Demanda de Simple nulidad Acuerdo No. 524 de 2014 de la CNSC

Bogotá, D.C., 29 septiembre de 2014 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Palacio de Justicia Calle 12 No. 7-65 Teléfono (571) 3506700 Ciudad ASUNTO. Demanda de Simple nulidad Acuerdo No. 524 de 2014 de la CNSC ALEJANDRO BADILLO RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.098.745 de Bogotá D.C., mayor de edad y residente de esta ciudad, ciudadano en ejercicio, en mi condición de Presidente y Representante Legal del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Inclusión Social -SINTRASOCIAL, de manera respetuosa acudo al MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, para solicitar que se declare la nulidad del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 – DPS”, teniendo en cuenta lo siguiente:
  1. COMPETENCIA
Le corresponde al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, conocer en única instancia, las demandas de nulidad presentadas en contra de los actos administrativos de carácter general expedidos por las autoridades del orden nacional, de conformidad con lo establecido por el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, es competente para conocer sobre la nulidad del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.
  1. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES.
Si bien, el medio de control de simple nulidad, en estricto sentido, no tiene por finalidad demandar una entidad en particular, sino simplemente salvaguardar el ordenamiento jurídico general. Las partes en cuestión, serían:
  • Demandante: ALEJANDRO BADILLO RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.098.745 de Bogotá D.C., mayor de edad y residente de esta ciudad, ciudadano en ejercicio, Presidente y Representante Legal del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Inclusión Social -SINTRASOCIAL.
  • Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público; y que por mandato del artículo 130 de la Constitución Política, es "responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial". Para efectos judiciales, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, y de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo No. 001 de 2004 de la CNSC, la representación judicial de dicha entidad la ejercerá su Presidente.
  1. PRETENSIONES
Mediante la presente demanda, se pretende que se declare la nulidad del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSCPor el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 – DPS”. A su vez se pretende que se declare la simple nulidad de la Oferta Pública de Carrea Administrativa- OPEC emitida por el Departamento para la prosperidad Social – DPS contenida en la resolución 1602 de 2014.
  1. HECHOS Y OMISIONES
PRIMERO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC adelantar la Convocatoria para lo provisión de los empleos que se encontraban en situación de vacancia definitiva y que pertenecen al Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal global. SEGUNDO. La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC realizó conjuntamente con los delegados del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la etapa de planeación de la convocatoria para adelantar el Concurso Abierto de Méritos, con el fin de proveer las vacantes definitivas de los empleos del Sistema General de Carrera Administrativa. TERCERO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), la cual fue presuntamente certificada por la Secretaría General de la Entidad, compuesta por 994 vacantes distribuidas en 37 tipos de empleo. CUARTO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social profirió la Resolución 1602 del 01 de julio de 2014 "Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, y Competencias Laborales de los diferentes empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y se dictan otras disposiciones”, como principal instrumento para definir las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos de la entidad, el cual, a su vez, es fundamental para la elaboración y suscripción de la convocatoria a concurso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005. QUINTO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no cumplió con el principio de publicidad de la Resolución 1602 del 01 de julio de 2014, materializado, como acto administrativo de carácter general, en el deber de publicación en el Diario Oficial, ni demostró la ocurrencia de una situación constitutiva de fuerza mayor que le impidiera llevar a cabo dicha actuación. Por ende, en consonancia con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, dicha resolución no es obligatoria, y no podía ser tenida en cuenta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la convocatoria a Concurso Abierto de Méritos, los empleos en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del DPS. SEXTO. La Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 12 de agosto de 2014, aprobó convocar a Concurso Abierto de Méritos, los empleos en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del DPS, con fundamento en el reporte de vacantes realizado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. SÉPTIMO. La Comisión Nacional del Servicio Civil profiere el Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 – DPS”, el cual fue publicado el 27 de agosto de 2014 en la página web www.cnsc.gov.co, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. OCTAVO. El artículo 4° del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, prevé en su numeral 4.4, relativo a la aplicación de pruebas, la realización de una entrevista. El parágrafo 1° del mismo artículo, precisa que “La entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes que superen la prueba sobre competencias básicas y funcionales y (sic) que hayan optado por los siguientes empleos: noventa (90) vacantes con denominación Profesional Especializado, Código 2028, Grados 21, 22, 23 y 24; trescientas veintiocho (328) vacantes con denominación Profesional Especializado y Profesional Universitario asociados a procesos misionales y (sic) diez (10) vacantes con denominación Profesional Especializado y Profesional Universitario asociados a la oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación”. A su vez, el artículo 44 ibídem, preceptúa que la entrevista “tiene como propósito analizar y valorar los conocimientos, habilidades y actitudes especificas relacionadas con el empleo a proveer y la coincidencia con los principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la visión y misión organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere ocupar el empleo, en atención a las condiciones socioeconómicas y medioambientales de los sitios de trabajo previstos para estos empleos”. NOVENO. El artículo 30° del Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, referente a las pruebas a aplicar y el carácter y ponderación de las mismas, señala que los instrumentos de selección tienen por finalidad “apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y (sic) establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades de un empleo”. Además, establece que “la valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad”. DECIMO. Revisada la resolución número 1602 del primero de julio de 2014, (acto administrativo que es el basamento del acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014) por la cual se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales de los empleos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se encuentran que muchos cargos siendo técnicos administrativos o profesionales, realizan las mismas funciones. Violentando así el derecho a la igualdad, pues aunque las funciones son iguales en los cargos, la remuneración es diferente así como las exigencias de experiencia, conocimientos y educación para ocupar los cargos, generando la administración con el acto administrativo una desigualdad de trato injustificada.
  1. FUNDAMENTO DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES
NORMAS VIOLADAS.
  1. El Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014 y la resolución número 1602 del primero de julio de 2014, violan las siguientes disposiciones:
CONSTITUCIONALES.
  • Preámbulo:EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo (…)”. (negrilla y subrayado para resaltar)
  • Artículo 2: “Son fines esenciales del Estado: (…) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…) y la vigencia de un orden justo”.
  • Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (…)”.(negrilla y subrayado para resaltar)
  • Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…)”.
  • Artículo 125:Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. (…) El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”.
  • Artículo 209:La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”.
  1. LEGALES
Tanto el Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 2014, como la Resolución 1602 del 01 de julio de 2014 vulneran las siguientes disposiciones jurídicas de rango legal:
  • ley 1437 de 2011 en su Artículo 8°. Deber de información al público.
Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos: 1. Las normas básicas que determinan su competencia. 2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan. 3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos. 5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate. 6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos. 7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo. 8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general. Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia del interesado” (Negrillas propias). La presente solicitud se eleva teniendo en cuenta que uno de los elementos esenciales del debido proceso es el principio de publicidad. Los artículos 209 y 228 de la C.P., lo reconocen también como uno de los fundamentos de la función administrativa. La jurisprudencia ha considerado que este principio no es una mera formalidad, ya que consiste en dar a conocer, a través de publicaciones, comunicaciones o notificaciones, las actuaciones judiciales y administrativas a toda la comunidad, como garantía de transparencia y participación ciudadana, así como a las partes y terceros interesados en un determinado proceso para garantizar sus derechos de contradicción y defensa, a excepción de los casos en los cuales la ley lo prohíba por tratarse de actos sometidos a reserva legal.
  • Ley 1006 de 2006, artículo 9 que consagra:
“Artículo 9o. para el ejercicio de empleos de carácter administrativo en las entidades del estado en cualquiera de los niveles territoriales, se incluirá la profesión de administrador público en los manuales de funciones de dichas entidades como una de las profesiones requeridas para el ejercido del cargo. Parágrafo. El departamento administrativo de la función pública y el colegio colombiano del administrador público vigilarán el cumplimiento del presente artículo”.
  • Ley 1409 de 2010, artículo 8 que consagra:
“ARTÍCULO 8o. Para el desempeño de un cargo público o privado que requiera el ejercicio de la archivística, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2o de la presente ley, se requiere presentar la tarjeta o matrícula profesional de archivista o el certificado de inscripción profesional según el caso, expedido por el Colegio Colombiano de Archivistas. PARÁGRAFO. Corresponderá a la Función Pública reglamentar las características y perfiles de los cargos de archivistas en las diferentes entidades del Estado y niveles de la administración pública” (Negrillas propias).
  • Decreto 4966 de 2011:Artículo 3°.
“Provisión de los cargos vacantes. Los cargos vacantes de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se proveerán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan”. CONCEPTO DE VIOLACIÓN AL ORDEN SUPERIOR Para plantear de manera clara e inequívoca el concepto de violación, a continuación expondré y demostraré cada uno de los cargos de la demanda en relación a las disposiciones acusadas, utilizando el siguiente itinerario; se hará mención de la omisión de la administración de publicar el acto administrativo la resolución No. 1602 de 2014, la violación al derecho a la igualdad constitucional generado tanto por el acuerdo 524 de 2014 y la resolución No. 1602 de 2014, por generar cargos de profesionales y técnicos exigiendo experiencia, nivel de educación y conocimiento en cargos que tiene idénticas funciones, la violación por parte del acuerdo 524 de 2014 al derecho a la igualdad al exigir entrevista solo para unos cargos, la vulneración al derecho de participación por parte del acuerdo 524 de 2014 por solo permitir el acceso de presentarse a un solo cargo, finalmente se hara mención a las omisiones de la administración en cuanto no cumplió con lo dispuesto en el ordenamiento vigente ( desconoció normas tales como; la ley 1437 de 2011, ley 1409 de 2011 y ley 1006 de 2006) :
  1. omisión de la administración de publicar el acto administrativo la resolución No. 1602 de 2014.
Colombia es un Estado Social de Derecho, inspirado en principios, valores y reglas de indeclinable observancia, entre estos el de un orden justo, la publicidad, la equidad, la igualdad, el interés general, los inherentes a las relacionales laborales, que se reputan como irrenunciables por su relevancia constitucional. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desconoció el principio de publicidad, toda vez que la Resolución 1602 del 01 de julio de 2014, acto administrativo de carácter general, no fue publicado en el diario oficial, faltando la entidad al deber de publicación, esta omisión, no solo desconoce el principio de publicidad, el cual es de rango constitucional, sino el debido proceso definido en el articulo 29 el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El Consejo de Estado ya se ha referido sobre la finalidad del principio de publicidad de los actos administrativos “El ordenamiento constitucional Colombiano repudia la idea de las actuaciones administrativas secretas u ocultas a los administrados, como así lo dio a entender el constituyente al haber consagrado en el artículo 209 Superior, como principio fundamental de la Función Administrativa, el de la publicidad, altamente necesario para que los asociados se enteren oportunamente de la forma como despliega su actividad la administración, y si así lo deciden, activen su derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (Art. 40 C.P.), interponiendo las acciones legales en su contra, para la defensa del ordenamiento jurídico. Todo ello, sin duda, contribuye a hacer más transparente el proceder de la administración”[1]. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al no publicar en la gaceta oficial la resolución 1602 del 01 de julio de 2014 desconoció el procedimiento o etapas establecidas para la expedición de los actos administrativos para que estos gocen de validez y eficacia ( el DPS no acato el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011) la no publicación de la resolución 1602 de 2014 conforme a lo señalado en la ley 1437 de 2011 genera que el acto demandado sea no valido e ineficaz por lo que debe ser declarado nulo. El consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en sección quinta, en sentencia de fecha 7 de marzo de 2011 dentro del expediente 110010328000201000006-00 consejera ponente MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN, desarrolla que los actos administrativos de contenido general deben ser publicitados como requisito de validez; “Debe la Sala hacer algunas disquisiciones sobre lo que se entiende por existencia, validez y eficacia de los actos administrativos. En cuanto a lo primero, los actos administrativos existen desde el mismo momento en que son expedidos por las respectivas autoridades, razón por la cual se trata de la constatación ontológica de su presencia en el mundo físico, con lo que bien puede afirmarse que es un elemento que surge coetáneamente con la expedición del acto. La eficacia, por su parte y según se dijo arriba, alude a la oponibilidad del acto administrativo, que se cumple siempre que haya sido satisfecho el requisito de la publicidad, en la medida que las actuaciones de la administración pública, en principio, no pueden ser reservadas u ocultas, ni los asociados compelidos a cumplir determinaciones que no les hayan sido dadas a conocer, ni sus intereses regidos por decisiones que se les hayan ocultado; se trata, además, de un elemento que es subsiguiente a la existencia del acto administrativo y por ello, en lo que respecta a ese acto, no puede afectar su validez. Y por último, la validez de los actos administrativos se determina por los mismos factores que subyacen en las causales de nulidad, como son el respeto a las normas que lo gobiernan, la expedición por parte de autoridad competente, la garantía del derecho de defensa y la existencia de una motivación real y jurídicamente aceptable, así como ejercer la autoridad con el propósito de satisfacer el interés general de la administración. Ahora, el requisito de la publicidad solamente puede catalogarse como presupuesto de eficacia frente al mismo acto, ya que en cuanto al acto administrativo de carácter particular que se expida con base en él, se erige en presupuesto de validez, en la medida que, por regla general, las decisiones administrativas deben ser puestas en conocimiento de los asociados, como parte integrante de las diferentes actuaciones administrativas. Por ello, la garantía del debido proceso, referida a la expedición regular de los actos de la administración, queda satisfecha si junto a los procedimientos legal y anteladamente previstos, se acata el importantísimo deber de hacer públicas las decisiones de carácter general que tengan incidencia directa en el acto particular con el que deba culminar esa actuación”. Por ende, en consonancia con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2909 de la constitución y el precedente judicial expuesto la resolución 1602 de 2014 no es obligatoria, y no podía ser tenida en cuenta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la convocatoria a Concurso Abierto de Méritos, los empleos en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del DPS. El Consejo de Estado establece que un acto administrativo al no ser publicado, es nulo de pleno derecho “En derecho administrativo las nulidades no se clasifican en absolutas y relativas, como sí ocurre en derecho privado, sino que sencillamente los actos administrativos son nulos o no lo son, lo que lleva a sostener que la institución del saneamiento de las nulidades no existe en esta especialidad del derecho, y como no existe, una vez configurada la respectiva causal, la nulidad no desaparece por la ulterior publicación de los actos, porque ella se juzga al momento en que se expide el acto, para lo cual es bueno recordar que la nulidad emerge por situaciones anteriores o concomitantes a su expedición, sin que lo que posteriormente ocurra pueda llevar a sanear vicios de ilegalidad incrustados en actos particulares expedidos con fundamento en actos generales frente a los cuales se omitió el requisito de la publicidad”[2]. De otro lado, el acto administrativo de carácter general, la resolución No. 1602 de 2014, adopta el manual especifico de funciones, por lo que el referido acto administrativo es un acto de regulación, definido por la ley 1437 de 2011.
  1. Violación al derecho a la igualdad constitucional
El derecho igualdad se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, el cual establece que todas las personas son iguales ante la ley por lo que recibirán el mismo trato y protección por parte de las instituciones estatales. De similar manera la Constitución establece que el Estado tiene el deber de garantizar las condiciones para que la igualdad sea real, esto es, como derecho efectivo y material. Es bien ius fundamental está ampliamente definida por la Corte Constitucional: “La igualdad es un derecho relacional que involucra usualmente, cargas, bienes o derechos constitucionales o legales. La identificación de las cargas o los beneficios que se reparten a través de las medidas que generan un trato diferenciado, es eventualmente relevante para definir el grado de intensidad con el cual habrá de realizarse el juicio de igualdad, pero de ninguna manera puede ser utilizada para desvirtuarlo[3]. La violación al derecho a la igualdad es generado tanto por el acuerdo 524 de 2014 y la resolución No. 1602 de 2014, pues los actos administrativos son expedidos desconociendo las dimensiones de la igualdad. Por una parte la resolución No. 1602 de 2014 al contemplar cargos de profesionales y técnicos con funciones idénticas, pero con exigencias para ocupar la plaza, es una clara arbitrariedad, pues desconoce el principio de trabajo igual, igual salario. Por otra parte el acuerdo 524 al utilizar el manual de funciones para proveer los cargos, genera una ostensible desigualdad, pues los participantes se someterán a pruebas según su profesión y experiencia, pero al final está en términos sustanciales no importar, ya que la provisión de cargos se hará para hacer funciones idénticas, esta situación vulnera una de las dos garantías fundamentales que comprende este derecho: La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley.” [4] El acuerdo 524 quebranta la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades pues somete a concurso con pruebas diferentes para proveer cargos que en ultimas tiene las mismas funciones, esta situación denota que los manuales quedaron mal hechos por parte del DPS y que la comisión nacional del servicio civil, a sabiendas que el basamento de la convocatoria son estos, decide expedir el acuerdo, contrario a la ley y la constitución además que genera un trato desigual a quienes decidan participar ya que no habrá grantia que reconozca sus saberes, estudios y experiencia, ya que de pasar se encontraran realizando funciones idénticas con técnicos, profesionales y profesionales especializados. Para soportar la actuación equivocada de la administración se expone como ejemplo tres manuales específicos de la Subdireccion de operaciones que se encuentran insertos en la resolución 1602 de 2014. El cargo técnico 12 con el código 3124, el cargo técnico 13 con el código 3124 y el cargo profesional universitario grado 9 con el código 2044( se anexan los manuales referidos), todos de la Subdireccion de operaciones tienen similares funciones, lo que contradice la exigencia de educación profesional o experiencia diferenciada. Por tanto El derecho a la igualdad tiene dos dimensiones; la igualdad en cuanto al trato de la convocatoria como tal, en relación con otras convocatorias que han sido sucedidas por no ajustarse al marco constitucional; y en cuanto al trato desfavorable para quienes no tienen las mismas calidades, por cuanto exige la convocatoria requisitos diferentes para cargos que desempeñan las mismas funciones. La Honorable Corte Constitucional, ejerciendo el control constitucional en abstracto, en sentencias de constitucionalidad, ha decantado de manera diáfana el concepto del orden justo (artículo 2 C.N) como uno de los soportes axiológicos de nuestro ordenamiento jurídico: “El orden justo plasmado por el Constituyente se traduce en la vigencia de los preceptos constitucionales, en el imperativo para el legislador y para las autoridades de actuar dentro de esos parámetros superiores; de expedir normas y actos que no contraríen la Carta Política, y en la exigencia para que los jueces, en el ejercicio de su función de administrar justicia, profieran sus decisiones con plena observancia de esos cánones constitucionales. Así mismo, dentro de un orden justo, se reclama el compromiso que deben asumir todas las personas de respetar los derechos de los demás, de no abusar de los propios y de cumplir con sus deberes y obligaciones constitucionales y legales[5]”. De igual forma ha sucedido, con la equidad (artículo 2 C.N) como vector obligatorio que debe tener cabida imperativa en toda actuación que involucra a la Administración, máxime en temas que involucran una facultad discrecional o que no se encuentra reglada en detalle, similar al tema sometido a consideración, del siguiente modo: “Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador, dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto. Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir como hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una injusticia. Estos elementos generales bastan para ilustrar la complejidad del tema…[6]” Quiere decir lo anterior que el demandado acuerdo de la CNSC y la resolución que contiene los manuales específicos expedida por el DPS, no puede imponer ni generar efectos, que resulten ajenos a la Constitución, gracias a la fijación de unos límites, aun cuando el mencionado acto administrativo, se soporte en una disposición legal, este es meramente aparente. Basta con demostrar que la manifestación unilateral de la Administración atenta o contravienen con algún tipo de derecho, para que deba ser sacado del ordenamiento jurídico. El acuerdo 524 del 13 de Agosto de 2014 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil: “Por el cual se convoca concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, convocatoria 320 del 214 - DPS”, y la Oferta Pública de Carrea Administrativa- OPEC emitida por EL Departamento para la prosperidad Social – DPS, demandados son ajenos a los principios y valores constitucionales vinculantes como el orden justo, el interés general, la equidad, la igualdad, y los relacionados en materia laboral[7].
  1. Violación al derecho a la igualdad constitucional al exigir para algunos cargos entrevista
Para determinar la violación al derecho de acceder a funciones y cargos público, es necesario destacar lo manifestado por el Consejo de Estado en auto del 30 de abril de 2014, proceso 11001-03-25-000- 2013-01524-00(391413, magistrado ponente Doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, quien argumentó que el acceso a los cargos públicos es un derecho constitucional fundamental y por tanto solo puede ser regulado, restringido o limitado a través de leyes estatutarias. “No queda entonces ningún asomo de duda en el sentido que la expresión objeto de acusación en este proceso comporta una limitante o restricción al derecho fundamental de rango constitucional de acceso a funciones y cargos públicos, que no podía ser introducida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo de convocatoria, pues con ello se arrogó competencias propias del Congreso de la República, vulnerando el principio de reserva de ley estatutaria y excediendo la potestad reglamentaria que le asignó el artículo 85 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia” Nótese entonces que las limitaciones al acceso a cargos públicos al tener una connotación constitucional, deben ser reguladas por el congreso, al crear el requisito de entrevista en el acuerdo 524, objeto de demanda, solo para algunos cargos, la comisión nacional del servicio civil no solo usurpo funciones del congreso, sino además no logra generar una justificación constitucional que permita fundar un trato diferente, con la imposición de una prueba más como lo es la entrevista para cargos más altos previstos en la convocatoria tales como los grados 21 22, 23 y 24. El acuerdo 524 de 2014, en el artículo 44 establece que la entrevista propende por evaluar conocimientos, habilidades y actitudes especificas con el cargo a proveer, además de evaluar si el postulante tiene los principios y valores organizacionales, así como la misión y visión de la entidad, si como revisar si el candidato tiene compromiso laboral. Sin embargo, los criterios sujetos de evaluación, ya han sido evaluados previamente en la prueba de conocimiento y comportamental, por lo que no se haya razón lo suficientemente valida para exigir una prueba adicional que evalué de nuevo, lo evaluado en la prueba escrita, máxime cuando la entrevista va dirigida únicamente a los cargos más altos, un claro trato desigual injustificado por parte de la administración. Por tanto debe declarar se nulo el acuerdo 524 de 2014 por ser contrario a la constitución del 91 articulo 13. Ya que si la administración dese hacer entrevista para asegurar la visión de la entidad y ratificar conocimientos, esta debe hacerse a todos los postulantes de los diferentes cargos, o no hacerla, pero no puede otorgar cargas adicionales para quienes prefieran optar por cargos más altos, como si la administración pretendiera transformar estos cargos como si fueran de confianza, primando mas la empatía que el merito.
  1. vulneración al derecho de participación por parte del acuerdo 524 de 2014
el acuerdo 524 de 2014 al solo permitir el acceso de presentarse a un solo cargo, violenta el derecho a la participación y al merito, ya que como se menciono anteriormente, que los manuales contenidos en la resolución 16902 de 2014 en las áreas de trabajo tiene gran similitud ( como ejemplo se citan los cargos técnico 12 con el código 3124, el técnico 13 con el código 3124 y el cargo profesional universitario grado 9 con el código 2044) en esa lógica el ciudadano debería contar con la posibilidad de poder acceder a varios cargos, ya que como se realizan funciones casi idénticas, el participante tendría la opción que con sus pruebas pueda acceder al cargo en el que mejor se haya desempeñado. Toda vez que el DPS, diseño manuales idénticos, sin importar que le acceso a los cargos fuesen profesionales, técnicos, con diferentes condiciones, el concurso debe garantizar que el ciudadano pueda escoger varias opciones para concursar.
  1. omisiones de la administración respecto del cumplimiento de las leyes 1437 de 2011, 1409 de 2011 y ley 1006 de 2006.
El DPS al expedir la resolución 1602 de 2014 acusado de nulidad, no tuvo en cuenta el articulo 8° numeral 8° de la ley 1437 que dispone que los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. Si bien el DPS puede adoptar autónomamente las decisiones administrativas, debió señalar plazos para la participación ciudadana y así evitar los yerros cometidos en los manuales de funciones, donde excluyeron profesiones, hicieron cargos a la medida de ciertos funcionarios y no diferenciaron funciones en grupos de trabajo por lo que tanto técnicos, profesionales y profesionales especializados hacen las mismas funciones. El DPS al no publicar la resolución 1602 de 2014 desconoció lo previsto en el artículo 65 de la ley 1437, generándose nulidad del acto administrativo demandado. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cometió omisiones de rango legal, al desconocer la ley 1006 de 2006 en los artículos 2°, 4° y 9°, al no contemplar en los manuales para proveer los cargos de la oficina de planeación y direcciones misionales profesionales en administración pública, sino solo ingenieros de distintas ramas (electrónicos, civiles, etc) a su vez y La Comisión Nacional del Servicio Civil desconoció la exigencia de la ley 1006 de 2006 en su artículo 9° “artículo 9o. para el ejercicio de empleos de carácter administrativo en las entidades del estado en cualquiera de los niveles territoriales, se incluirá la profesión de administrador público en los manuales de funciones de dichas entidades como una de las profesiones requeridas para el ejercido del cargo. parágrafo. el departamento administrativo de la función pública y el colegio colombiano del administrador público vigilarán el cumplimiento del presente artículo”. Esto denota una omisión ostensible y manifiesta tanto por parte del departamento para la prosperidad social al proferir los manuales sin incluir en la oficina de planeación y en las direcciones misionales como por parte de la La Comisión Nacional del Servicio Civil de vigilar el cumplimiento del artículo 9 de la ley 1006 de 2006. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cometió omisiones de rango legal, al desconocer la ley 1409 de 2010 en los artículos 3° articulo 53° parágrafo primero parágrafo segundo. Al no contemplar en los manuales para proveer los cargos de la de Subdireccion de operaciones la profesión de archivista. A su vez y La Comisión Nacional del Servicio Civil desconoció la exigencia de la ley 1409 de 2010 en su artículo 8° “ARTÍCULO 8o. Para el desempeño de un cargo público o privado que requiera el ejercicio de la archivística, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2o de la presente ley, se requiere presentar la tarjeta o matrícula profesional de archivista o el certificado de inscripción profesional según el caso, expedido por el Colegio Colombiano de Archivistas. PARÁGRAFO. Corresponderá a la Función Pública reglamentar las características y perfiles de los cargos de archivistas en las diferentes entidades del Estado y niveles de la administración pública”. Esto denota una omisión ostensible y manifiesta tanto por parte del Departamento para la Prosperidad Social al proferir los manuales sin incluir en la Subdireccion de operaciones como por parte de la La Comisión Nacional del Servicio Civil de vigilar el cumplimiento del artículo 8 de la ley 1409 de 2010. XI.-PRUEBAS Y SOLICITUD ESPECIAL Copia del acuerdo No. 524 del 13 de Agosto de 2014, se encuentra publicado en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil: www.cnsc.gov.co. Los manuales enviados por el DPS, para la elaboración del acuerdo están contenidos en la resolución número 1602 del 01 de julio de 2014. Sírvase honorables consejeros solicitarle al DPS la remisión de copia de la resolución con los manuales, adjuntos. Copia de los manuales de los cargos técnico 12 con el código 3124, el técnico 13 con el código 3124 y el cargo profesional universitario grado 9 con el código 2044 Solicito se realice inspección a la OPEC del DPS publicado en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil: www.cnsc.gov.co Copia de mi cédula de ciudadanía. Copia de actas de constitución del sindicato sintrasocial
  1. SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL
Hago respetuosamente esta solicitud en los términos de lo consagrado en el artículo 238 de la Constitución Política: “Artículo 238.- La Jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por motivos y con los requisitos que establece la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.” En concordancia con las disposiciones consagradas en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.” En el caso en particular, la confrontación de las normas se puede realizar de manera directa, comparando sus textos, por lo tanto, se solicita la suspensión provisional principalmente por que el Acuerdo No. 524 de 2014, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, viola las disposiciones invocadas en esta demanda, para lo cual se realizará la respectiva confrontación con las normas superiores invocadas: Caso en particular, la contravención de las normas se puede realizar de manera directa; En este caso se solicita la suspensión provisional por desconocer expresamente el Decreto 2772 de 2005 y darle una aplicación errónea a la Ley 1033 de 2006. A continuación se realizará el correspondiente cotejo del acto acusado con las normas invocada como fundamento de la nulidad.
Normas Constitucionales Infringidas Acuerdo No. 524 de 2014
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El trabajo, como uno de los principios en los que se funda la República de Colombia, debe ser amparado en el ordenamiento jurídico, situación esta que, puede verse vulnerada, teniendo en cuenta que este Acuerdo establece ciertas cargas negativas a los ciudadanos colombianos que impiden un acceso efectivo a este derecho constitucional.
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra el de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución. Es evidente que las disposiciones demandadas de este Acuerdo, vulneran los principios constitucionales a la igualdad y publicidad
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Este Acuerdo vulnera el derecho a la igualdad, al exigir a solo algunos entrevista, de hacer evaluaciones diferenciadas a profesionales y técnicos, cuando el manual de funciones reseña funciones idénticas.
ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El Acuerdo vulnera abiertamente el derecho al trabajo, pues el acuerdo 524 no da criterios objetivos para concursar a los ciudadanos
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Teniendo en cuenta que el Acuerdo exige que los aspirantes deben inscribirse a un solo cargo público, máxime cuando los manuales de funciones otorgan una cantidad de cargos profesionales y técnicos idénticos. Por lo que procedería la inscripción a varios cargos ofertados.
ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública La resolución 1602 violenta la participación pues como es una cto administrativo de regulación debió permitir la participación ciudadana, tal y como lo estipula la ley 1437 articulo 8
ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Teniendo en cuenta que los requisitos para el ingreso a los cargos de carrera del DPS fueron estipulados en el acuerdo 524 de 2014 donde enuncian la entrevista para algunos cargos, es claro que violentan la norma constitucional, pues el acuerdo asume la función del legislador al determinar requisitos diferentes a los que establece el ordenamiento vigente.
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. El presente Acuerdo, al vulnerar el derecho constitucional al mérito, la participación y la igualdad.
Normas Legales Vulneradas Acuerdo No. 524 de 2014 y resolución 1602 de 2014
Ley 1437 de 2011
La resolución 1602 de 2014 No fue construida como lo dispone la ley 1437 en su artículo 8 y no fue publicada en gaceta oficial como lo dispone la ley en su artículo 65. articulo 8° numeral 8° de la ley 1437 que dispone que los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. Articulo 65° publicidad actos administrativos
Ley 1006 de 2006
La resolución 1602 de 2014 no incluyo en los manuales de funciones de la oficina asesora de planeación, la profesión de administrador público, exigencia explicita en la ley 1006 de 2006. “Artículo 9o. para el ejercicio de empleos de carácter administrativo en las entidades del estado en cualquiera de los niveles territoriales, se incluirá la profesión de administrador público en los manuales de funciones de dichas entidades como una de las profesiones requeridas para el ejercido del cargo. Parágrafo. El departamento administrativo de la función pública y el colegio colombiano del administrador público vigilarán el cumplimiento del presente artículo”
Ley 1409 de 2010
La Comisión Nacional del Servicio Civil desconoció la exigencia de la ley 1409 de 2010 en su artículo 8° “ARTÍCULO 8o. Para el desempeño de un cargo público o privado que requiera el ejercicio de la archivística, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2o de la presente ley, se requiere presentar la tarjeta o matrícula profesional de archivista o el certificado de inscripción profesional según el caso, expedido por el Colegio Colombiano de Archivistas. PARÁGRAFO. Corresponderá a la Función Pública reglamentar las características y perfiles de los cargos de archivistas en las diferentes entidades del Estado y niveles de la administración pública”.
LAS OMISIONES LEGALES COMETIDAS POR EL DPS Y LA COMISION HACEN NECESARIO LA SUSPENSION PROVISIONAL PARA EVITAR UNA VULNERACION DE DERECHOS A LA IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS QUE TENIENDO ESTAS PROFESIONES QUIERAN PARTICIAPAR. XIII- NOTIFICACIONES Las partes demandadas El departamento administrativo para la prosperidad social en la calle 7 número 6 – 54 de Bogotá. La comisión nacional del servicio civil carrera 16 numero 96-64 piso 7 Bogotá. La parte Demandante En la secretaria del Consejo de Estado en calle 7 número 6 – 54 oficina 209 de Bogotá. Correo electrónico: sindicato.sintrasocial@gmail.com o Alejandro.badillo@dps.gov.co Atentamente. ALEJANDRO BADILLO RODRIGUEZ CC 80098745
  1. El consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en sección quinta, en sentencia de fecha 7 de marzo de 2011 dentro del expediente 110010328000201000006-00 consejera ponente MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN,
  2. consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en sección quinta, en sentencia de fecha 7 de marzo de 2011 dentro del expediente 110010328000201000006-00 consejera ponente MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN,
  3. C-836/2001 derecho a la igualdad-fundamental/ derecho a la igualdad-garantías fundamentales/actividad judicial-operancia de garantías fundamentales de la igualdad/actividad judicial-igualdad de trato/actividad judicial-igualdad en la interpretación y aplicación de la ley
  4. C-836/2001 derecho a la igualdad-fundamental/ derecho a la igualdad-garantías fundamentales/actividad judicial-operancia de garantías fundamentales de la igualdad/actividad judicial-igualdad de trato/actividad judicial-igualdad en la interpretación y aplicación de la ley
  5. Sentencia C-573 de 2003 M.P Jaime Córdoba Triviño.
  6. Sentencia SU-837 de 2002 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
  7. el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, tal como lo establece el artículo 25 constitucional. El mandato constitucional de brindar especial protección al trabajo implica dos tipos de responsabilidades para el Estado. Por un lado, el deber de promover las condiciones que permitan a todas las personas que lo requieran acceder a un trabajo para generar los ingresos necesarios y, por otro, velar porque el trabajo se desarrolle en condiciones de dignidad, particularmente cuando se realiza bajo subordinación y dependencia, dado que, en ese escenario, se presenta una contraposición de intereses, dentro de la cual el trabajador es el extremo más débil. Es respecto de la primera que en principio hay vulnerabilidad con el citado acuerdo, por cuanto limitar a una sola oportunidad a quienes quieren acceder a un cargo público es restringir sus oportunidades, estando en contra del deber del estado de procurar el acceso de sus ciudadanos al trabajo como elemento esencial de vida. Tal condición no es conforme los fines sociales del estado cuyo centro se encuentra en el acceso al trabajo. Además del desarrollo y realización personal que prodiga, el trabajo facilita a la persona el cumplimiento de su vocación profesional y es un insustituible medio de servicio a la comunidad. La libertad de escoger profesión u oficio es entendida como la libertad de decidir el campo de trabajo, limitar a una sola oportunidad la inscripción contraría este mandato constitucional; las persona que quiera acceder a un cargo público de carrera puede estar en las condiciones de cumplir más de perfil exigido, sin embargo limitarla a una sola inscripción y para una sola vacante implica que tales personas se vean restringidas en la escogencia de su trabajo.

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