allá de las formas representativas y su entrada a formas de constitucionalismo fuerte o neoconstitucionalismo.

En síntesis, los rasgos comunes del constitucionalismo latinoamericano son: todos los ordenamientos muestran una adhesión a los gobiernos civiles y una apuesta por la consolidación del Estado de Derecho, las constituciones proferidas recientemente en países latinoamericanos tienen un carácter aspiracional, se realiza un esfuerzo por repensar y reformular la democracia más allá de las formas representativas, entrada a formas de constitucionalismo fuerte o neoconstitucionalismo.[10]

Muchas de las reformas constitucionales recientes en América Latina, sin rechazar la democracia representativa, han intentado ir un poco más allá, previendo espacios e instituciones nuevas de participación democrática. Los ciudadanos, además de elegir y revocar representantes, tienen también la posibilidad de decidir por medios directos, como referendos, plebiscitos o iniciativas populares. Hay pues un verdadero esfuerzo de reinvención democrática que podría ser teorizado como una ambiciosa tentativa por articular formas más clásicas de democracia representativa, que suelen enfatizar la dimensión deliberativa de la democracia, con visiones más radicales de democracia participativa[11].

Esto significa que el constitucionalismo latinoamericano reciente busca articular tendencias y tradiciones distintas del pensamiento democrático, en donde usualmente solían oponerse las posibilidades de deliberación y las dinámicas de participación.

En cierta forma, el constitucionalismo reciente en América Latina intenta ampliar los espacios de ciudadanía y de participación sino que fortalece o incluso exige la deliberación pública transparente para la toma de ciertas decisiones. En efecto, muchas de las reformas recientes ampliaron el número de funcionarios electos popularmente y además incorporaron nuevos mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum o la consulta popular[12]. Igualmente algunas constituciones fortalecieron los mecanismos de control ciudadano, pues no solo establecieron la revocatoria del mandato para ciertos funcionarlos electos, sino que también previeron otras formas de participación ciudadana, como las veedurías, para controlar muchas actividades administrativas[13].

Según la interpretación de Luz María Sánchez y Rodrigo Uprimny, el constitucionalismo reciente propugna entonces por una democracia muy fuerte pues aspira a que esta sea no solo representativa sino también participativa y deliberativa[14].

De otro lado, las reformas constitucionales recientes en América Latina han intentado reforzar la fuerza normativa de la constitución. La mayor parte de estas constituciones aspiran a ser textos que efectivamente gobiernen la vida en sociedad, por lo que incluyen mecanismos de justicia constitucional que aseguren que sus promesas de derechos y bienestar no sean meramente retóricas sino mandatos normativos con eficacia práctica. En ese sentido, las reformas constitucionales de los años noventa hacen entrar a América Latina en lo que algunos autores llaman “neoconstitucionalismo[15]”. Todas estas expresiones indican que estamos frente a ordenamientos que no se limitan a establecer límites al Estado o a diseñar las instituciones, sino que reconocen una amplia gama de derechos y principios, y le imponen metas al Estado, pero también establecen formas de justicia constitucional más o menos fuertes para que esos mandatos se cumplan[16].

Sin embargo, no puede desconocerse que existe un problema latente en la tinoamerica entre las decisiones mayoritarias y el constitucionalismo, pues al concebirse las decisiones mayoritarias como un mecanismo sin límites, por medio de este se podrían tomar cualquier clase de decisiones, lo que haría que el procedimiento fuese peligroso, tal y como lo expresa Waldron[17]: “Si la regla de la mayoría opera como procedimiento de decisión no sujeto a restricciones sustantivas, a través de él será posible adoptar decisiones con cualquier contenido. Y eso, se supone, es precisamente lo que la haría peligrosa, puesto que obviamente la mayoría puede decidir oprimir a la minoría”. Ahora suponiendo que algunas decisiones mayoritarias sean impulsadas más por pasiones que por argumentos racionales se puede concluir que esto ocasionaría vaciamientos en conceptos que atentarían contra intereses de la minoría, por lo que el constitucionalismo en apariencia salvaguardaría un conjunto mínimo de derechos, controlando en cierta forma decisiones que afectan o destruyen ciertos bienes jurídicos, sin embargo al afirmar que el constitucionalismo establece cosas que las mayorías no pueden tocar, es desconocer el procedimiento de cómo se llegó a la decisión de cuales intereses serian intocables, es decir que si una sociedad decide que lo fundamental es la dignidad humana y sobre este principio no existe nada más fuerte o superior seria desconocer que, de alguna manera se tomo la decisión sobre qué es lo que las mayorías no podrán decidir[18]. Ahora bien otro punto a tratar seria la delimitación especifica del interés llamado a ser intocable lo que significa, que debe existir un procedimiento constitucional[19] claro, que sirva para delimitar las decisiones colectivas. Es común que en los Estados latinoamericanos no existan mecanismos consolidados para controlar de algún modo las decisiones mayoritarias.

Jeremy Waldron, tal vez uno de los exponentes más prolíficos de la tesis de la prevalencia de la regla de la mayoría, cuestiona la utilidad del constitucionalismo como procedimiento[20]. Expone Waldron que el argumento más fuerte que legitima el constitucionalismo como control de las decisiones mayoritarias es cuando la decisión no está sujeta a restricciones sustantivas, por lo cual permitiría que la misma tuviera cualquier contenido. No obstante esa afirmación para justificar el constitucionalismo puede ser considerada como una falacia, “ afirmar que el constitucionalismo establece que hay cosas que las mayorías no pueden decidir es contar una historia incompleta: porque antes, en ausencia más que previsible de unanimidad al respecto, ha habido que tomar de algún modo la decisión sobre qué es lo que las mayorías no podrán decidir; y después, por cierto, habrá que seguir tomando decisiones sobre la delimitación exacta de los confines sólo genéricamente establecidos a lo que pueden decidir[21].

En el mismo sentido los autores Robert Dahl[22] y Bruce Ackerman[23], también critican el constitucionalismo, teniendo como basamento premisas similares.

Alude Waldron que al momento de estructurar la política de una sociedad, en donde no se tienen principios claros de lo que es equidad o justicia es necesario escoger un conjunto de procedimientos que sirvan para tomar decisiones colectivas acerca de los límites de funcionamiento de otros. De otro lado, la tesis de Waldron critica las cartas de derechos[24] tuteladas por el constitucionalismo, pues esta lista sustantiva no resolvería el problema de las decisiones mayoritarias que en su contenido minimicen intereses de la minoría. Waldron afirma que el límite al poder de decisión mayoritaria no son los derechos incorporados en una constitución, sino el órgano que ostente el poder para ejercer un control jurisdiccional o incluso con la decisión mayoritaria de los miembros que establezcan el contenido de los derechos[25].

Entonces, se formula el siguiente cuestionamiento ¿Cómo generar mecanismos constitucionales que a su vez sean democráticos?, la respuesta que se presenta en la hipótesis es mediante el ejercicio del constitucionalismo popular.

El constitucionalismo popular

Este concepto es un importante cuerpo de literatura jurídica que se ha ido consolidando en los últimos años y que agrupa a un importante conjunto de juristas. Entre ellos, se encuentran autores como, Jeremy Waldron y Mark Tushnet, entre otros[26].

El constitucionalismo popular se caracteriza por una clara desconfianza frente al elitismo que, según sus promotores, diferencia la reflexión jurídica contemporánea, a la vez que critica a la obsesiva atención que, en su opinión, se dedica al poder judicial constitucional.

La idea central que sostiene el constitucionalismo popular es que el gobierno pertenece al pueblo, y no a los jueces. Esta premisa se soporta en varios autores constitucionalistas que han enfatizado la distinción que debe realizarse entre la revisión judicial de las leyes, que es la capacidad del poder judicial de declarar inconstitucional una norma legislativa de la supremacía judicial, mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad y el carácter de "último intérprete" que suelen gozar los jueces en el derecho constitucional.

Autores como Larry Kramer en su obra The People Themselves[27][] han considerado que esta última atribución ha sido arraigada injustificadamente por el poder judicial desde el caso Marbury contra Madison.[]

Por otro lado, autores como Jeremy Waldron y Mark Tushnet sostienen una postura más radical al respecto, descreyendo de todo tipo de control constitucional por parte de los jueces a tal punto que debe "quitarse la Constitución de las manos de los tribunales[28]"

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]La justificación de Waldron radica en lo poco razonable que considera resolver las divisiones de la sociedad por regla mayoritaria en el poder judicial, es decir resolver los conflictos sustantivos contando las cabezas de los jueces en favor de una opinión u otra y no en el poder legislativo (que en principio es la representación más eficiente de la voz ciudadana en un sistema democrático[29][]

El ejercicio de la Democracia Radical y la Contrademocracia.

Las decisiones judiciales de orden constitucional no logran demostrar representación del conglomerado social, han generado desconfianza por parte de los ciudadanos conscientes del error del procedimiento democrático, al fungirse como un sistema de mera consulta, bien sea sobre un catalogo de candidatos o de iniciativas que provienen de sectores elitizados.

Esto ha generado que se acuda a la desobediencia civil, al uso de vías de hecho, pues pareciese que el derecho no logra proteger sus bienes ius fundamentales, como ejemplo se citan las marchas sobre la salud en Bogotá en 2010 en contra de las medidas propuestas por el gobierno a través de Decreto, el paro estudiantil de 2012 por la reforma a la educación propuesta, el paro agrario del año 2013 donde se solicitaba la declaración por parte del Estado de reservas campesinas así como la protección de la actividad campesina.

Todas estas manifestaciones populares o “vías de hecho” dieron fruto. Por ejemplo, las medidas sobre la salud fueron tan impopulares que incluso lograron detener su positivización dentro del derecho, con las protestas en salud, el decreto fue desconocido por la comunidad académica y los profesionales de la salud, incluso la corte constitucional declaro inexequibles varios apartes del decreto, pero utilizando argumentos eminentemente formales y autopoiteicos, es decir, no tuvo como argumento las fuertes protestas populares que pararon el país.

Otro ejemplo fue el movimiento estudiantil que logro tumbar o detener la iniciativa legislativa propuesta por el gobierno en 2012 y sentarse a concertar y construir una propuesta legislativa teniendo en cuenta las demandas de los estudiantes.

Situación similar ocurrió con el paro agrario que logro generar acuerdos con el gobierno en el Catatumbo, “denominándolo laboratorio de paz”.

Sin embargo, todas las medidas resultantes de la manifestación popular solo han generado paliativos, pues en curso se encuentra la nueva reforma a la salud en el congreso, igual que la reforma a la educación y que muchos espacios se han cerrado para los movimientos estudiantiles al momento de construir la nueva propuesta legislativa.

Por tanto, aunque las vías de hecho, resultantes de un claro ejercicio de la desobediencia civil, han detenido propuestas que van en contra del interés público respecto de sus derechos fundamentales, se observa que el sistema de derecho no es responsivo al momento de proteger o reconocer las garantías demandadas. Incluso es desde el mismo derecho que se subordina a los integrantes de la sociedad, esta premisa es coherente con lo que se denomina Estado derecho, pues reduce la arbitrariedad que los que poseen el poder sobre los desposeídos, pero cuando el derecho le sirve como instrumento para los grupos elitizados, el concepto de justicia se relativiza y las instituciones estatales fungen como administradores de los bienes públicos al servicio de los intereses privados.

Por tanto, para romper esta relación, se hace necesario acudir a otra forma de democracia que rompa el sistema plebiscitario de consulta al que se someten los ciudadanos, es decir que se fomenten prácticas democráticas que permitan la construcción de las políticas desde los ciudadanos que se encuentran en la base, en la sociedad hegeliana a la que se refiere Habermas como periferia[30]

  • La participación de la sociedad en la toma de decisiones publicas

En Colombia se presenta una democracia plebiscitaría que consulta mediante el procedimiento electoral a la sociedad, empero la colectividad no participa en la construcción de propuestas, así como también hay un alto grado de falta de representatividad de quienes son elegidos como voceros del pueblo.

Se ha generado entonces en Colombia, un desinterés sobre el proceso democrático, esto se puede corroborar por el gran aumento de la abstención electoral, fenómeno que por lo menos indica falta de confianza no solo del procedimiento democrático, sino de quienes son elegidos.

Pierre Rosanvallon estudio este fenómeno denominándolo la política de la desconfianza, el autor predica que la configuración de la desconfianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en las instituciones políticas, se presentan, pues estas no encarnan los intereses de los ciudadanos, La decepción se presenta junto a la denuncia por traición de una promesa, del seno de esa decepción termina por emerger de manera problemática un odio sordo hacia las democracias[31].

Rosanvallon establece que la abstención electoral son hechos descritos generalmente como crisis en los sistemas democráticos. Además el tratadista expone que no se trata de interpretaciones relacionadas con el crecimiento del individualismo, la declinación de la voluntad política, la aparición de élites cada vez mas alejadas del pueblo; sino que es la “declinación de lo político” ocasionado por un desinterés de los gobernantes respecto de sus gobernados, ocasionando actitudes de desaliento o relajamiento, generando una deslegitimación del sistema democrático[32]

Es importante aclarar que me aparto parcialmente de la postura de rosanvallon, pues en Colombia es innegable que el gobierno esta compuesto por representantes de las elites políticas y que estas no logran encarnar las demandas sociales, si bien es cierto que también se configura un desinterés de los gobernados en la toma de decisiones, este es promovido por el mismo sistema, manteniendo alejada a la sociedad de los asuntos políticos y económicos, como si fueran agenda exclusiva de mesas de trabajo tecnocráticas.

De otro lado Rosanvallon expone que la historia de la democracia deja ver que siempre existió una tensión sobre aquello que la teoría de los gobiernos representativos democráticos ha ligado con el mecanismo electoral, una tensión insuperable entre la legitimidad y la confianza[33].

La disociación entre la legitimidad y la confianza, es un problema central en la historia de las democracias. Ante esto rosanvallon ha desarrollado dos vías o propuestas:

La primera propuesta se encamina en políticas y procedimientos para reforzar la legitimidad procedimental, reforzar la dependencia de los elegidos, así como la de mejorar la democracia electoral[34].

La segunda vía se sustenta en la organización de la desconfianza, para ello se es necesario el entrecruzamiento de prácticas, de contrapoderes informales y también de instituciones, destinados a compensar la erosión de la confianza del sistema democrático[35].

Rosanvallon sintetiza que la expresión de la desconfianza no es más que las reacciones de los ciudadanos frente a las formas de gobierno y sus decisiones políticas, se pueden observar distintas visiones como la desconfianza antigua y moderna, liberal y democrática:

La desconfianza antigua es el rechazo a los poderes arbitrarios impuestos a la sociedad, y la desconfianza moderna hace referencia a la constatación de posibles errores de los nuevos regímenes surgidos de la voluntad general.

La desconfianza Liberal hace referencia a la usada en el sistema norteamericano, según Rosanvallon la desconfianza liberal es una obsesión por prevenir la acumulación de poderes, su proyecto no fue crear un gobierno bueno y fuerte fundado en la confianza popular, sino constituir un poder débil e instituir la sospecha. El objeto era proteger al individuo sobre las invasiones del poder público. la desconfianza liberal se comprende como un poder de prevención, y se inscribe por ello en una perspectiva temerosa y pesimista sobre la democracia[36].

Por último Rosanvallon se refiere a la desconfianza Democrática, la cual tiene como finalidad concentrarse en el ejercicio del poder y que este respondiera fielmente a sus compromisos, buscando el medio que permita mantener la exigencia de un servicio al bien común. Se expresa de múltiples maneras, pero tiene mayor expresión en los siguientes estadios:

  1. Los poderes de control
  2. Las formas de obstaculización
  3. La puesta en prueba a través de un juicio[37]

La desconfianza política de tipo democrático se presenta en las sociedades contemporáneas, las cuales se caracterizan estructuralmente por la erosión del papel de la confianza en su funcionamiento y el acrecentamiento de la desconfianza política.

Según Rosanvallon la desconfianza política de tipo democrático se genera en tres escenarios: científico, macroeconómico y sociológico.

En el escenario científico las sociedades que se sustentan en el desarrollo industrializado basado en las tecnologías modernas bajo la noción de riesgo mucho más que la del progreso, genera una sociedad de desconfianza frente a la idea de porvenir; como el papel de los científicos es ineludible y problemático no queda más que obligar a estos últimos a explicarse y rendir cuentas[38].

En el escenario macroeconómico la confianza genera un saber para formular hipótesis sobre un comportamiento futuro, la previsión económica declina, las instituciones ya no propone proyecciones porque son técnicamente incapaces de proveerlas o estas no son creíbles por haberse equivocado varias veces, esto se presenta porque el sistema de interacciones es mas complejo y abierto[39].

Por último en el escenario sociológico la sociedad sufre de un distanciamiento entre el individuo y la sociedad, la confianza social se pulveriza, porque las personas ya no se conocen lo suficiente. La desconfianza en el otro coincide con la desconfianza hacia los gobernantes. La tolerancia a la corrupción es mayor donde es más pronunciado el desencanto democrático. Así la desconfianza democrática y la democracia estructural coinciden y se consolidan.[40]

Estos factores hacen calificar a la sociedad contemporánea como una “sociedad de la desconfianza generalizada”; esos tres elementos constituyen el telón de fondo delante del cual hay que volver a situar las transformaciones de la democracia[41].

Así mismo, el constante deseo de los hombres de seguir buscando la vía de un autogobierno, real, más efectivo y un régimen representativo que este más atento a las demandas sociales, ha generado la continua búsqueda de factores que mejoren o reconstruyan el paradigma democrático, teniendo como basamento las experiencias fallidas de sociedades con sistemas democraticos, pues se busca mejorar los mecanismos representativos y activar el imperativo ciudadano de participación, donde la organización política debe tener como característica mayor información, así como ser racional y activa tanto en la toma de decisiones como en la construcción de las propuestas.

En la actualidad el poder solo se percibe como legitimo si se somete con regularidad a una prueba de discusión y justificación. Pero la participación también se ha vuelto la clave de bóveda para administrar problemas y atender a la población de modo eficaz. El gobernar desde lo alto de forma racional ha perdido consistencia, por lo que los procesos de descentralización recurren a estar cerca del terreno, o en términos habermasianos en la sociedad hegeliana, por tanto, implicar a las personas involucradas y procesar información recogida de la base (democracia participativa) genera una participación con una dimensión funcional, siendo aplicable sobre todo a cuestiones de alcance local.[42]

En Colombia se propone como salida al solipsismo de la democracia plebiscitaría ejercida. El uso de la democracia radical en habermas o de la Contrademocracia, esta segunda opción que se presenta en este escrito complementa la primera salida la cual se refiere a ejercicio de la opinión pública al momento de la toma de la decisión por parte del tribunal constitucional y la formación del mismo por parte de la corporación judicial, sin embargo esta segunda vía se refiere al ejercicio ciudadano, acudiendo al poder del individuo como actor político.

En consecuencia se recomienda el ejercicio de la Contrademocracia, que en términos de Rosanvallon no es lo contrario de la democracia, pues es una forma de democracia que se contrapone a otra, es la democracia de los poderes indirectos diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral[43].

La contrademocracia debe ser comprendida y analizada como una verdadera forma política, pues constituye un sistema en las instituciones democráticas legales, que apunta a prolongar y extender sus efectos[44].

Para que la Contrademocracia sea concretada Rosanvallon dirige el ejercicio hacia tres dimensiones de la democracia que busca la organización de la desconfianza política.

El pueblo supervisor; que significa vigilancia por parte de la sociedad a sus representantes (Los poderes de control), el pueblo veto; haya su significado en la denuncia (Los poderes de sanción y de obstrucción) y el pueblo juez; el cual se soporta en la calificación, el juicio es un procedimiento de la puesta a prueba del comportamiento de los representantes, estas tres dimensiones son modos de ejercicio indirecto de la soberanía de acuerdo con las formas no organizadas por las constituciones[45]. A continuación se hace una breve descripción de cada dimensión.

  • el pueblo supervisor

según Rosanvallon La sociedad civil jamás cesó de ejercer control con la puesta a prueba a través de muchos canales, pero pasado el tiempo no presentaron evolución las democracias representativas, pero los poderes de control se enriquecieron, por tanto se podría afirmar válidamente que la Contrademocracia es anterior a la democracia, pues las vías no institucionalizadas a las que acude la sociedad civil para vigilar el funcionamiento del gobierno son formas que pueden ser espontaneas pero de vocación permanente, el derecho al sufragio para escoger a los dirigentes y aspiración a consagrar y prolongar sus efectos por la acción de un control más permanente, es un ejemplo de democracia pero las expresiones anteriores para conseguir el derecho al sufragio es una forma de contra democracia[46].

La forma de desconfianza sustento las formas de contrademocracia, que al no ser capaces los ciudadanos para obligar a los gobiernos a hacer ciertas acciones recuperaron una forma de eficacia al multiplicar las sanciones respecto al poder, así además de estar presente la “democracia positiva” nace la “soberanía social negativa”[47]

  • el pueblo veto

La soberanía del pueblo se manifiesta cada vez mas como poder de rechazo, ya sea través de la expresión electoral periódica o de las reacciones permanentes ante las decisiones de los gobernantes. Se superpone una nueva democracia de rechazo sobre una democracia de proyecto. Para Rosanvallon el gobierno democrático ya no se define sólo por un procedimiento de autorización y legitimación sino, también, por las confrontaciones permanentes de diferentes categorías de veto, provenientes de grupos sociales, fuerzas políticas y económicas.

  • el pueblo juez

La judicialización de la política constituye el vector mas visible, en la dimensión de control a los representantes, la judicialización se da por la declinación de los ciudadanos para reactivar los gobiernos. Para Rosanvallon se ha trasuntado de democracias de confrontación a las democracias de imputación.

Lo esencial de la figura del juez en el orden político reside en la comprensión de las propiedades comparadas del voto y del juicio, entonces, la importancia no esta en la banal controversia sobre la relevancia del juez.

La preferencia contemporánea por el juicio, se refiere a las propiedades de la decisión, el juicio como procedimiento de puesta a prueba de un comportamiento, se ha impuesto, progresivamente, como una forma metapolítica considerada superior a la elección por que produce resultados mas tangibles.

Como se puede apreciar el surgimiento de la actividad del pueblo como controlador, pueblo veto, pueblo juez, son modos de ejercicio indirecto de la soberanía de acuerdo con formas no organizadas por las constituciones. La soberanía ejercida es de carácter indirecto porque está constituida por un conjunto de efectos, sin proceder formalmente de una autoridad ni expresarse bajo decisiones explicitas que puedan calificarse como políticas.

Rosanvallon observa la necesidad de rediseñar el marco de la democracia, otorgándole, según un acento entre el actual distanciamiento entre las formas contrademocráticas y una cierta regresión de lo político[48].

Rosanvallon ha distinguido tres escenarios de la democracia, destacando las ventajas y posibles puntos de quiebre de la misma:

  1. Gobierno electoral representativo: está constituido por el conjunto de principios, procedimientos que rigen la participación, la expresión y la representación de los ciudadanos, mecanismos de responsabilidad y reactividad que vinculan al gobierno y la sociedad.
  2. Actividad contrademocrática: es el conjunto de prácticas de control, de obstrucción de juicio, a través de los cuales la sociedad ejerce formas de presión sobre los gobernantes, esta actividad se hace en forma paralela e informal.
  3. El trabajo de lo político: es la actividad reflexiva y deliberativa a través de la cual se elaboran las reglas de constitución de un mundo común, en este estadio se determinan los principios de justicia, modos de articulación de lo privado y de lo público. Este último escenario se encuentra ligado a la exigencia de legitimidad y exigibilidad.
  4. La renovación democrática es la tarea esencial de la organización contrademocrática, y tiene un objeto doble, el primero trata de restaurar y desarrollar un sentido autentico de lo político y así como la ampliación del catalogo del procedimiento democrático haciéndolo más incluyente. La exploración del mundo democrático invita a reconsiderar; Los discursos del retraimiento ciudadano y el advenimiento de un mundo reducido a la esfera de lo privado. E Incita a aprehender de modo diferente las defunciones y problemas de las democracias contemporáneas, al analizarlos desde una perspectiva ampliada, no solo desde la democracia electoral- representativa.[49]

  • Ejemplos contrademocraticos en Colombia

A continuación expondré ciertas actitudes contrademocraticas expresada por distintos sectores de la sociedad, que develan la posibilidad de construir un modelo de democracia discursiva, mediante el ejercicio de prácticas contrademocraticas en términos de Rosanvallon.

Estas prácticas, denotan la posibilidad que la sociedad de base, o en términos habermasianos, la periferia hegeliana tenga incidencia en las decisiones que toma el poder administrativo.

Catatumbo “expresión de inconformidad”

Más de 14.000 campesinos se manifestaron en el Catatumbo buscando la solución a las crisis sociales, económicas y humanitarias, las protestas que se elevaron tuvieron como basamento que en la región se introdujo una campaña de erradicación forzada de los cultivos de coca que impactó a las familias campesinas irradiando en la economía regional[50].

De otro lado, la implementación de la política petrolera y minero – energética del gobierno en la región representó que la región ya no fuese un territorio campesino, por lo que se produjo un desplazamiento y pérdida del territorio campesino. Además el Estado implementó en la región los proyectos de la palma aceitera.


Por último, el gobierno llevó a cabo un plan de consolidación militar contrainsurgente con la idea del desarrollo rural, este plan, según los líderes campesinos de la región, va en contravía de la iniciativa de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y en la práctica intensifica las violaciones a los derechos humanos y la victimización del campesinado en el Catatumbo.


Esto genero que las comunidades campesinas protestaran contra el gobierno, al punto de que la sociedad civil se preguntara que estaba ocurriendo en la región, las protestas generaron que el gobierno negociara con los campesinos, la creación de reservas campesinas, subsidios, para la comunidad y un cambio en el modelo de erradicación de cultivos.

Si bien es cierto, que el cambio no fue total, fue la participación contrademocratica de la comunidad campesina la que logro develar la inconformidad, y la violación sistemática de derechos, así como la falta de presencia institucional.

A criterio personal, la comunidad campesina ejerció en calidad de pueblo veto, pues se manifestó como poder de rechazo, a través de las reacciones permanentes ante las decisiones de los gobernantes. Por lo que en el caso del Catatumbo, podría afirmarse que se superpone una nueva democracia de rechazo sobre la democracia imperante, que como se ha afirmado anteriormente, es de mera consulta. Para Rosanvallon el gobierno democrático ya no se define sólo por un procedimiento de autorización y legitimación sino, también, por las confrontaciones permanentes de diferentes categorías de veto, provenientes de grupos sociales, fuerzas políticas y económicas, en este caso el sector campesino.

Protestas con ocasión a la reforma a la justicia

El Congreso de la República el 14 de junio de 2012 aprobó la Reforma a la Justicia quedando pendiente únicamente la conciliación del texto aprobado por el Senado y el aprobado por la Cámara. De acuerdo con algunos medios de comunicación[51] los argumentos para advertir que la reforma era una paquete de beneficios para algunos se sustento, en las prebendas para servidores públicos, a exministros y excongresistas, afectando los procesos que actualmente adelanta la Corte Suprema de Justicia en casos como Agro Ingreso Seguro, la parapolítica[], el escándalo de las chuzadas, y el cartel de la contratación[52], esto en razón que el texto normativo no consagro en su ]texto final de la Reforma no incluyó un régimen de transición que indicara qué ocurriría con los procesos vigentes[53]. []

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Aprobada la Reforma a la Justicia se conformó en el país una coalición de oposición a la Reforma; sin que hubiese sido aprobado el proyecto de acto legislativo empezó a gestarse la idea de realizar un referendo para revocarlo, pues era sabido que la coalición de gobierno aprobaría la Reforma[54]

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El 20 de junio de 2012 la coalición ciudadana adoptó el nombre de Movimiento Constituyentes Primarios emitió un primer comunicado oficial en el que llamaban a un referendo revocatorio de la Reforma que acababa de ser aprobada. En Twitter el hashtag #SeMueveLaContraReforma logró convertirse en tendencia como evidencia de la indignación ciudadana[55].

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Ante el masivo descontento ciudadano provocado por la aprobación de la reforma, el 22 de junio de 2012 y la presión de la ciudadanía, el presidente Santos anunció que objetaría el acto legislativo aprobado por el Congreso y llamaría a los parlamentarios a sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio con el fin revocar la Reforma[56].

El resultado, fue la reversa de una reforma constitucional, por la presión social, resultado de la supervisión del pueblo, para Rosanvallon la sociedad civil jamás deja de ejercer control, por tanto se podría afirmar que las practicas de oposición de la ciudadanía a la reforma planteado por el gobierno son Contrademocracia, en el ejercicio del pueblo supervisor, pues las vías no institucionalizadas a las que acudió la sociedad civil para vigilar el funcionamiento del gobierno y el congreso, son formas espontaneas y tienen una aspiración de prolongar sus efectos por la acción de un control más permanente,.

La forma de desconfianza de los poderes, legislativos, ejecutivo e incluso judicial, genera formas de contrademocracia, que al no ser capaces los ciudadanos para obligar a los gobiernos a hacer ciertas acciones recuperaron una forma de eficacia al multiplicar las sanciones respecto al poder, que en este caso fue el archivo de una reforma constitucional.

La suspensión a la Reforma a la salud

Otro ejemplo de practica contrademocratica fue la objeción ciudadana a la reforma a la salud, iniciativa normativa del gobierno santos, reforma que se convirtió en una causa para movilizar a Estudiantes de especializaciones clínicas, internos, médicos, enfermeros, salubristas, entre otros, los cuales se oponen al proyecto de ley de iniciativa gubernamental.


Las protestas y marchas generaron que el primer mandatario se viera forzado a hacer una alocución en televisión para afirmar que la reforma busca “evitar el colapso financiero y permitir a los hospitales que den una mejor atención a los usuarios, a los pacientes, a los que necesitan”[57]

El jefe del Estado sostuvo que la reforma busca corregir problemas estructurales para que “fluyan los recursos y esos recursos se traduzcan en una mejor atención a los pacientes”. Indicó que se debe garantizar la sostenibilidad del sistema, y puso de presente que “hay muchos intereses, que están tratando de buscar que la reforma defienda esos intereses a expensas de otros”[58].


Sin embargo, quienes optaron por movilizarse en las calle no hacen parte de un colectivo organizado ni de un partido opositor que pretende hacerle oposición al Gobierno. Quienes protestaban eran profesionales de todas las condiciones sociales y de las más prestigiosas universidades quienes consideran que la reforma no es benéfica para el sector de la salud e en consecuencia para los colombianos. Los trabajadores colombianos de la salud marcharon en las calles en diferentes zonas del país para manifestar y denunciar la crisis del sector y exteriorizar su rechazo a una reforma que se tramita en el Congreso porque consideran que empeorará la situación.


El movimiento ciudadano denominado “Por una salud digna en Colombia” fue quien articulo la protesta con la bandera de que el país necesita un modelo de salud “que elimine la intermediación y que favorezca los interés de los colombianos y de los trabajadores del sector salud”[59]


Este es otro ejemplo de expresión contrademocratica, que si bien no cambia el modelo de democracia plebiscitaria, si se contrapone a la misma. Pues logro detener el debate de la reforma a la justicia suspendiéndolo, por generar un alto grado de ilegitimidad de la institucionalidad.

Conclusión

La sociedad colombiana ejerce entonces, en términos de Rosanvallon el control a través del pueblo supervisor; que significa vigilancia por parte de la sociedad a sus representantes el pueblo veto; el cual se sustenta en la denuncia (Los poderes de sanción y de obstrucción) y el pueblo juez; el cual se basa en el juicio del comportamiento de los representantes, estas tres dimensiones son modos de ejercicio indirecto de la soberanía de acuerdo con las formas no organizadas por las constituciones[60].

Después de desarrollada la teoría sobre la Contrademocracia, el presente escrito intenta dejar como basamento la formalización de la desconfianza en Colombia, como una forma de generar un mejor procedimiento democrático.

Es así, que se invita a reformular la forma de construcción de la política pública, decisiones ejecutivas o iniciativas legislativas, siendo consensuadas y construidas con la participación de los ciudadanos y de los nodos más bajos, con el fin de irradiar en toda la colectividad colombiana.

Por ejemplo se debe estimular los escenarios como las juntas de acción comunal de los barrios, para empezar a escuchar las demandas sociales, así como pretender que de ahí surjan iniciativas responsivas a las complejidades, debe darse importancia a todos los espacios democráticos sin jerarquizar los escenarios, y las demandas surgidas en la deliberación deben ser racionalizadas por el centro de poder administrativo.

A su vez en términos habermasianos se debe acudir a la democracia radical, en donde las bases de la sociedad logran irradiar en las decisiones de Estado, por lo que la institucionalidad no puede desligarse de la sociedad.

La idea que se propone para hacer una democracia real y más justa, evitar la discrecionalidad judicial de orden constitucional es el ejercicio de la Contrademocracia por parte de la ciudadanía.

  1. América Latina ha experimentado un intenso período de cambios constitucionales en las tres últimas décadas. Desde los años ochentas, y en especial a partir de los noventas, prácticamente la totalidad de los países de la región han adoptado nuevas constituciones o han introducido reformas muy importantes a sus constituciones vigentes. Este dinamismo constitucional no se ha detenido en los últimos años, ejemplo de lo cual es la reforma constitucional venezolana de 2009 que introdujo la reelección presidencial indefinida; o el debate de 2009 y 2010 en torno a la posibilidad de un referendo en Colombia para reformar la constitución y establecer un nuevo período presidencial para el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez, tentativa que fue anulada por la Corte Constitucional de ese país; o la reforma a la Constitución mexicana en 2011 que constitucionalizó los tratados de derechos humanos. Tomado de el texto de Rodrigo Uprimny Luz María Sánchez tres décadas de transformaciones constitucionales en América latina: balance y perspectivas

  2. La labor de la Corte ha sido entonces no sólo enorme, por el número de sentencias y la variedad de temas que ha abordado sino que, en cierta forma, ha sorprendido a la sociedad colombiana, por su orientación progresista. Esto explica que el tribunal haya ganado un cierto aprecio y prestigio en sectores y grupos sociales, que son muy críticos frente a los otros aparatos del Estado, pero que ven en las decisiones de la Corte una de las pocas posibilidades reales de encontrar protección a sus derechos. en Rodrigo uprimny y Mauricio García Villegas corte constitucional y emancipación social en Colombia.

  3. Esta característica resulta aún más relevante en aquellos países de la región en los cuales las nuevas constituciones marcaron el tránsito de un régimen autoritario a uno democrático. Es el caso de las constituciones de Honduras (1982), Panamá (1983), El Salvador (1983), Guatemala (1986), Nicaragua (1987), Brasil (1988) y Paraguay (1992), así como de la reforma constitucional de 2005 en Chile que buscaba suprimir los rezagos autoritarios de la Constitución de 1980 aprobada durante la dictadura de Pinochet. Cabe incluso mencionar a la Constitución colombiana de 1991, que si bien no es un texto bisagra entre un régimen dictatorial y uno democrático, sí apuntaba a acabar con los desmanes autoritarios de los gobiernos civiles que a partir del uso y el abuso del estado de excepción lograron poner entre paréntesis el Estado de derecho durante una buena parte de la segunda mitad del siglo XX.

    Pero esta adhesión al Estado de derecho no es solo teórica, sino práctica. En las últimas décadas, con la excepción de la tentativa fracasada contra Chávez y el golpe en Honduras, no ha habido levantamientos militares. Han caído varios presidentes, como sucedió en varias ocasiones en Ecuador y en Bolivia, pero no como consecuencia de intervenciones militares, como ocurría en el pasado sino por otros factores, como levantamientos populares.

    Es indudable que el alejamiento de los militares de aventuras golpistas no es únicamente atribuible a los cambios constitucionales pues obviamente deriva de otros factores, como el fin de la Guerra Fría y el menor estímulo de Estados Unidos a ese tipo de intervenciones. Y es posible que la consolidación de gobiernos civiles pueda parecer una conquista menor pero implica un cambio profundo en la realidad política e institucional latinoamericana, si se tiene en cuenta la frecuencia de las dictaduras militares en la región durante los Siglos XIX y XX. En cierta medida, América Latina vive hoy su primera verdadera oleada constitucional. Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

  4. En este punto retomamos en buena medida la caracterización realizada previamente por Uprimny (2011).

  5. Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

  6. Siguiendo la terminología de Teitel, la mayor parte de las reformas conducen a textos que más que mirar hacia atrás (“backward looking”) se proyectan hacia el futuro (“forward looking”) (Teitel, 1997: 2014) pues, más que intentar codificar las relaciones de poder existentes, son documentos jurídicos que tienden a delinear un modelo de sociedad a construir. Son pues, en la terminología de otros autores como Mauricio García, constituciones “aspiracionales” o, en la terminología de Boaventura Santos, “constituciones transformadoras” (Santos, 2010: 76 y 77), en la medida en que plantean una propuesta de una democracia incluyente, capaz de incorporar a la democracia y a los beneficios del desarrollo a los sectores tradicionalmente excluidos de las sociedades latinoamericanas, pues son textos llenos de promesas de derechos y bienestar para todos. Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

  7. Las excepciones claras a este rasgo son las Constituciones de El Salvador, Haití, Honduras y Uruguay, que son las menos densas en derechos y además no contienen disposiciones orientadas específicamente a la promoción y garantía del pluralismo y de la igualdad real. Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

  8. Ibídem.

  9. Ibídem.

  10. Una breve caracterización del neocoinstitucionalismo puede ser útil para que se comprenda de lo que hablamos, para lo cual retomamos un esquema desarrollado en un texto anterior (Rodríguez y Uprimny, 2007). Las constituciones pueden ser clasificadas con base en dos variables básicas: (i) su fuerza normativa y (ii) su contenido. Así, con respecto a la primera variable, existen dos opciones: puede uno entender la constitución ya sea como una norma vinculante y aplicable o ya sea como un documento político de gran importancia, pero que no tiene realmente fuerza normativa. La posición adoptada frente a estas dos posibilidades opone a las dos tradiciones clásicas del constitucionalismo liberal del siglo XIX. La tradición europea, y en especial la francesa, tendía a concebir la Constitución como un documento político sin fuerza normativa, pues entendía las cartas constitucionales como documentos políticos importantes, pero que no eran vinculantes en el sentido de que no tenían mecanismos para asegurar que la ley o las decisiones del poder ejecutivo respetaran la Constitución, lo cual se debía al temor que tenían los constituyentes franceses a un eventual Gobierno de los jueces. En contraposición se encuentra la visión normativa de la Constitución, según la cual ésta ya no es meramente un documento político, sino una norma que vincula especialmente al legislador y por vía indirecta al ejecutivo, y que por consiguiente tiene que tener algún mecanismo de protección de su supremacía y de su carácter normativo. De la idea de la Constitución como norma se sigue entonces la idea de la necesidad de alguna forma de justicia constitucional. Esta concepción normativa de constitución fue desarrollada esencialmente por el constitucionalismo estadounidense. De otro lado, desde el punto de vista de su contenido, encontramos la oposición entre las visiones más procedimentales de la Constitución y las más valorativas o densas en derechos. La visión procedimental sostiene que la Constitución, más que establecer un orden de valores que tiene que aplicarse, consagra únicamente un marco de actuación de los poderes públicos y de los particulares, es decir, regula instituciones y procedimientos, pero no señala imperativamente el derrotero que deben seguir las autoridades y los particulares; por eso se conoce más como Constitución procedimental o Constitución marco o Constitución límite. Las constituciones más valorativas o densas en derechos, por su parte, no se limitan a diseñar instituciones y establecer procedimientos, sino que consagran un orden de valores a ser realizado y un conjunto de derechos a ser satisfechos. Por eso algunos las llaman constituciones programa, ya que la Constitución contiene, en germen, una agenda que tiene que ser realizada por las autoridades. Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

  11. Ibídem.

  12. Ibídem.

  13. Por su parte, algunos jueces constitucionales, como la Corte Constitucional de Colombia, han enfatizado que uno de los propósitos del diseño constitucional es promover la deliberación pública para sustentar las decisiones colectivas. Por esa razón, la Corte Constitucional de ese país ha declarado inconstitucionales varias leyes e incluso dos reformas constitucionales que aparentemente contaban con una mayoría suficiente, pero en donde el Congreso eludió el debate y la discusión publica del asunto aprobado. La Corte insistió en esas sentencias en que las sesiones del Congreso no eran “un espacio en donde simplemente se formalizan o refrendan decisiones y negociaciones que fueron hechas por fuera de las cámaras y a espaldas de la opinión pública” por cuanto en una democracia genuina “la validez de una decisión mayoritaria no reside únicamente en que ésta haya sido adoptada por una mayoría sino además en que ésta haya sido públicamente deliberada y discutida, de tal manera que las distintas razones para justificar dicha decisión hayan sido debatidas, sopesadas y conocidas por la ciudadanía. Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

  14. Pero eso no es todo: además varias constituciones, en especial las más recientes, como la boliviana y la ecuatoriana, han reconocido y fortalecido formas de democracia comunitaria, fuertemente vinculadas a las autonomías de los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas. Por ello, algunos autores hablan de formas de “demodiversidad” o de “democracia intercultural”, que articulan la democracia representativa, la participativa y la comunal, de suerte que se trata de “una de las formulaciones constitucionales sobre democracia más avanzadas del mundo” (Santos, 2010: 110) Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS

  15. Carbonell, 2003; Carbonell y García, 2010), o conforme a otras terminologías, como las usadas por Ferrajoli, Estados de derecho constitucionales y no puramente legales (2001).citado también Rodrigo Uprimny, Luz María Sánchez, TRES DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES, CONSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS.

  16. Ibídem.

  17. DERECHOS, DEMOCRACIA Y CONSTITUCION Juan Carlos Bayón abstraído de la critica de waldron al constitucionalismo.

  18. “que afirmar que el constitucionalismo establece que hay cosas que las mayorías no pueden decidir es contar una historia incompleta: porque antes, en ausencia más que previsible de unanimidad al respecto, ha habido que tomar de algún modo la decisión sobre qué es lo que las mayorías no podrán decidir; y después, por cierto, habrá que seguir tomando decisiones sobre la delimitación exacta de los confines sólo genéricamente establecidos a lo que pueden decidir.” DERECHOS, DEMOCRACIA Y CONSTITUCION Juan Carlos Bayón.

  19. “el constitucionalismo no consistiría –como suele decirse en un procedimiento de decisión con restricciones sustantivas, sino en una combinación de procedimientos, ensamblados de tal modo que algunos de ellos sirven para tomar decisiones colectivas acerca de los límites de funcionamiento de otros”. Waldron.

  20. Jeremy waldron “afirmar que el constitucionalismo establece que hay cosas que las mayorías no pueden decidir es contar una historia incompleta: porque antes, en ausencia más que previsible de unanimidad al respecto, ha habido que tomar de algún modo la decisión sobre qué es lo que las mayorías no podrán decidir10 ; y después, por cierto, habrá que seguir tomando decisiones sobre la delimitación exacta de los confines sólo genéricamente establecidos a lo que pueden decidir” concepto consignado en el escrito de Juan Carlos Bayón derechos, democracia y constitución

  21. Jeremy Waldron, «A Right-Based Critique of Constitutional Rights», op. cit., p. 33.

  22. Democracy and its Critics, New Haven, Yale University Press, 1989,

  23. , We the People. Vol. I: Foundations, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1991,

  24. Entiéndase que la creación de los derechos esta en cabeza del constituyente primaria bien sea al momento de la suscripción de la constitución en una reforma de la misma.

  25. El límite real al poder de decisión de la mayoría no son los derechos constitucionalizados, sino lo que el órgano que ejerza el control jurisdiccional de constitucionalidad –o incluso meramente la mayoría de sus miembros establezca que es el contenido de esos derechos: porque, por discutibles o infundadas que puedan parecernos las decisiones que adoptan, su firmeza no está condicionada a su corrección materia. Jeremy Waldron, «Freeman’s Defense of Judicial Review», op. cit., p. 36

  26. Larry Kramer, Akhil Amar, Jack Balkin, Sanford Levinson

  27. The People Themselves

  28. Jeremy Waldron, «A Right-Based Critique of Constitutional Rights» citado en Juan Carlos Bayón derechos, democracia y constitución

  29. Ibídem.

  30. Ver Jurguen habermas,”el papel de la jurisdicción y jurisprudencia constitucional en la comprensión liberal, en la comprensión republicana y en la comprensión procedimental de la política” en facticidad y validez Madrid: trotta, 1988 pp340-361.

  31. Pierre rosanvallon, la contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002.

  32. La disfuncionalidad original de los regímenes representativos es un fenómeno político que históricamente la democracia se presentó como una promesa y como un problema a la vez, una promesa de un régimen acorde con las necesidades de la sociedad (en igualdad y autonomía), el problema en realidad está lejos de satisfacer estos nobles ideales. Pierre rosanvallon, la contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002.

  33. La legitimidad es considerada como la cualidad jurídica estrictamente procedimental mientras La confianza tiene una dimensión compleja, es una institución invisible, con por lo menos 3 funciones:

    1. Ampliación de la calidad de legitimidad: agregando al carácter procedimental una dimensión moral
    2. Papel temporal: carácter de continuidad en el tiempo: hipótesis sobre conductas futuras
    3. La confianza es un economizador institucional, pues permite ahorrarse los mecanismos de verificación y prueba. ibidem.

  34. Pierre rosanvallon, la contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002.

  35. Ibídem.

  36. Pierre rosanvallon, la contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002.

  37. Ibídem.

  38. Ibídem.

  39. Tomado de la Reseña de exposición del 26 de octubre Daniel Guío Cortés y Deisy Peralta Alarcón clase de Doctorado Tribunal Constitucional y democracia radical. Comparese con el texto de Pierre Rosanvallon, la Contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002.

  40. Pierre Rosanvallon, la Contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002.

  41. Además de aquellos factores de desconfianza es preciso tener en cuenta otros, como la democracia electoral-representativa que tiene cierto número de tensiones estructurales:

    1. El sufragio - pertenencia: inclusión de una comunidad política,
    2. El sufragio- gobernante: acceso a la soberanía compartida, quedando abierta la cuestión de la capacidad de los individuos.

    Esas tensiones dejan alimentar el sentimiento de incumplimiento y traición, pero algunos sugieren como solución delimitar una política modesta y tranquila para reducir las insatisfacciones; pero ello aumentó las visiones resignadas de lo político. Al mismo tiempo el ideal democrático fue reducido a la garantía de las libertades, concluyendo la misma percepción de inconformidad. Además de aquellos factores de desconfianza es preciso tener en cuenta otros, como la democracia electoral-representativa que tiene cierto número de tensiones estructurales: 1.El sufragio - pertenencia: inclusión de una comunidad política, 2.El sufragio- gobernante: acceso a la soberanía compartida, quedando abierta la cuestión de la capacidad de los individuos.

    Esas tensiones dejan alimentar el sentimiento de incumplimiento y traición, pero algunos sugieren como solución delimitar .mismo tiempo el ideal democrático fue reducido a la garantía de las libertades, concluyendo la misma percepción de inconformidad. Tomado de Pierre rosanvallon, la contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002

  42. Tomado de Pierre Rosanvallon, la Contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002 pp, 25-42.

  43. Ibídem.

  44. Ibídem.

  45. ibid

  46. Tomado de Pierre Rosanvallon, la Contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002

  47. ibid

  48. Ibid.

  49. ibid

  50. Véase los artículos Presidente del Congreso se ofrece como garante en el Catatumbo Del 26 de julio de 2013 "Gobierno no dialogará en el Catatumbo si no se levanta el paro": Santos del 28 de julio de 2013, del diario el país, consultado de la pagina web http://www.elpais.com.co/elpais/temas/protestas-catatumbo?page=2 el 01-04-2014, 16:19 pm.

  51. Véase el articulo los 'goles' del Congreso en la reforma a la Justicia». Semana (Colombia). Consultado el 26 de junio de 2012.

  52. Ibídem.

  53. Véase el articulo Bernardo Moreno pide libertad tras aprobarse reforma de la justicia». El Tiempo (Colombia). Consultado el 26 de junio de 2012.

  54. La jugada desesperada de Santos». La Silla Vacía (22 de junio de 2012). Consultado el 26 de junio de 2012.

  55. Ibídem.

  56. Rodrigo Urrego (25 de junio de 2012). «Sesiones extras: ¿para hundir la reforma a la Justicia o para salvarla?». Semana (Colombia). Consultado el 26 de junio de 2012

  57. Articulo de semana Trabajadores de la salud ponen en jaque a la reforma El sector marcha en todo el país en protesta contra el polémico proyecto de ley. http://m.semana.com/nacion/articulo/protestas-por-reforma-la-salud/362816-3consultado el 01-04-2014 18:24pm

  58. Ibídem.

  59. Ibidem.

  60. Tomado de Pierre Rosanvallon, la Contrademocracia, la política de la desconfianza, editorial manantial, 2002

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