Nulidad por inconstitucionalidad Acuerdo No. 524 de 2014 de la CNSC

Bogotá, D.C., octubre de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Palacio de Justicia

Calle 12 No. 7-65

Teléfono (571) 3506700

Ciudad

ASUNTO. Nulidad por inconstitucionalidad Acuerdo No. 524 de 2014 de la CNSC

ALEJANDRO BADILLO RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.098.745 de Bogotá D.C., mayor de edad y residente de esta ciudad, ciudadano en ejercicio, en mi condición de Presidente y Representante Legal del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Inclusión Social -SINTRASOCIAL, de manera respetuosa acudo al MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD previsto en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, para solicitar que se declare la nulidad del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 – DPS”, teniendo en cuenta lo siguiente:

  1. COMPETENCIA

Le corresponde al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, conocer en única instancia, las demandas de NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD presentadas en contra de los actos administrativos de carácter general expedidos por las autoridades del orden nacional por expresa disposición constitucional, de conformidad con lo establecido por los artículos 135 y 149 de la Ley 1437 de 2011.

Para el caso concreto de la presente demanda, el Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, fue proferido en ejercicio de la función expresa de administración de las carreras de los servidores públicos prevista en el artículo 130 de la Constitución Política.

En consecuencia, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del denominado control de constitucionalidad difuso, es competente para conocer sobre la nulidad por inconstitucionalidad interpuesta en contra del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, fue proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC

  1. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES.

Si bien, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, en estricto sentido, no tiene por finalidad demandar una entidad en particular, sino simplemente salvaguardar el principio de legalidad y el interés general, las partes en cuestión, serían:

  • Demandante: ALEJANDRO BADILLO RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.098.745 de Bogotá D.C., mayor de edad y residente de esta ciudad, ciudadano en ejercicio, Presidente y Representante Legal del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Inclusión Social -SINTRASOCIAL.
  • Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público; y que por mandato del artículo 130 de la Constitución Política, es "responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial". Para efectos judiciales, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, y de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo No. 001 de 2004 de la CNSC, la representación judicial de dicha entidad la ejercerá su Presidente.
  1. PRETENSIONES

Mediante la presente demanda, se pretende que se declare la Nulidad por Inconstitucionalidad del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSCPor el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 – DPS”.

  1. HECHOS Y OMISIONES

PRIMERO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC adelantar la Convocatoria para lo provisión de los empleos que se encontraban en situación de vacancia definitiva y que pertenecen al Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal global.

SEGUNDO. La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC realizó conjuntamente con los delegados del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la etapa de planeación de la convocatoria para adelantar el Concurso Abierto de Méritos, con el fin de proveer las vacantes definitivas de los empleos del Sistema General de Carrera Administrativa.

TERCERO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), la cual fue presuntamente certificada por la Secretaría General de la Entidad, compuesta por 994 vacantes distribuidas en 37 tipos de empleo.

CUARTO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social profirió la Resolución 1602 del 01 de julio de 2014 "Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, y Competencias Laborales de los diferentes empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y se dictan otras disposiciones”, como principal instrumento para definir las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos de la entidad, el cual, a su vez, es fundamental para la elaboración y suscripción de la convocatoria a concurso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005.

QUINTO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no cumplió con el principio de publicidad de la Resolución 1602 del 01 de julio de 2014, materializado, como acto administrativo de carácter general, en el deber de publicación en el Diario Oficial, ni demostró la ocurrencia de una situación constitutiva de fuerza mayor que le impidiera llevar a cabo dicha actuación. Por ende, en consonancia con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, dicha resolución no es obligatoria, y no podía ser tenida en cuenta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la convocatoria a Concurso Abierto de Méritos, los empleos en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del DPS.

SEXTO. La Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 12 de agosto de 2014, aprobó convocar a Concurso Abierto de Méritos, los empleos en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del DPS, con fundamento en el reporte de vacantes realizado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

SÉPTIMO. La Comisión Nacional del Servicio Civil profiere el Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 – DPS”, el cual fue publicado el 27 de agosto de 2014 en la página web www.cnsc.gov.co, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

OCTAVO. El artículo 4° del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, prevé en su numeral 4.4, relativo a la aplicación de pruebas, la realización de una entrevista. El parágrafo 1° del mismo artículo, precisa que “La entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes que superen la prueba sobre competencias básicas y funcionales y (sic) que hayan optado por los siguientes empleos: noventa (90) vacantes con denominación Profesional Especializado, Código 2028, Grados 21, 22, 23 y 24; trescientas veintiocho (328) vacantes con denominación Profesional Especializado y Profesional Universitario asociados a procesos misionales y (sic) diez (10) vacantes con denominación Profesional Especializado y Profesional Universitario asociados a la oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación”.

A su vez, el artículo 44 ibídem, preceptúa que la entrevista “tiene como propósito analizar y valorar los conocimientos, habilidades y actitudes especificas relacionadas con el empleo a proveer y la coincidencia con los principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la visión y misión organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere ocupar el empleo, en atención a las condiciones socioeconómicas y medioambientales de los sitios de trabajo previstos para estos empleos”.

NOVENO. El artículo 30° del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, referente a las pruebas a aplicar y el carácter y ponderación de las mismas, señala que los instrumentos de selección tienen por finalidad “apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y (sic) establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades de un empleo”. Además, establece que “la valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad”.

  1. FUNDAMENTO DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS. El Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014 viola las siguientes disposiciones:

  • Preámbulo:EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo (…)”. (negrilla y subrayado para resaltar)
  • Artículo 2: “Son fines esenciales del Estado: (…) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…) y la vigencia de un orden justo”.
  • Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (…)”.(negrilla y subrayado para resaltar)
  • Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…)”.
  • Artículo 125:Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. (…) El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”.
  • Artículo 209:La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”.
  1. CONCEPTO DE VIOLACIÓN AL ORDENAMIENTO SUPERIOR

La Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC infringe directamente la Constitución Política, específicamente, el preámbulo, incorporado por Bloque de Constitucionalidad, y los artículos 2, 13, 29, 125 y 209, por las siguientes razones:

Uno de los criterios para la evaluación y calificación de los méritos profesionales y personales de los aspirantes a ingresar a la carrera administrativa en la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, organismo principal del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, creado en virtud del Decreto Ley 4155 de 2011, es el puntaje obtenido en la prueba de Entrevista.

Sin embargo, por disposición expresa de los artículos 4° y 44° del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, dicha prueba sólo se aplicará a los siguientes cargos: (i) Grados 21 a 24 (Código 2028); (ii) vacantes asociadas a los procesos misionales (sin importar el cargo); y, (iii) los asociados a la Oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación. De manera que de los 994 cargos vacantes que hacen parte de la Oferta Pública de Empleos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, sólo se aplicará la prueba de entrevista a 428 cargos.

Este aspecto es fundamental para el resultado final del concurso de méritos, toda vez que para los empleos vacantes a los que se les aplicará entrevista, el valor porcentual de la misma (10%), es igual al asignado a la Valoración de Antecedentes (10%). El artículo 35 del acuerdo, consagra que esta última valoración evalúa el mérito, mediante un análisis de la historia académica y laboral relacionada con el empleo para el que se concursa, y tiene por objeto evaluar la formación y la experiencia acreditada por el aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el cargo. En consecuencia, el puntaje obtenido de la entrevista, por lo menos porcentualmente, es el mismo valor que toda la formación y experiencia relacionada que pueda acreditar un aspirante durante toda su vida laboral, lo cual, por obvias razones, exige la mayor claridad posible sobre la pertinencia, razonabilidad y proporcionalidad de dicho mecanismo de evaluación.

El hecho de que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC haya optado por aplicar la prueba de entrevista como uno de los criterios clasificatorios para la provisión de empleos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no es ajeno al ordenamiento jurídico Colombiano, es más, la misma se encuentra prevista dentro de los mecanismos enunciados por la ley y los reglamentos para tales efectos.

Sin embargo, lo que se cuestiona mediante la presente demanda son principalmente dos aspectos: en primer lugar, que la entrevista se aplique solamente a ciertos cargos y a otros no, lo cual supone un trato diferenciado que, aunque por sí mismo no afecta el principio constitucional de igualdad, sí impone a la autoridad administrativa correspondiente, la carga de fundamentar, de manera razonable, la necesidad y pertinencia de dicho trato desigual, exigencia constitucional que no se cumple en el Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, configurándose una clara vulneración al principio general de igualdad previsto en el artículo 13 Superior. En segundo lugar, se cuestiona que, si bien, la Comisión es libre para determinar los criterios de evaluación en cada una de las convocatorias, lo cierto es que los mismos deben cumplir con la finalidad propuesta, y no evaluar los mismos aspectos mediante diferentes pruebas que pueden arrojar un resultado muy diferente. En otras palabras, lo que resulta irregular es que mediante la prueba de la entrevista se evalúe nuevamente y por un procedimiento menos riguroso y eventualmente subjetivo, aptitudes y capacidades evaluadas previamente en las pruebas sobre competencias básicas y funcionales, competencias comportamentales y valoración de antecedentes. Simplemente nótese como para el caso de los cargos para los cuales no se aplicará entrevista, el porcentaje que se le asignaría (10%) en caso de que se practicara, se reparte por partes iguales (5% y 5%) aumentando el peso porcentual de las pruebas comportamentales y de valoración de antecedentes, lo que permite evidenciar que la prueba de entrevista resulta superflua, carente de objeto y desproporcionada para determinar los méritos y calidades de los aspirantes a las cuales hace referencia el artículo 125 de la Constitución Política.

  1. INCUMPLIMIENTO CARGA ARGUMENTACIÓN TRATO DESIGUAL

Se insiste, en que uno de los principales argumentos que le sirve de fundamento al presente medio de control, es el incumplimiento en que incurre la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC en el Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, al establecer un criterio de evaluación diferente para ciertos cargos (Entrevista), sin argumentar objetiva y razonablemente, las razones que justifican el trato desigual, lo cual constituye una vulneración flagrante del principio constitucional de igual (Art. 13 de la C.P.).

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-576 de 2004 (M. P. Jaime Araújo Rentería), sostuvo:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

 

Agrega la misma norma que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

 

De tal disposición se deduce que la regla general es la igualdad entre las personas o grupos de personas y que sólo por excepción puede dárseles un trato desigual, por lo cual cuando la ley o la autoridad política les dispensa un trato igual no tienen carga alguna de argumentación y, por el contrario, cuando les otorga un trato desigual debe sustentar su decisión en una justificación objetiva y razonable; de no existir ésta, el trato desigual no será legítimo a la luz de la Constitución, sino arbitrario, y configurará una discriminación. (Negrilla y subrayado para enfatizar)

Existe una larga y consistente línea jurisprudencial en la Corte Constitucional[1] con respecto a la obligación de justificar los tratos desiguales por parte del legislador. Sin embargo, tales criterios de análisis constitucional, no pueden limitarse exclusivamente a las normas con fuerza de ley, ya que si bien, la Corte Constitucional se ha ocupado principalmente de dichas normas, ello obedece a un criterio funcional previsto en el artículo 241 de la C.P., el cual le asigna la competencia para analizar y decidir sobre su constitucionalidad. Por tal razón, nada impide que el Consejo de Estado, en el trámite del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, aplique los mismos criterios utilizados por la Corte, a efectos de determinar si un acto administrativo de carácter general vulnera preceptos constitucionales o no, y particularmente los referidos al principio de igualdad, sobre el cual ya existen unos parámetros de análisis constitucional claramente establecidos.

En el caso que nos ocupa, el hecho de que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC no haya justificado el trato desigual, según el cual la prueba de entrevista solamente se aplica a los aspirantes que se inscriban en ciertos cargos, constituye un indicio de trato desigual arbitrario. A pesar de ello, el hecho de que las razones no aparezcan expresamente en el texto del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, no es suficiente para concluir la existencia de una discriminación, es necesario confrontar tales disposiciones frente a los preceptos constitucionales.

  1. ELEMENTOS DE LA JUSTIFICACIÓN DE TRATO DESIGUAL

En la Sentencia C-399/07, la Corte Constitucional reiteró los elementos que debe contener la justificación de un trato desigual. Precisó que deben concurrir los siguientes elementos:

 

  1. La existencia de disposiciones o efectos jurídicos desiguales.
  1. La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz de los valores, principios y  derechos constitucionales, no estar prohibido, estar permitido y ser legítimo.
  1. Que el medio previsto en la norma legal, en esta caso en el Acuerdo de la CNSC:

 

  • No esté  prohibido por el ordenamiento constitucional y sea, en cambio, permitido por el mismo.
  • Sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales.
  • Sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo.
  • Sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida.
  • Sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales.

Si bien, según se ha explicado en precedencia, en el Acuerdo No. 524 de 2014 de la CNSC no existe ninguna argumentación sobre la justificación de un trato desigual, los anteriores criterios son útiles para analizar su razonabilidad y proporcionalidad. En tal sentido, en la misma sentencia, retomando las consideraciones de la Sentencia C-576 de 2004, la Corte precisó:

“Una vez se ha determinado la existencia fáctica de un tratamiento desigual y la materia sobre la que él recae (cf. 6.3.1.), el análisis del criterio de diferenciación se desarrolla en tres etapas, que componen el test de razonabilidad y que intentan determinar:

 

“a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual.

 

“b. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.

 

“c. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido.

 

“El orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual  pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior. El primer paso no reviste mayor dificultad, como quiera que puede llevarse a cabo a partir del solo examen de los hechos sometidos a la decisión del juez constitucional; se trata únicamente de la determinación del fin buscado por el trato desigual. El segundo paso, por el contrario, requiere una confrontación de los hechos con el texto constitucional, para establecer la validez del fin a la luz de los valores, principios y derechos consignados en éste. Si el trato desigual persigue un objetivo, y éste es constitucionalmente válido, el juez constitucional debe proceder al último paso del test, que examina la razonabilidad del trato diferenciado. Este es el punto más complejo de la evaluación, y su comprensión y aplicación satisfactoria dependen de un análisis (descomposición en partes) de su contenido.

 

“La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente sólo si se concreta en otro más específico, el de proporcionalidad[13]. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada,  a la luz de la importancia del principio afectado[14].

 

“El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación  de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los  principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes.” [15]

  1. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

3.1. Existencia fáctica de un tratamiento desigual

Por disposición expresa de los artículos 4° y 44° del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, sólo se aplicará la prueba de entrevista a los siguientes cargos: (i) Grados 21 a 24 (Código 2028); (ii) vacantes asociadas a los procesos misionales (sin importar el cargo); y, (iii) los asociados a la Oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación. De los 994 cargos vacantes que hacen parte de la Oferta Pública de Empleos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, sólo se aplicará la prueba de entrevista a 428 cargos.

Eventualmente, podría sostenerse que no existe un tratamiento desigual o diferente para los aspirantes al concurso de méritos, en consideración a que las condiciones son las mismas para las personas que se inscriben para un mismo cargo, con lo cual, si para ese cargo está prevista la prueba de entrevista, a todas las personas que se inscriban se les practicará y evaluará. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que previo a la inscripción existe un derecho de postulación, cuyo ejercicio no puede ser limitado de manera arbitraria. Por ejemplo, si un profesional del derecho (abogado) cuenta con la formación académica y la experiencia profesional para postularse a un grado 16, dependiendo de si el mismo está asociado a un área misional o a una de apoyo o la Oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación, el mismo debe presentar o no la prueba de entrevista, adicional a las demás pruebas (competencias básicas y funcionales, competencias comportamentales y valoración de antecedentes), aspecto que puede resultar determinante para su elección, y para el cual no existe ninguna justificación diferente a la voluntad de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC.

En consecuencia, fácticamente, existe un claro trato desigual para las personas que cumplen ciertas condiciones personales y profesionales.

3.2. Objetivo perseguido

Aunque en el acuerdo no existe, como tal, una justificación sobre el criterio tenido en cuenta para aplicar la prueba solamente a los aspirantes a ciertos cargos, por lo menos en el artículo 44 del Acuerdo se establece el propósito de la entrevista, así: “analizar y valorar los conocimientos, habilidades y actitudes especificas relacionadas con el empleo a proveer y la coincidencia con los principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la visión y misión organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere ocupar el empleo, en atención a las condiciones socioeconómicas y medioambientales de los sitios de trabajo previstos para estos empleos”.

3.3. Validez del objetivo a la luz de la Constitución

Para determinar la validez del trato desigual, es importante comparar el propósito de la entrevista frente a los aspectos evaluados mediante las pruebas restantes. Para tal efecto, a continuación se presenta un cuadro explicativo.

COINCIDENCIAS EVALUATIVAS

ASPECTOS A EVALUAR

ENTREVISTA

Competencias básicas y funcionales

(art 31)

Competencias comportamentales

(art 31)

Valoración de antecedentes

(art. 35)

analizar y valorar los conocimientos, habilidades y actitudes especificas relacionadas con el empleo a proveer…

…evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para ejercer el empleo público, y se define con base en el contenido funcional del mismo… permite establecer, además del conocimiento, la relación entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos.

obtener una medida puntual objetiva y comparable de las variables psicológicas personales de los aspirantes, así como a evaluar las competencias requeridas para el desempeño de los empleos…, a la luz de su cultura organizacional, sus principios y valores institucionales.

…evalúa el mérito, mediante el análisis de su historia académica y laboral relacionada con el empleo para el que concursa. … tiene por objeto, la valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el aspirante…

…y la coincidencia con los principios y valores organizacionales…

…evaluar las competencias requeridas para el desempeño de los empleos…, a la luz de su cultura organizacional, sus principios y valores institucionales.

las habilidades frente a la visión y misión organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales…

variables psicológicas personales de los aspirantes, así como a evaluar las competencias requeridas para el desempeño de los empleos…, a la luz de su cultura organizacional, sus principios y valores institucionales.

si es adecuado o idóneo…

Ese es precisamente el objeto del concurso de méritos, el artículo 30 del Acuerdo establece que las pruebas e instrumentos “tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante”.

y si puede, sabe y quiere ocupar el empleo, en atención a las condiciones socioeconómicas y medioambientales de los sitios de trabajo previstos para estos empleos…

De acuerdo con el anterior cuadro comparativo, y más allá de los esfuerzos de la CNSC para diferenciar los respectivos tenores literales, el único aspecto evaluado por la prueba de entrevista, que no es objeto de evaluación y calificación mediante las demás pruebas, es el aspecto volitivo relativo al “querer” ocupar el puesto en atención a las condiciones socioeconómicas y medioambientales de los sitios de trabajo, aspecto que ni siquiera debiera ser analizado, debido a que el mismo, no hace parte del mérito de los aspirantes. Se trata de una decisión libre que los mismos pueden tomar en cualquier momento, aun existiendo lista de legibles o nombramiento. En consecuencia, no existe ninguna razón constitucionalmente válida, que justifique dar un trato diferente o calificar el mérito de los aspirantes por mecanismos diferentes, mediante la realización de la entrevista.

3.4. Razonabilidad del trato desigual

Según se ha demostrado en los acápites anteriores, el fin perseguido por el trato desigual a los aspirantes al concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, regulado por el Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, resulta claramente desproporcionado frente a una restricción al principio constitucional de igualdad. Ello, solamente en el caso que se considere que existe una objetivo o finalidad válido a la luz de la Constitución Política, aspecto que fue desvirtuado precedentemente.

  1. PRETENSIONES

En atención a las razones de hecho y de derecho presentadas, de manera respetuosa solicito al Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, DECLARAR LA NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO NO. 524 DEL 13 DE AGOSTO DE 2014 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC, por infracción directa de los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política.

  1. MEDIDAS CAUTELARES

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACUERDO NO. 524 DE 2014

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Constitución Política, según el cual “La Jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por motivos y con los requisitos que establece la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”, en concordancia con las disposiciones consagradas en los artículos 229 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011[2], de manera respetuosa solicito la suspensión provisional de efectos del Acuerdo No. 524 de 2014 (CNSC), por violación de los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, con ocasión de la siguiente confrontación normativa:

NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

ACUERDO NO. 524 DE 2014

VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

Preámbulo:EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo (…)”. (negrilla y subrayado para resaltar)

Artículo 4°, Parágrafo 1°:La entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes que superen la prueba sobre competencias básicas y funcionales y (sic) que hayan optado por los siguientes empleos: noventa (90) vacantes con denominación Profesional Especializado, Código 2028, Grados 21, 22, 23 y 24; trescientas veintiocho (328) vacantes con denominación Profesional Especializado y Profesional Universitario asociados a procesos misionales y (sic) diez (10) vacantes con denominación Profesional Especializado y Profesional Universitario asociados a la oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación”.

Artículo 44°La prueba de entrevista tiene como propósito analizar y valorar los conocimientos, habilidades y actitudes especificas relacionadas con el empleo a proveer y la coincidencia con los principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la visión y misión organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere ocupar el empleo, en atención a las condiciones socioeconómicas y medioambientales de los sitios de trabajo previstos para estos empleos”.

Establecer que la prueba de entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan optado a ciertos cargos, sin que exista una justificación razonable sobre la finalidad de dicho trato desigual, o como mínimo una justificación formal, constituye un indicio de discriminación arbitraria por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC.

Por otro lado, dicha medida o trato desigual no obedece a ningún fin o precepto constitucional que justifique dar un trato diferenciado a unos y otros aspirantes, máxime cuando el valor porcentual de dicha prueba (10%), es igual al asignado a la Valoración de Antecedentes (10%), por medio del cual se evalúan aspectos tan importantes como la formación académica y la experiencia relacionada con el empleo.

Finalmente, la medida no es constitucionalmente válida, ni cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en atención a que los aspectos que se evaluarían mediante la entrevista, en su totalidad se evaluarán y calificarán previamente mediante las otras pruebas e instrumentos, por disposición expresa del mismo acuerdo.

Los conocimientos, habilidades, actitudes, principios y valores organizacionales, relaciones interpersonales, entre otros aspectos referidos a la idoneidad para el desempeño del cargo previstos en el propósito de la entrevista (art. 44), son evaluados mediante el análisis de competencias básicas y funcionales, competencias comportamentales y valoración de antecedentes, en cumplimiento de los artículos 31 y 35 del mismo Acuerdo.

Es más, se resalta que en aquellos cargos para los cuales no se tiene previsto la práctica de entrevista, la misma es sustituida por las competencias comportamentales y la valoración de antecedentes, los cuales aumentan su valor porcentual, sin que ello implique que se dejarán de evaluar aspectos relativos al mérito de los aspirantes.

Artículo 2:Son fines esenciales del Estado: (…) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…)”.

Artículo 13:Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

Artículo 29:El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…)”.

Artículo 125:Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. (…) El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”.

Artículo 209:La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”.

Como puede evidenciarse, de la simple confrontación de las disposiciones que regulan la entrevista en el Acuerdo No. 524 de 2014 de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC frente a los artículos que regulan la igualdad, en su doble dimensión de principio y derecho fundamental, existe una clara violación de tales preceptos constitucionales.

CARÁCTER PRIORITARIO DE LA DECISIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES

Es imperioso que el Concejo de Estado se pronuncie prioritariamente sobre la presente medida cautelar, a efectos de evitar que se continúe adelantado las etapas del concurso de méritos regulado por el Acuerdo No. 524 de 2014 de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, cuyo cronograma se viene cumpliendo de manera extremadamente acelerada. A la fecha de presentación de esta demanda, el proceso de selección se encuentra en etapa de entrega de documentos para verificar requisitos mínimos, pero, debe evitarse que la administración continúe incurriendo en un desgaste administrativo y económico, el cual se irá agravando a medida que se avance en las diferentes etapas, a tal punto que, de llegarse a la expedición de listas de legibles, se configuraría o constituirían derechos adquiridos en cabeza de los primeros en orden de elegibilidad.

No sobra advertir, que la presente solicitud no se enmarca dentro de las medidas cautelares de urgencia previstas en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, ya que no puede alegarse que, por su urgencia “no es posible agotar el trámite” o el procedimiento previsto por el artículo 233 para la adopción ordinaria de las medidas cautelares.

  1. PRUEBAS
  • Copia del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, en veinticuatro (24) folios.
  1. CUANTÍA

Las pretensiones de la presente demanda de nulidad por inconstitucionalidad no son de contenido económico, por lo tanto, no tienen cuantía.

  1. NOTIFICACIONES

La entidad demanda, Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, recibirá notificaciones en Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, de Bogotá D.C., Colombia. PBX: 57 (1) 3259700, Fax: 3259713.

El suscrito las recibirá en la carrera 101 No. 82_49 int 4 apt 413 o en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

ALEJANDRO BADILLO RODRIGUEZ

C.C. No. 80.098.745 de Bogotá D.C.,

  1. Sentencias T-789/00, T-1577/00, C-973/01, C-739/02, C-741/03, C-838/03, C-576/04, C-911/04, T-253/05, C-399/07, C-862/08, C-934/13, entre otras.

  2. “Art. 231.- Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.”

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